Aunque se espera que el proyecto de ley sea aprobado el próximo año, el Gobierno se comprometió desde ya a la restitución a 130 mil familias.PARA REPARAR una deuda histórica con los campesinos será implementado un plan de choque para que el Estado devuelva 312 hectáreas productivas a 130 mil familias.
Así lo dispuso el presidente Juan Manuel Santos al presentar el plan del Gobierno Nacional para agilizar la devolución de tierras a las víctimas de la violencia.
El plan incluye restitución de derechos frente a despojo administrativo, formalización de la propiedad rural, facilitar entrega y recibo de predios en extinción de dominio y una acción especial para indígenas, afrocolombianos y comunidad de los Montes de María.
Al respecto, el Mandatario confía en que el próximo año sean aprobadas las iniciativas para reparar a las víctimas de la violencia, como los proyectos de Ley de Víctimas y Ley de Tierras.
Afirmó que, sin embargo, el Gobierno no va a esperar hasta que dichos proyectos sean aprobados, sino que ha empezado a hacerlo inmediatamente.
“Esperamos que estas iniciativas sean aprobadas el próximo año, pero quiero decirles que no vamos a esperar hasta ese momento para iniciar la devolución de tierras despojadas. ¡Ya le dimos la largada a eso! ¡El proceso de restitución de tierras empieza ya!”, afirmó durante su intervención en el Seminario Restitución de Tierras: un propósito nacional.
El Mandatario informó que para ello tienen estructurado y listo un plan de choque en una primera etapa que se cumplirá el próximo 31 de diciembre.
Explicó que este plan de choque tiene cinco componentes que son restablecer los restablecer derechos frente al despojo administrativo del que fueron objeto las tierras de los campesinos desplazados.
Inicialmente estos predios se entregaron a los campesinos, pero luego debieron abandonarlos por amenazas de grupos armados ilegales. De manera que sus terrenos fueron readjudicados a terceros de manera fraudulenta.
Al respecto, el Ministerio de Agricultura anunció la semana pasada que serán revocadas varias resoluciones del Incoder en áreas de Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Chocó, Tolima, Antioquia y Cesar. Este proceso será acompañado por organismos como la OEA y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia. El objetivo en este primer componente es devolver más de 6.000 hectáreas para 220 familias campesinas.
El segundo objetivo se refiere a la formalización de la propiedad rural y busca titular 2.631 predios baldíos en manos de las entidades territoriales y formalizar la propiedad de otras 592 parcelas que están en el Fondo Nacional Agrario.
En total se beneficiarán 3.223 familias con más de 21 mil hectáreas de tierra para trabajar.
El tercer componente consiste en un plan de acción en conjunto entre la Dirección Nacional de Estupefacientes y el Incoder que facilite la entrega y recibo de los predios rurales en extinción de dominio. La idea es que sean transferidos de forma definitiva al Incoder los predios con vocación agropecuaria, pesquera o forestal.
La meta de este componente es llegar, en una primera etapa, a disponer de unas 19.500 hectáreas para casi 1.300 familias.
El cuarto dispositivo del Plan se relaciona con las minorías colombianas. El propósito del Gobierno es constituir 23 resguardos indígenas y ampliar otros 21, además de otras acciones. Otra tarea es reconocer el derecho de las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en la Cuenca del Pacífico. Antes del 31 de diciembre próximo serán formalizados siete títulos colectivos para grupos en Chocó, Valle del Cauca y Bolívar.
La población beneficiaria de estas minorías étnicas da un total de 21.600 familias negras e indígenas, a lo largo de 252 mil hectáreas, en varias regiones del país.
Asimismo, expuso el presidente Juan Manuel Santos, el quinto componente se relaciona con los Montes de María, donde harán un programa que busca que esta región se convierta en una zona de reserva campesina modelo. El objetivo es beneficiar allí a más de 82 mil familias afectadas por la violencia.
Durante el Seminario de Restitución de Tierras, el Mandatario dijo que tantas veces como sea necesario asistirá a este tipo de eventos para defender e impulsar “ese compromiso del alma que tenemos: resarcir a los millones de colombianos que han sido expulsados de sus tierras y han padecido la violencia”.
“Este proyecto debe asumirse y entenderse como un propósito nacional, porque es una gran deuda moral y humanitaria que tenemos todos los colombianos con las víctimas. El desafío es reparar a esta población, que –para colmo de males– está hoy sumida en la pobreza”, concluyó el Presidente de la República.
Precisamente con la entrega de 100 títulos de propiedad a igual número de familias campesinas del departamento del Guaviare, el Gobierno empezó con su compromiso de entrega formal de tierras.
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