Próxima reforma tributaria debería recaudar $8 billones

Una propuesta de Fedesarrollo está dirigida a gravar más a las personas naturales adineradas y a las empresas.

LA ESCASEZ de recursos para tapar el enorme hueco fiscal del Gobierno y que llega a 4,1 por ciento del Producto Interno Bruto, hará indispensable que el entrante presidente impulse una nueva reforma tributaria que deberá recaudar 8 billones de pesos al año para así garantizar un equilibrio de las finanzas públicas.

Esta suma, según Fedesarrollo, representa 1,5 por ciento del PIB, pero con la condición de que el Gobierno reduzca el gasto en cerca del 1 por ciento del presupuesto total.

De acuerdo a un estudio del ex ministro de Hacienda, Guillermo Perry –actual analista de Fedesarrollo-, se propone que la reforma no tenga tan sólo un objetivo fiscalista, ya que el sistema tributario colombiano no cumple con ninguno de los criterios de eficiencia, equidad y progresividad.

El sistema tributario es ineficiente para recaudar porque, debido a su complejidad, hace incurrir en altos costos administrativos tanto al Estado como a los contribuyentes y porque los principales impuestos tienen muy baja productividad -medida como el recaudo por unidad de tarifa básica-, aun en comparación con otros países de América Latina.

Genera, además, otras ineficiencias que afectan negativamente al crecimiento económico. También grava en exceso la inversión empresarial y distorsiona enormemente la asignación de recursos entre actividades, ya que la inversión paga una tasa marginal promedio de 22 por ciento en unos sectores (llegando a ser cero en algunas empresas) y de 54 por ciento en otros.

Señala el análisis de Perry que los gravámenes al empleo formal promueven la informalidad y causan desempleo y el impuesto a las transacciones financieras induce desintermediación financiera y limita el acceso al crédito. De otra parte, el sistema es inequitativo, pues contribuyentes similares pagan tasas efectivas muy diferentes.

Privilegios

Según el estudio, el incumplimiento de los objetivos se debe en primer lugar a la proliferación de privilegios (exenciones, rentas exentas, deducciones y tasas preferenciales) en el impuesto a la renta de las empresas y las personas naturales, combinadas con una alta tasa nominal en el caso de las empresas.

En segundo lugar, a que el IVA cuenta con un excesivo número de tarifas y de bienes exceptuados y exentos, a tiempo que se grava la inversión en maquinaria y equipo al no permitir el descuento pleno del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital.

En tercer lugar la permanencia de gravámenes altamente distorsionantes que castigan el empleo formal (entre ellos los llamados parafiscales), la inversión de las empresas (impuesto a su patrimonio) y la intermediación financiera (impuesto a las transacciones financieras).

Ante esta situación, el ex ministro Perry y Fedesarrollo proponen una reforma estructural integral, que busca obtener un mayor recaudo para garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo y que pretende hacer más eficiente, equitativo y progresivo nuestro sistema tributario.

Señala Guillermo Perry que sobre todo en los impuestos directos se debe gravar más efectivamente la renta y el patrimonio de las personas naturales con capacidad de pago (incluidos los dueños de las empresas) y gravar menos la renta y el patrimonio de las empresas. Así se lograría simultáneamente un mayor efecto redistributivo y un impacto más favorable sobre el crecimiento.

En adición, para cumplir con el objetivo de la equidad, contribuyentes con características de ingresos similares deberían pagar lo mismo, lo que implica eliminar rentas exentas, deducciones especiales y tarifas preferenciales.

El estudio de Perry y Fedesarrollo indica, por otra parte, que en impuestos indirectos se deben eliminar o reducir los gravámenes que distorsionan el funcionamiento de otros mercados (los impuestos al empleo formal y a las transacciones financieras) y que el recaudo perdido debe compensarse mediante un IVA más simple y productivo y con una tasa media más alta.

Entre otras recomendaciones del ex ministro de Hacienda figuran que el impuesto a la renta de las empresas sea sustituido por uno a su utilidad contable, para limitar las posibilidades de manipulación contable por parte del Estado o de los contribuyentes, también que se adopte el sistema chileno, gravando los dividendos en cabeza de las personas hasta en un 30 por ciento, descontando el impuesto pagado a nivel de empresa, como ha sugerido recientemente el Consejo Privado de Competitividad y fortalecer el régimen de renta presuntiva mínima ante la evidencia de que un número alto de empresas cerradas e individuos con alto patrimonio, declaran año tras año utilidades o renta de menor valor al real.