La receta económica para el Gobierno será agridulce

Sin importar quién quede como el nuevo presidente de Colombia, el próximo Gobierno deberá enfrentar una complicada tarea para enderezar el rumbo de la economía. Temas como el ajuste de las finanzas para recortar el déficit, el alto desempleo, las exenciones tributarias y la implementación de una reforma tributaria que permita fortalecer el sistema de salud, estarán a la orden del día en el amplio menú de problemas que aquejan a los colombianos.

Sin embargo, como lo señala la analista del Bancolombia, Camila Quevedo Vega, “Colombia ya ha avanzado en el diseño de algunas estrategias para sanear el panorama fiscal. De hecho, con la promulgación de la Constitución de 1991 se estableció la existencia de un Plan Nacional de Desarrollo que define objetivos de mediano y largo plazo, así como también planes de inversión, prioridades de acción y restricciones cuantitativas al endeudamiento territorial”.

Estos son los principales problemas inmediatos que deberá enfrentar el nuevo Gobierno:

1) Atacar el déficit fiscal
A pesar de esta consciencia de una reforma tributaria, aún faltan compromisos explícitos para adoptar una meta puntual de superávit primario estructural para el Gobierno Nacional Central (GNC) durante los próximos años y garantizar con ello una trayectoria sostenible de la deuda pública. Se debe reconocer que existe consenso sobre la necesidad de llevar a cabo reformas tributarias estructurales. Pero se debe profundizar en las propuestas no sólo por los beneficios que se derivarían en términos de saneamiento de las finanzas públicas, sino también en materia de empleo y acceso al sistema financiero. No hay que olvidar que las reformas al mercado laboral no deben dejar de lado aspectos tan críticos como el hecho de que Colombia tiene una de las cargas sobre la nómina (como porcentaje de las utilidades) más altas de toda la región.

2) Reducción del impuesto de renta
Este ha sido un aspecto recurrente en todo tipo de propuestas electoreras. Incluso, en algunos casos se plantea la posibilidad de reducir la tarifa hasta un 25%. Sin embargo, hay que reconocer que más allá del nivel de la tarifa, el sistema tributario colombiano tiene una gran cantidad de distorsiones que han sido introducidas de forma discrecional. De hecho, en años anteriores, la Comisión Independiente del Gasto Público había mencionado que el costo fiscal por concepto de deducciones y exenciones había llegado a representar aproximadamente el 1% del PIB. El problema tributario en Colombia es de base gravable, por lo que las medidas para simplificar el actual Estatuto Tributario son bienvenidas. Aumentar la base del IVA y unificar el régimen de tarifas permitiría elevar el recaudo. Aunque hay que reconocer que en Colombia la evasión ha venido presentando un comportamiento descendente en los últimos años, al pasar de 36,6% en 2000 a 22,4% en 2008, es necesario tener en mente que cada punto de evasión termina costando cerca de $368 mil millones anuales y, según dice la DIAN, si el país lograra reducir su tasa de evasión a los estándares de América Latina (10%), se recuperarían cerca de $4,6 billones anuales.

3) Manejo de recursos minero-energéticos
Hay que tener cuidado con el impacto fiscal que podría tener el boom minero-energético. Las sugerencias sobre la creación de fondos de estabilización o sustentabilidad de los recursos mineros que permitan ahorrar los recursos provenientes del auge en estas actividades, son positivas. El hecho de ahorrar estos recursos en el exterior, e incluso realizar prepagos de la deuda, serán iniciativas que deberá contemplar el nuevo Gobierno. Sin duda, el tema del boom petrolero también implica una reforma al régimen de las regalías, tema que si bien no ha sido tratado en la mayoría de las campañas, tiene un lugar importante en la discusión. Esto permitiría llevar a cabo no sólo estrategias de promoción de desarrollo regional, sino también ordenar el manejo de los recursos a nivel territorial.

4) Eliminar impuestos como el 4 por mil
El impuesto del cuatro por mil o el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), ha sido cuestionado por todos los sectores, e incluso las entidades financieras son partidarias de eliminarlo para profundizar la bancarización en el país. Este impuesto se creó como una medida temporal y terminó siendo de carácter permanente. Este es uno de los puntos en los que sin importar la orientación política, los candidatos coinciden en que genera grandes distorsiones en la profundización del sistema financiero, y por ende, debería estudiarse su eliminación. Es importante mencionar que impuestos como éste han elevado no sólo la preferencia por efectivo de los hogares, sino también han limitado el acceso de la población al sistema financiero, por lo que pensar en su eliminación es un paso que debería darse hacia delante con el fin de garantizar un incremento en los niveles de bancarización. Pero a pesar de lo nociva que puede ser su permanencia, es importante destacar que poco o nada se ha dicho de las fuentes de recursos con los que el gobierno sustituiría este rubro que representa en la actualidad cerca del 0,6% del PIB.

5) La venta de las electrificadoras
Es otra de las iniciativas con las que se pretende reducir la deuda pública. Sin embargo, el próximo presidente debe impulsar un debate profundo en cuanto al rol que debe cumplir la Nación con respecto a la administración y manejo de negocios, que aunque aún son rentables, a partir de 1994 (con las Leyes 142 y 143) no hacen parte de un mandato constitucional específico. Desde entonces, se dio vía libre a la participación privada para mejorar la sostenibilidad financiera del sector, incrementar la calidad del servicio y asegurar el abastecimiento. La discusión debe girar en torno a la utilización de los recursos derivados de este tipo de operaciones, pues es distinto si estos son destinados a financiar el gasto corriente de la Nación de si se emplean para la promoción de proyectos de infraestructura.

6) Otras medidas
Otras iniciativas que deberá contemplar el próximo Gobierno, es elevar la eficiencia y equidad del ICA, aumentar el recaudo y la autonomía de los impuestos territoriales, efectuar sanciones ejemplarizantes, controlar la evasión y el contrabando, así como implementar subsidios a familias de bajos recursos como mecanismo de compensación del IVA que pagan y eliminar el IVA para los productos de la cadena alimentaria. También se deben contemplar las propuestas para una revisión del sistema de parafiscales que opera en la actualidad y se apela a la introducción de incentivos tributarios a la generación de empleo. No obstante, la eliminación de las exenciones al capital podría ser incluso mucho más efectiva que la creación de beneficios tributarios temporales para la generación de empleo.