La iniciativa quedó lista para ser discutida el próximo miércoles por las plenarias de Cámara y Senado.EN UNA reunión celebrada con los ponentes de la reforma tributaria que actualmente se discute en el Congreso, el Gobierno decidió no atender las propuestas para modificar la iniciativa, que deberá ser aprobada el próximo miércoles en las plenarias de Cámara y Senado.
El representante del Partido Liberal y ponente del proyecto de reforma, Gilberto Rondón, sostuvo que en el encuentro celebrado con el ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, “el Gobierno propuso no atender las propuestas para modificar el articulado principal, debido a que ya no existe el tiempo para discutir cada una de las modificaciones y llevar a las plenarias de las dos cámaras el conjunto de iniciativas fundamentales”.
El parlamentario sostuvo que como vocero del Partido Liberal, había propuesto al Gobierno disponer de por lo menos el 30 por ciento de los recursos que se obtuvieran con la reforma, para utilizarlo en seguridad urbana.
“Para nadie es un secreto que la política de seguridad democrática ha mejorado mucho las condiciones de las zonas rurales, pero en las áreas urbanas la situación de orden público se ha complicado mucho, como es el caso de ciudades como Bogotá y Medellín. De allí la importancia para mi bancada de incluir esa propuesta en la reforma tributaria, cosa que no fue posible”, sostuvo Rondón.
Sin embargo, el congresista apuntó que aunque no es posible que esa medida tenga un destino específico por que la ley lo impide, sí puede recibir el aval del Gobierno mediante un acuerdo con los partidos políticos, y así se podrían utilizar partidas importantes de los recaudos para mejorar la seguridad en las ciudades.
Asimismo, el representante liberal manifestó que en la reunión con el equipo económico del Gobierno se definió que los tres puntos principales del proyecto de reforma quedarían tal como salieron de las respectivas comisiones terceras, encargadas de debatir los temas económicos.
En este orden de ideas, el impuesto al patrimonio o de guerra podría dejarle al Gobierno por lo menos dos billones trescientos mil millones de pesos, y se aplicaría así: las personas naturales o jurídicas con capitales superiores a los 3.000 millones de pesos y hasta los 5.000 millones pagarían el 0,6 por ciento; y los patrimonios superiores a los 5.000 millones de pesos cancelarían el 1,2 por ciento al fisco.
Según cálculos del Gobierno, este impuesto lo pagarán cerca de 13.000 grandes contribuyentes, desde el primero de enero del año 2011 hasta el 31 de diciembre del año 2014.
Así mismo el proyecto, que deberá ser aprobado el próximo miércoles de no surgir ningún contratiempo, establece la reducción del 40 al 30 por ciento de la deducción en el impuesto de renta por la compra de activos fijos reales productivos.
También se prohibió, en el caso de las zonas francas, la concurrencia de los dos beneficios tributarios, la deducción por la compra de activos fijos y la tarifa de renta del 15 por ciento.
Con relación al tema de los acuerdos de estabilidad jurídica, el ministro de Hacienda fue enfático en señalar que el Gobierno considera que se deben respetar las normas establecidas por la Ley 963, pues de lo contrario se entregaría un mal mensaje a la comunidad inversionista.
Los nuevos contratos de estabilidad no podrán exonerar a las empresas que los suscriban, de la posibilidad de pagar impuestos transitorios, como el patrimonial, señaló el Gobierno. Para los vigentes se aplicará la exención.
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