
Luego del fracaso de la mesa de concertación laboral, el Gobierno determinará por decreto el nuevo salario mínimo para el 2010. Ayer los voceros de los gremios de la producción y los de las centrales obreras dieron terminado el proceso de negociación. Mientras los trabajadores pedían un incremento de 8 por ciento, los empresarios ofrecían 3,2%. Al finalizar la reunión, expidieron un comunicado conjunto donde expresan sus puntos de vista.
En el mismo, los representantes de las Centrales sindicales y de los Gremios económicos manifiestan que han adelantado desde septiembre de 2009 reuniones para buscar un acuerdo respecto al salario mínimo que debe regir en el 2010, y otros temas sociales.
Las dos partes aseguran que dichas reuniones se han caracterizado por el mejor ánimo de concertación de las partes y por el intercambio fluido de información para definir aspectos en la política laboral en los próximos años en la Comisión.
Tanto los trabajadores como los empresarios destacan que la reducción de la inflación a los niveles actuales, es un logro para la sociedad colombiana en su conjunto. Por ello, “debemos orientar nuestras decisiones a la sostenibilidad del ingreso real de los trabajadores. Centrales y Gremios haremos difusión en nuestros sectores de la importancia de preservar el bajo nivel de la inflación”.
Arguyen que para la sostenibilidad de la inflación los bienes regulados deben estar en el corredor determinado por el Banco de la República, de suerte que se logre la meta del Índice de Precios al Consumidor trazada para el futuro.
Señalan que la informalidad laboral es un mal que “debemos superar y para ello estudiaremos mecanismos para solucionarla. Nos proponemos, en el marco del Acuerdo Tripartito por el derecho de Asociación y la Democracia, el cual refrendamos en todas sus partes, estudiar desde la primera reunión del 2010 de la Comisión de Concertación, entre otros, los siguientes temas:
Propuestas de nuevas políticas para lograr el descenso acelerado del desempleo; análisis de los diferentes mecanismos de contratación laboral y las exigencias actuales del país frente a la competitividad de nuestros productos y servicios.
Además, hacer más efectiva la Administración e Inspección del trabajo a cargo del Estado para, entre otras cosas, implementar mecanismos adicionales para garantizar el cumplimiento del pago del salario mínimo.
Asimismo, difundir el derecho de asociación de trabajadores y empleadores como parte esencial de la democracia, analizar y proponer medidas en aspectos que afectan a los pensionados, y sugerir ajustes en la coyuntura crítica que tiene la salud para brindar una efectiva protección social.
De otro lado señalan las dos partes que “las medidas adoptadas por el Gobierno de Venezuela para restringir el intercambio comercial con Colombia, son inconvenientes y producen graves afectaciones al empleo de ambos países. Hacemos un llamado para el establecimiento de líneas de entendimiento para que se restablezca la armonía entre los dos países”.
En la misma carta, los empleadores y trabajadores manifiestan que “expresamos que la política se ejerce en una democracia de manera desarmada y por ello, condenamos toda forma de violencia provenga de dónde proviniere, porque ésta es ilegal. En consecuencia, rechazamos todo acto o manifestación que busque acercar a movimientos políticos con grupos armados irregulares”.
Sostienen los representantes de la mesa de concertación que “le solicitamos al Gobierno que tome en consideración los diferentes argumentos que ambos sectores presentamos en la Mesa de Concertación, a fin de que haya equilibrio entre el aumento salarial, la preservación y estímulo a la creación de puestos de trabajo y la reactivación de la demanda”.
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