Gabelas tributarias golpean competitividad de economía

Las exenciones y contratos de estabilidad no solo afectan la equidad sino que sirven para aumentar la corrupción y con ello la evasión de impuestos.

Los alivios tributarios y exenciones que el Gobierno ha promovido con la intención de incrementar la inversión en el país, no han servido para mejorar la situación de las finanzas, sino por el contrario se han convertido en elemento para aumentar la corrupción y la evasión de impuestos, y con ello golpear la competitividad de la economía. Así lo creen distintos analistas, que incluso señalan que en la reforma tributaria que ya empezó a discutir el Congreso, el Ejecutivo se vio obligado a suspender las gabelas a las zonas francas y suspender los contratos de estabilidad jurídica.

Algunos especialistas –entre ellos varios expertos de Asobancaria-, consideran que la estructura tributaria colombiana es compleja y difícil de administrar, ineficiente y deteriora la confianza internacional de la economía. En su opinión, las gabelas minan las bases de los impuestos y obligan a mantener altas las tasas de interés. Estas, a su vez, estimulan la evasión, disminuyendo la productividad de los tributos.

“Desde este punto de vista, las exenciones tributarias generan sesgos en la asignación de los recursos y lesionan la equidad. Además, la manera de financiar las pensiones, la salud y una parte del gasto social, ocasiona unos costos laborales no salariales considerables. Estos encarecen excesivamente el trabajo formal y, por tanto, originan informalidad, segmentando el mercado laboral. Adicionalmente, algunos impuestos –como el gravamen a lo movimientos financieros- son distorsionantes”, señalan los consultores del sector financiero.

En consecuencia, algunos investigadores han propuesto una reforma tributaria estructural, que en su opinión debe encaminarse a extender las bases, a reducir las tasas, a eliminar los impuestos deformantes como el cuatro por mil, las exenciones y los sesgos, a reducir la dispersión de las tarifas y a promover la competitividad. Estos especialistas en temas tributarios, como el consultor Gerardo Rojas, han recomendado parar el otorgamiento discrecional de exenciones, que mina la base de los impuestos.

El cuatro por mil

Tal vez uno de los impuestos que más rechazan, es el cuatro por mil a las transacciones financieras, que encarece el servicio de intermediación para los usuarios, generando una mayor preferencia por dinero en efectivo. De esta forma, constituye un impedimento serio para extender la bancarización y profundizar el sistema financiero, impidiendo una intermediación eficiente del ahorro que estimule de mejor manera el crecimiento y el desarrollo económico.

Rojas ha ido más allá y ha aconsejado frenar la suscripción de contratos de estabilidad tributaria, no porque no sea deseable garantizar a las firmas certidumbre en materia de impuestos, sino porque la mejor manera de conseguirlo -sin generar distorsiones ni privilegios que lesionan la equidad- es definiendo una estructura tributaria eficiente.

Señala que “esta debe proveer de una manera transparente suficientes ingresos para mantener el balance fiscal en una magnitud apropiada en cada etapa del ciclo, de manera que preserve permanentemente la confianza en la solvencia del sector público”.

Aunque es técnicamente deseable acometer una reforma tributaria en estos términos, no es políticamente oportuno llevarla a cabo ahora, ni resulta conveniente por la incertidumbre sobre la recuperación, por los riesgos que enfrenta y por el consenso creciente sobre su fragilidad y lentitud.

El escenario base del Gobierno, por ejemplo, asume que la economía comenzará perezosamente el retorno a su tendencia de crecimiento de largo plazo a partir de 2015. En tales circunstancias, no resulta deseable eliminar fuentes de ingreso fiscal –como los costos laborales no salariales– cuando los recaudos, como efecto de la menor actividad, se estancan.

Eso, por supuesto, deteriora el balance fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública, aumentando en consecuencia el riesgo soberano. Tampoco resulta eficaz incrementar las tasas de los impuestos generales, para sustituir los recursos provistos por las fuentes eventualmente eliminadas, ni establecer nuevos tributos, así sea temporales, porque o bien reducen el ingreso disponible o pueden originar un efecto riqueza negativo. En ambos casos, el gasto privado resulta desestimulado.