En vísperas de un latrocinio

A fin de evitar que me apedreen debido a una mala interpretación, diré con Roque Barcia en la mano: “El robo despoja a mano airada: arrebata. El hurto despoja sin que lo advierta el despojado. El latrocinio se apropia lo ajeno, escudado tras el respeto de la autoridad. El robo consiste en la violencia. El hurto, en hacerlo a hurtadillas, de un modo furtivo. El latrocinio, en la injusticia, en un abuso del poder. El hurto fía en sus mañas. El robo va a presidio. El latrocinio suele tener coche”.

Desde el año anterior el gobierno nacional viene hablando cada vez con mayor desparpajo acerca de la necesidad de obtener nuevos recursos para la Nación a partir del año 2010, dado el tamaño del gigantesco hueco fiscal que habrá de registrarse, sin que se hable de sus autores. En honor a la verdad los funcionarios que manejan la hacienda se limitan a reconocer de manera simple las diferencias entre los ingresos por tributación y los gastos, para aplicarse entonces a un nuevo y escabroso proceso legislativo, que como el que acaba de finalizar, debe culminar con la negociación de una nueva reforma tributaria así se entre en contradicción con los ofrecimientos que sobre el particular hubiera formulado hasta hace solo unos días el propio Presidente de la República. Alguien pronunciará el refrán: no somos ríos para no devolvernos.

En un acto de coadministración imposible, pero que al parecer si alcanzó a producir sus resultados, un banquero irrumpió pidiendo la posibilidad de aligerar los tributos que recaen sobre su inmensa riqueza, aspirando a que la pesada carga fiscal en lo sucesivo sea compartida por todos los pobres de Colombia con el argumento según el cual, la seguridad democrática como a todos interesa y a todos afecta, todos debemos financiarla. Creemos que ni el banquero ni los funcionarios del gobierno, quienes según lo han expresado se reunirán en el transcurso de los próximos días con grupos de empresarios para conseguir su ablandamiento, antes de dar palos de ciego en pro de un latrocinio, bien vale la pena intentar encontrar algunas de las causas por las cuales se producirá el desbalance de las finanzas públicas y buscar los remedios que en verdad curen de manera definitiva el desbordamiento del gasto público el cual es entre nosotros un mal endémico.

Antes de pensar en aumentar el tamaño de las exacciones o de crear otras nuevas, bien valdría la pena que alguien adelantara un juicioso análisis de la enorme cantidad de recursos sobre los cuales se halla sentado el Estado colombiano, a la manera de un mendigo avaro que terminará por consumirse en medio de su inmensa riqueza. Lo natural y lo obvio sería que la Cámara de Representantes volviera por sus orígenes históricos y empezara así a rescatar algo de su buen nombre perdido.

Sostiene el Contralor General de la Nación, con la autoridad que le confieren las prolongadas visitas que realiza a las instalaciones de todas las dependencias públicas, que las irregularidades identificadas por su despacho y relacionadas con el manejo de los excedentes de las regalías ascienden a la bicoca de $341.000 millones. Resulta increíble que el funcionario de mayor jerarquía en la estructura del Estado, elegido para el cargo por quienes el día de mañana tendrán que decidir sobre nuevos recursos para la Nación, permanezca como alelado con los hallazgos y no se comprometa con el país a mostrar a través de los medios a los responsables sujetados con cadenas y grilletes. De qué sirve exhibir el botín si nada les acontece a los comprometidos cuya identificación no es difícil.

De otra parte, el Contador General en la página web en la cual da cuenta de las actividades de su despacho, sostiene que “en los últimos años la cartera morosa del Estado asciende a $18.5 billones de pesos por concepto de impuestos y otros tributos. Según los datos consolidados por la Contaduría General de la Nación, en solo veinte (20) entidades se concentra el 90.64% de éstas acreencias, teniendo en cuenta que se clasifica como cartera morosa la cartera con antigüedad mayor a seis meses y una cuantía superior a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes.” Cualquier persona familiarizada con el manejo de una cartera, sabe que una concentración de semejante tamaño en tan pocos deudores constituye un enorme riesgo el cual compromete y afecta la gestión responsable de una entidad pública o privada y que en ésta última, tal desgreño bien puede constituir justa causa para la expulsión del funcionario de la empresa. Resulta imposible de imaginar siquiera que al Ministro de Hacienda no se le hubiera ocurrido enderezar semejante situación y en cambio prefiera emprender una reforma tributaria persiguiendo sustituir los ingresos que ya se han causado para el país pero que han sido pésimamente administrados. ¿Será que una reforma tributaria se puede conseguir sin hacer concesiones a quienes la aprueban?

Resulta indispensable volver a hablar, pero esta vez sí en serio, de las casi cincuenta zonas francas que les ha autorizado el gobierno a algunos riquitos expertos en trámites y manejo de papeles, quienes solo pagan impuesto sobre la renta del 15% mientras las restantes empresas pagan el 33%, “creadas” en momentos en los cuales nuestro comercio exterior se ha deprimido como nunca y que más parecen una versión de propia de las islas caimán o cualquier otro paraíso fiscal.

En aras de la decencia para con las generaciones futuras, de una vez por todas el país tiene que ponerle freno a la mano rota de alcaldes y gobernadores, quienes so pretexto de una autonomía que legitima toda suerte de desmanes, abusos y despilfarros, no solo está acabando con los recursos públicos sino con el ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de los colombianos.

Finalmente alguien tiene la obligación de darle una mirada, pero que produzca consecuencias legales, a ese esperpento denominado Dirección de Defensa Judicial de la Nación en donde hay pleitos pendientes por suma aproximada a los 120 billones de pesos, sin que semejante cifra tenga relación con los listados de los responsables del daño a la Nación y sin que tampoco el país vea sus caras. Allí el país se ha conformado con saber que existe una lista invisible de litigios, sin preocuparse cuánto le cuesta su solución.