Los tributos imposibles

Se cuenta en algunos anecdotarios que durante la primera mitad del siglo pasado, la bulla producida por las peticiones de los empresarios al gobierno, era de tal naturaleza y tan grande su estridencia que no obstante encontrarse por segunda vez ocupando la Presidencia de la República el doctor López Pumarejo, atormentado con ello y para aligerarse de las cargas propias del oficio, decidió pedirles a los empresarios que se organizaran y que a continuación, procedieran a designar a un vocero que los representara y con el cual él pudiera dialogar, discutir o fijar los términos de sus desacuerdos, iniciativa que dio origen a la Asociación Nacional de Industriales. El Presidente López consideraba útil para lograr la gobernabilidad en su segundo periodo, poder tener como interlocutor en el sector empresarial a un líder el cual, reunidas algunas condiciones especiales en su personalidad, además tuviera la capacidad para domeñar a su clientela, bien por las zanahorias conseguidas con el gobierno así como por las cajas destempladas que el interés general y las conveniencias nacionales impusieran. López el Viejo intentaba trazarle unas rayas infranqueables a las presiones indebidas, al lobby irracional y a la intromisión ilegítima de los particulares en los asuntos del Estado. De pronto por andar en éstas no se percató de lo que acontecía con su primogénito y aquí apareció otro problema que tendería hoy a hacer metástasis.

El modelo creado funcionó muy bien tanto para los gobiernos que sucedieron al de López como para el sector empresarial, durante un lapso de casi cincuenta años al final de los cuales, el país vio descuadernar su Carta, complicar su situación política y social, lo cual paralizó la atención empresarial permitiendo además, el advenimiento de algunos pesos ligeros, dominados por el “síndrome de las vedettes” quienes se apoderaron de la vocería gremial. Estos extraviaron la brújula y perdieron el norte de los intereses que dicen representar. Una prueba es su estólida presencia ante la delicada controversia que vive el país, respecto de la cual el gobierno debe adoptar decisiones rápidas que le permitan recomponer y sanear las finanzas públicas. Y donde antes muchos aportaron inspiración creadora, hoy solo se perciben oscuridad y de confusión.

La posibilidad que ha consagrado nuestra tradición política consistente en que los empresarios aporten dineros para la financiación de las campañas, en especial la que permite la escogencia del gobernante, no fue considerada como el pago anticipado de un inmoral derecho a cogobernar. Desde luego que hasta en este campo el país está haciendo agua. No hace muchos años un novel candidato a la presidencia tuvo que abordar un jet privado con destino a las riveras del río Hudson, para dejarse conocer de un poderoso patrocinador y poder asegurar así una cuantiosa financiación para su campaña y su resonancia en algunos medios. No obstante que este último caso ya refleja un deterioro de las zonas infranqueables por parte de particulares, no se tienen recuerdos acerca de la exigencia de mayores contraprestaciones.

A fin de mantener una conveniente distancia entre empresarios y gobernantes, aquellos han optado por expresarse a través de los gremios que financian y manipulan, no solo porque se despersonalizan las pretensiones sino que el tamiz de expertos por donde suelen pasar, puede darles una mayor consistencia y racionalidad. Por ello resulta inexplicable que un importante empresario que paga cuotas de afiliación por sus empresas en no menos de cinco gremios, hubiera preferido salir a la palestra hace unos días para proponer trasladarle a hasta a los enclenques trabajadores de salario mínimo, la pesada carga que soportan sus hombros y que bajo el nombre de impuesto de guerra le ha permitido al país atender a los costos de recuperar la paz. Cree el banquero que involucrando a los del salario mínimo en el pago del impuesto, el tamaño de su obligación actual disminuirá.

No cabe la menor duda acerca de que el Presidente del Grupo Aval está dándole una zurra al gobierno y al Congreso, pues al considerar la posibilidad de la extensión del impuesto a todos los miembros de la comunidad nacional, uno y otro habrían probado su ineptitud respecto del mandato constitucional que nos obliga a todos a contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado, dentro de conceptos de justicia y equidad, tal como lo sostiene la Constitución en el artículo 95. Si no es esto lo que pretendió decir el empresario, entonces solo cabria la posibilidad de pensar que sus inquietudes ignoran los principios de equidad y justicia que la Carta ha establecido como fundamento de nuestros impuestos, caso en el cual debería intentar alguna acción de inconstitucionalidad del tributo que lo atormenta y que fue creado justamente para colocarlo en cabeza de quienes más tienen, como desarrollo del principio de justicia distributiva que también ilumina nuestro sistema tributario.

Alguien que posa de ser más inteligente que el banquero propone la eliminación del impuesto de guerra para sustituirlo por un aumento en el monto del IVA, ante lo cual el gremialista de los comerciantes intenta defender su territorio mediante la poco creíble defensa que realiza en favor de quienes devengan salario mínimo y quienes no podrían asumir el pago de semejante tributo. Las que suenan como propuestas más racionales son aquellas que se orientan a buscar un examen a fondo de las concesiones o gabelas tributarias que se han realizado a favor de algunos sectores, (entre otras a las cuarenta y tantas zonas francas), las cuales en su conjunto superarían en varios billones el producido de las últimas reformas tributarias hechas en el país. El tesoro del impuesto de guerra no tiene límites ni mayores condiciones para su utilización y esto no pareciera preocupar a los ilustrados hacendistas del momento.

No obstante queda el consuelo de que nadie discute la necesidad de arbitrar mayores recursos con destino a financiar la guerra, pues entre sentencias de la justicia ordinaria sobre las operaciones militares, las pretensiones de las ONG, los llamados falsos positivos y las incesantes acciones bárbaras de los terroristas, el conflicto armado da muestras de buscar prologarse en el tiempo y de continuar permeando aquellos estamentos que hasta no hace mucho eran la garantía de la supervivencia de nuestro sistema democrático.