La política laboral Uribista

El pasado 17 de abril “El Tiempo” publicó una noticia reveladora de la naturaleza de la gran transformación laboral ocurrida en Colombia. Ésta además fue ilustrada con la fotografía de una madre con su hijo sonriendo. ¿Se había ganado la lotería? NO. Ella sólo había logrado que su empleo fuera a término indefinido en la principal cadena comercial del país. La noticia por supuesto ameritaba gran celebración, pues la probabilidad de tener un empleo a término indefinido en Colombia equivale casi a ganarse la lotería. Tan asombroso resulta lograrlo, que “el acto de vinculación de Hilda Lucía y las otras 2005 personas…fue presidido por el Ministro de la protección Social, Diego Palacio...”. Según esta noticia, “el Éxito tiene 57.000 empleados, de los cuales 25.000 son directos y el resto por outsourcing”. Y como si fuera poco, el año pasado hizo un drástico recorte de personal debido a su integración con Carulla Vivero. ¡Cuánto hemos descendido en la escala del bienestar social! La noticia es elocuente al respecto. Tan profundo ha sido el empeoramiento de las condiciones laborales y el deterioro distributivo, que se celebra con bombos y platillos que el mayor supermercado del país firme unos contratos a término fijo, en vez de avergonzarnos porque la mayoría de sus empleos son informales así se les bautice en inglés, y se esconda igualmente el trato que dan muchas de las cadenas de supermercados a sus proveedores y a empacadores; estos últimos ni siquiera cuentan con sueldo en muchas de ellas, ante la vista gorda del mal llamado ministro de Protección Social.

Sería una visión muy fragmentada ignorar que también hay razones para el optimismo, pues por el contrario a otros colombianos les ha ido muy bien; por ejemplo a los hijos del presidente Uribe. Quizás fruto de una inteligencia privilegiada pues ellos sí supieron utilizar con gran destreza, en su favor, las generosas exenciones ideadas por el gobierno de su padre; así, un lote comprado en 2006, gracias a esas leyes y a un cambio del uso de la tierra dado por el alcalde de Mosquera, experimentó una valorización exorbitante, según investigación de Daniel Coronell. ¡Qué suerte! ¡Y qué talento tienen estos jóvenes!, pues según el ministro de Comercio hay en total 47 zonas francas con esas garantías. 47 zonas francas y 42 millones de colombianos. Definitivamente son muy hábiles empresarios los hijos del presidente para haber logrado dicha adjudicación. En contraste la mayoría de los colombianos no son tan brillantes y no supieron aprovechar las oportunidades que el mismo gobierno dictó para ellos, como recortarles la remuneración de las horas extras, o eliminarles la mesada catorce a las pensiones, entre otras “garantías” diseñadas para la clase trabajadora. Tampoco supieron aprovechar otros cambios ocurridos desde los noventa en que las pensiones pasaron a ser en su mayoría un jugoso negocio privado. Los resultados de dichas reformas han sido más que insatisfactorios. Ni la mitad de los afiliados a los fondos privados podrá pensionarse, según estudio realizado por Alejandro Reveiz, Gabriel Piraquive, Carlos León y Freddy Castro, investigadores del el Banco Mundial, El DNP y el Banco de la República. La situación para las mujeres es aún más grave pues “…6 de cada 10 mujeres lo cotizado durante su vida laboral (en tiempo y /o en dinero) ni siquiera les alcanzará para tener derecho a una pensión” (El Tiempo 23-4-09). Pero estos resultados no fueron óbice para que los propietarios de estos fondos obtuviesen elevados beneficios aún en las épocas más difíciles y cuando los dineros de los afiliados registraban cuantiosas pérdidas, como ocurrió hace un año. Y aún cuando hoy los fondos registran elevadas ganancias por valorización de los títulos de deuda pública, su riesgo para los afiliados dadas las circunstancias actuales es muy elevado. Tampoco la razón para haber privatizado las pensiones, de ser causantes de déficit fiscal, justifica la reforma pues sin duda estos fondos alimentan el déficit fiscal. La mitad del portafolio de los mismos está constituido por títulos de deuda pública que les pagan cuantiosos intereses.

Luego lo que sucedió es que estos recursos de afiliaciones están dando la vuelta para engordar los bolsillos de los propietarios de dichos fondos, sin que los colombianos hayan mejorado la seguridad social para la vejez como lo revela el estudio citado. Y en estos profundos contrastes de política según clases de ciudadanos, las enseñas del gobierno “la Gran Confianza Inversionista” y “La Seguridad Democrática”, no cobijan a un importante número de colombianos. Tal es el caso de los asesinatos de colombianos inermes por parte de miembros de la fuerza pública, que según titular de El Nuevo Siglo, ocurrieron al menos en la mitad del territorio nacional. ¡Imperdonable! más aún cuando existían denuncias e hipótesis de ejecuciones extrajudiciales incluso de Naciones Unidas, pero el ala protectora de “la seguridad democrática” se extravió cuando se trató de proteger la vida de quizás miles de jóvenes. Tampoco la seguridad democrática cobijó a 380.863 personas los cuales, según cifras de Codhes fueron desplazados en 2008, 24% más que en el 2007, y mucho menos a líderes de la población desplazada asesinados pues, pese a amenazas, el Estado no supo protegerlos.

Las garantías del Estado se han concentrado en cambio en los derechos y beneficios económicos de los grandes capitales, inversionistas en zonas francas, e inversionistas extranjeros. Las Política del gobierno fragmentan cada día más a la sociedad colombiana. Mientras unos gozan de todas las garantías aún afectando los derechos de los colombianos, para otros no existe la más mínima protección de los más elementales derechos como el de la privacidad, violado mil veces a los valerosos miembros de la Corte Suprema de Justicia y a periodistas y opositores bajo un régimen cada vez más comprobadamente ilegítimo. Su herencia en materia distributiva no tiene antecedentes; reformas laborales y pensionales que recortan derechos, y leyes que conceden favores y garantías en contra de los intereses de los colombianos y bajo las cuales se arropan los propios hijos del presidente.