
A pesar de que el Gobierno ha anunciado hasta la saciedad que no va a proponer otra reforma tributaria y menos en época electoral, por los anuncios que ha realizado el presidente Álvaro Uribe en distintos foros gremiales, lo cierto es que ya tiene perfilado lo que denomina un ajuste tributario y que presentará al Congreso el 20 de julio cuando comienza la nueva legislatura.
Este ajuste significa nuevos impuestos o extensión de los que ya existen, que en cualquier iniciativa gubernamental en periodo normal, se llamaría reforma tributaria. Sin embargo, así como el Gobierno se niega a aceptar que el país está pasando por una profunda recesión económica, asimismo quiere presentar a los colombianos una reforma tributaria disfrazada de ajuste.
“El Gobierno parece que viviera en un país de tontos y cree que los consumidores no diferencian entre un ajuste y una reforma, cuando de verdad sienten que las nuevas medidas le van a tocar el bolsillo. Ahora lo que me parece inaudito es que en plena época electoral, el presidente Uribe, tercamente, siga con el argumento de instaurar mayores impuestos”, aseguró el consultor y catedrático, Jorge Rodríguez.
Sin embargo, analizando la intención del Gobierno sobre la necesidad de obtener mayores recursos para financiar su programa bandera de la seguridad democrática, y por lo que ha dejado conocer el presidente Álvaro Uribe en sus intervenciones –y que el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, tildó de píldoras homeopáticas, porque en cada foro casa una perla sobre los impuestos-, se percibe que la base del ajuste tributario cuenta con cuatro puntos.
El primero es que se descartaría que las clases medias o bajas tengan que hacer contribuciones para financiar la seguridad; serán los más pudientes. "Que esa financiación de la seguridad la paguen los sectores más pudientes le ayuda mucho al entendimiento social del país. Por eso le estoy pidiendo a los sectores más pudientes otro ratico de sacrificio, de aporte, para que en este momento de dificultades de la economía nos ayuden a financiar la seguridad", dijo Uribe.
Los beneficios
El segundo punto es que se reducirían los beneficios de reinversión de utilidades, del 40 al 30 por ciento. De esta manera disminuirían los beneficios que recibían las empresas en el impuesto de renta, por volver a invertir recursos en el país.
El tercer punto consiste en abrir un boquete en los nuevos contratos de estabilidad jurídica, para que las empresas tengan que pagar impuestos eventuales cuando el Estado lo requiera en épocas de dificultades económicas.
"En los nuevos contratos de estabilidad se va a reservar para el Estado, la posibilidad de que esas personas al recibir un contrato de estabilidad, el Estado no renuncie a que en un momento de dificultades les cobre una tasa transitoria, por ejemplo de patrimonio", explicó el Jefe del Estado.
El cuarto punto es que se tendrá todo el cuidado para impedir que las empresas reciban al mismo tiempo el beneficio de reinversión de utilidades y el de zonas francas. En ese sentido "no serían acumulables los beneficios de zona franca con la deducción", según la explicación del mandatario.
El recorte de las gabelas tributarias sale en poco más de ocho billones de pesos. Se respetarán los acuerdos firmados de estabilidad jurídica, pero lo que se firmen de ahora en adelante deberán pagar los nuevos tributos.
Sin embargo, una de las principales medidas que debería realizar el Gobierno, antes que emprender un ajuste o reforma de los tributos, es controlar la evasión y elusión de impuestos. De allí que la Dian estime en 20 por ciento, unos ocho billones de pesos, los ingresos que anualmente deja de percibir el tesoro público por la evasión del IVA.
Recuperar recursos
El director de la Dian, Néstor Díaz, dijo que la entidad buscará recuperar gradualmente al menos cuatro billones de pesos. De ellos un billón 600 mil millones de pesos este año. El funcionario informó que hacia finales del año se pondrá en marcha un avanzado sistema de control tecnológico entre los 412 mil responsables del régimen común consistente en un "chip" incorporado a las máquinas registradoras con el cual la Dian tendrá conocimiento en línea de cada venta que realice un establecimiento comercial.
Asimismo, informó que al finalizar el primer semestre del año, los recaudos de impuestos sobrepasaron la meta establecida para el periodo en 200 mil millones de pesos, superando los 34,5 billones.
La evasión de impuestos, en el caso de la renta, pasó del 28 al 26 por ciento y por el IVA disminuyó un punto, del 19 al 18 por ciento, pero la intensión es por los menos percibir 1,1 billones de pesos adicionales este año.
Para alcanzar ese objetivo se intensificará con otras entidades del Estado el cruce de información y se estrecharán los controles a las empresas que no facturan o se quedan con el IVA y a las personas, especialmente las pudientes, que no pagan debidamente los tributos, indicó el director de la Dian.
“Vamos a ser implacables, exigentes y preventivos. No es posible que la gente se esté quedando con platas que son de la comunidad. Vamos a llevar la evasión a niveles que aseguren que no habrá necesidad de crear nuevos impuestos. Ahí sí como dicen, al que le caiga el guante que se lo plante porque vamos a estar mirando, a través de unos controles muy exigentes, que no haya nichos de evasión ni elusión", señaló Díaz Saavedra.
El director de la Dian también anunció una nueva meta en materia de recaudos tributarios para el 2009 que supone una revisión a la baja, cercana a los dos billones 300 mil millones de pesos, frente a la que se fijó inicialmente en el presupuesto general de la Nación. La Dian espera que este año los colombianos paguen en impuestos 73 billones 143 mil millones de pesos.
La revisión a la baja es consecuente con el menor crecimiento esperado de la economía que el año pasado le costó al fisco nacional menores ingresos a los esperados por 700 mil millones de pesos.
Al finalizar el 2008, el recaudo de impuestos alcanzó los 67 billones 100 mil millones de pesos frente a los 67,8 billones que se tenían presupuestados.
La Dian informó también que durante el 2008 alcanzó una cifra histórica en el decomiso de mercancías de contrabando al superar la cifra de los 337 mil millones de pesos en más de cien mil acciones de control en aeropuertos, puertos, carreteras y zonas de comercio incluyendo los sanandresitos.
Los que pagarán el tributo de guerra
Un poco más de nueve mil colombianos, con riqueza relativamente apreciable, serían eventualmente los sujetos del nuevo impuesto temporal o definitivo que estudia el gobierno para financiar la sostenibilidad, hacia el 2011, de la política de la Seguridad Democrática. La mayoría de ellos hacen parte de los siete mil 492 contribuyentes obligados todavía a pagar el impuesto de guerra así su patrimonio ya esté por debajo de los tres mil millones de pesos netos.
La nueva lista de los "ricos de Colombia", fue elaborada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El organismo considera que podrían catalogarse como tales a quienes posean un patrimonio líquido superior a los dos mil millones de pesos.
“Me parece que ahí puede comenzar a pensarse en que de pronto puedan ser los afectados desde el punto de vista del pago (del impuesto) y con una sana tarifa", indicó el director de la Dian, Néstor Díaz.
Para el funcionario lo ideal sería que el nuevo tributo al patrimonio, sea temporal y no permanente y con una tarifa inferior a la actual del 1,2 por ciento y además progresiva o diferencial según la riqueza del contribuyente. "Hay que buscar al rico", indicó el funcionario.
En su opinión, con una tarifa más baja y un patrimonio igualmente reducido como el de los dos mil millones de pesos, se podría asegurar el billón de pesos anuales que requiere el gobierno a partir del 2011 para la política de la Seguridad Democrática.
El recaudo de catastro
Los ingresos por concepto de recaudo catastral presentaron un aumento del 42 por ciento entre el 2002 y el 2008, reveló el Gobierno.
En el 2002 se recaudó por ingreso catastral un billón 760 mil millones; en el 2008, dos billones 510 mil. Un crecimiento en pesos reales del 42 por ciento. Mientras en el año 2003 el valor del catastro era de 225 billones de pesos, hoy suma 373 billones, diferencia que obedece al incremento del avalúo catastral.
De acuerdo al Gobierno, este año se está a la espera de otro crecimiento de 452 billones de pesos. Esto es en el stock, o sea que este año el avalúo ya no debe sumar 373 billones sino 452 billones. El avance en el recaudo catastral es una respuesta que se le da a un viejo anhelo del país, que requiere no solamente más ingresos municipales, sino también más equidad en el gravamen de la tierra, en el de la propiedad inmobiliaria y en el de la base de esas riquezas.
El director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Iván Darío Gómez Guzmán, explicó que mientras en el año 2002 el catastro nacional estaba desactualizado en 70 por ciento en el área urbana y 85 por ciento el área rural, en este momento la actualización ha tenido un avance representativo del 70 por ciento en zona urbana y 53 por ciento en zona rural.
El funcionario dijo que en la actualidad en el territorio nacional se encuentran actualizados 13 millones 643 mil 210 predios, el 75 por ciento de los cuales corresponde al área urbana y 25 por ciento a la rural.
La cifra es considerable teniendo en cuenta que antes de 2002 había un gran rezago en actualización de predios.
Gómez Guzmán informó que hasta la fecha se han actualizado 928 municipios de 1.102 con que cuenta el país. Anotó que la dificultad para culminar el proceso es la lejanía de los territorios que hacen falta.
Frente a esta situación, el Presidente Uribe aseguró que es importante llegar a las zonas que aún no han tenido cobertura, con el fin de darle continuidad a la actualización en todo el país.
Las advertencias de la Contraloría
La administración tributaria, desestimó las advertencias de la Contraloría General sobre la posibilidad de una morosidad apreciable en los recaudos del impuesto al patrimonio, por los eventuales problemas de las empresas y personas naturales que lo pagan.
En la primera cuota se recaudó el billón cien mil millones de pesos que se tenían previstos y aunque se registró alguna ligera morosidad, en junio la Dian recogió otros ocho mil millones de pesos, indicó el funcionario.
El contralor general de la República, Julio César Turbay Quintero advirtió que la financiación y dotación de 38 mil hombres incorporados a las Fuerzas Militares no sería sostenible presupuestalmente después del 2010.
En un informe de seguimiento a la ejecución de los recursos destinados al fortalecimiento de la Defensa y Seguridad del Estado puso en entredicho también la disponibilidad de recursos que requiere el conjunto del sector.
El contralor fundamenta sus temores, en las dificultades financieras de las empresas que está provocando la crisis económica lo que, en su opinión, las conduciría a una morosidad en el pago del impuesto al patrimonio que se vence en el próximo año.
Para Turbay Quintero, estos hechos podrían afectar la consolidación de la Política de la Seguridad Democrática.
El contralor se mostró contrario a la posibilidad de hacer extensivo el impuesto a la guerra a la clase media. Dijo que la financiación del gasto en defensa y seguridad debe consultar la situación de crisis y la realidad tributaria del país.
“La decisión de volver permanente el recurso extraordinario utilizado durante los últimos años para incrementar el gasto en defensa y seguridad, debe tomarse consultando las realidades del país en materia tributaria, sin caer en reformas lesivas para los contribuyentes y en especial para las bases populares", indicó Turbay Quintero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario