
De no mediar la solicitud del Gobierno para que las empresas de energía suavicen los incrementos de precios, los colombianos tendrán que pagar a partir del otro año tarifas con incrementos superiores al 7 por ciento. El pedido de aplacar los aumentos ya fue realizado por el ministro de Minas Hernán Martínez, al comprobar que en algunos casos los comercializadores estaban aplicando cobros injustificados, que generalmente cargaban a la factura de los usuarios.
En este sentido, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidió una serie de normas con el fin de moderar los posibles aumentos en las tarifas de energía eléctrica, producto de los incrementos coyunturales en los costos de generación.
La primera de ellas busca que los incrementos se produzcan gradualmente en el tiempo. Así se da la opción a los comercializadores para que difieran los aumentos en la tarifa que superen el 2 por ciento mensual.
Por ejemplo, si hay un aumento del 8 por ciento, éste se podrá diferir a 8 meses, con un incremento mensual de 1 por ciento.
“De esta forma, cada comercializador de energía podrá diseñar su senda de tiempo según el monto de los aumentos. Es importante aclarar que para todos los casos para los usuarios de estratos 1 y 2 no habrá aumentos mayores al Índice de Precios al Consumidor, IPC”, explicó el director de la Creg, Hernán Molina Valencia.
En este sentido, con seguridad los consumidores de bajos estratos terminarán pagando aumentos desde el 7,5 por ciento, ya que los analistas prevén que la inflación terminará el año en una franja entre el 7,5 por ciento y el 7,8 por ciento.
“Ese es un duro golpe para los sectores sociales más necesitados, ya que con la alta inflación terminarán aplicándoles incrementos que desbordan su capacidad de pago. El Gobierno lo que debería hacer es dejar quietas las tarifas de energía para los más pobres y aumentarlos moderadamente a partir del estrato 3 en adelante. Pero ni los generadores ni los comercializadores tienen razón en subir el valor del servicio, ya que este año los niveles de las represas han sido altos por el invierno, y el costo del transporte no ha tenido alzas por los combustibles”, asegura el analista Jorge García.
Incentivos
La segunda medida pretende aumentar el incentivo a la competencia y generar mayor transparencia en el mercado de energía. Para ello fueron reglamentados los plazos en las licitaciones de compra de energía que realizan los comercializadores que atienden a usuarios regulados (residencias y pequeña industria).
Ahora los compradores de energía deberán resolver las licitaciones en un plazo máximo de quince días calendario, con lo cual se evitan plazos más largos que impidan tener energía disponible para ofertar.
“De esta forma los generadores puede ofertar la energía no asignada durante esos 15 días, en otras licitaciones”, señaló el viceministro de Minas y Energía Manuel Maigushca.
Por su parte el Ministerio de Minas y Energía expidió el decreto 4.670, con el cual prohíbe la especulación con el gas natural en el mercado secundario. Con la medida, los usuarios de gas natural, incluyendo los generadores de energía eléctrica, no podrán comercializar el gas que deben utilizar para su generación a precios mayores al de compra.
De otro lado, el Gobierno lanzó una campaña para que las empresas de energía congelen las tarifas por un periodo de 6 meses en aquellas regiones azotadas por el fuerte invierno y no apliquen el incremento del 7 por ciento para los estratos uno y dos.
Señaló el Ministro de Minas que la idea es dar un respiro a los colombianos que lo han perdido todo por las inundaciones. Martínez informó que la primera empresa en atender este llamado fue Electricaribe, que determinó adelantar procesos de refinanciación por espacio de 6 meses en los estratos uno y dos. Según el funcionario, el aumento en las tarifas que se tiene que dar para los estratos bajos se puede suspender temporalmente por el primer semestre del año. De acuerdo con el Ministro de Minas esta iniciativa se viene trabajando con varias empresas del sector en diferentes puntos del país.
Hace pocos días, el Gobierno había decidido congelar los precios de energía para los departamentos de Nariño y Putumayo, afectados por el desplome de las pirámides, y en La Mojana y el sur de Bolívar por las inundaciones.
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