miércoles, 21 de julio de 2010

Aumento de desempleo pone en jaque al sistema de salud


Además de la falta de aportes, hay inequidad en el valor de los pagos

Además de la falta de recursos, el aumento del desempleo y la informalidad tienen en jaque al sistema de salud, debido a que la mitad de la población no está cotizando. Actualmente la tasa de desocupados no baja del 13 por ciento, lo que tiene un gran impacto en los recursos del sector.

Cuando comenzó a ejecutarse la Ley 100, la estructura del empleo en Colombia, era distinta a la de hoy: casi el 70 por ciento de la población estaba en el régimen contributivo y actualmente sólo el 38 por ciento está bajo esta condición.
A pesar de las dificultades laborales, los gastos en la salud de los colombianos no disminuyen, todo lo contrario, aumentan.

El analista y actual decano de economía de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, Eduardo Sarmiento Palacio, dijo a EL NUEVO SIGLO que “el gasto directo que hacen los colombianos (o gasto de bolsillo), sean o no afiliados al sistema, representa el 23,2 por ciento del total de los recursos destinados a la atención en salud. Este gasto se entiende como pagos directos de los usuarios al momento de acceder a los servicios, por consultas, medicamentos o exámenes”.

Explica el economista que “con la reforma laboral del 2002 (Ley 789) se generaron unas condiciones que determinaron un aumento importante en el nivel de informalidad. Apenas un poco más del 40 por ciento de la población ocupada laboralmente, está en el sector formal. Esa condición afecta al régimen contributivo, porque ahora es menor la proporción de personas que está contribuyendo a financiar el sistema, sin que el número total de afiliados disminuya”.

El analista dijo que “por ejemplo, si en una familia pobre, de medianos o bajos ingresos, trabajan tres personas, hay tres cotizantes. Si hay una situación de crisis y dos de ellos salen del mercado laboral, no necesariamente el número de afiliados al sistema está disminuyendo. Es decir, dos de ellos quedarían como beneficiarios, cubiertos por un cotizante”.

En la actualidad, entre 300 y 400 mil personas en Colombia estarían contratadas por órdenes de servicios (ODS) y cerca de un millón y medio en cooperativas de trabajo asociado. Esto es lo que Ricardo Bonilla, del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), de la Universidad Nacional, define como un claro sistema de intermediación laboral.

Entre los pocos que cotizan en la actualidad, se presentan también situaciones de inequidad con respecto a los aportes en salud. “En la ODS, la persona debe cotizar sobre el 40 por ciento de sus ingresos, tomando como base el salario mínimo. De esta manera, si un trabajador recibe 515.000 pesos, debe pagar entre salud y pensión cerca de 146 mil, mientras uno que gana 1 millón 400 mil pesos, paga 149 mil pesos.

Es decir casi lo mismo pese a la diferencia de salarios. “Esto se vuelve regresivo, porque solo beneficia a los que tienen contratos altos”, dijo Bonilla.

El investigador del CID considera que la ODS hace que los contratantes evadan su responsabilidad en seguridad social. “Lo que paga el trabajador debería pagarlo el patrón. En la relación dependiente, la cotización en salud se distribuye en tres partes: dos las pone el “jefe” y una (el tercio) el trabajador”, señaló. En los independientes, el aporte del “jefe” no existe.

Además, aseguró que incluso en la contratación formal, se están evadiendo pagos. Se asume que los trabajadores dependientes en el país son un poco más de 8 millones, y con los patrones podrían llegar a ser 9 millones.

Es decir, existen muchas personas contratadas como dependientes, que continúan en el régimen subsidiado, a veces por decisión arbitraria del contratante, y en otras por acuerdo mutuo: el trabajador no quiere perder la afiliación subsidiada, por la dificultad de volver a acceder a ese régimen.


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