Más de 100 bombas quiebran por contrabando de gasolina

Dependiendo de la región donde ingrese el combustible, el Estado deja de percibir más de $15.000 millones mensuales por concepto de recaudo de la sobretasa a la gasolina y al ACPM.

En los últimos dos años más de 100 estaciones de servicio (EDS) han tenido que cerrar sus operaciones porque el contrabando las quebró, dejando a cerca de 1.500 personas sin empleo. De acuerdo con estimativos y análisis de la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetróleo Nacional), la situación es tan dramática que desde el 17 de agosto hasta comienzos de noviembre de 2009, 70 por ciento de las 111 EDS existentes en Norte de Santander estuvieron cerradas adicionalmente por el cierre de las importaciones desde Venezuela, lo que representó que cerca de 500 personas estuvieran cesantes durante casi 4 meses.

Hoy muchas de estas estaciones funcionan a media marcha y todos los días las pérdidas siguen creciendo. Del cupo asignado en 2008 de 3.5 millones de galones mensuales para la región, hoy sólo venden 2.5 millones. Por ejemplo, en Cúcuta, la EDS Los Patios sólo vende 50 por ciento del cupo asignado cada mes y sus utilidades apenas llegan a 4 millones de pesos, en un negocio que generó una inversión de casi 1.000 millones pesos.

Otras estaciones se mantienen, pero para bajar sus costos han reducido su planta de personal. La EDS Portachuelo, en El Playón (Santander), hace siete años vendía un promedio de 90.000 galones y en la actualidad no alcanza siquiera a los 7.000, por ello es atendida hoy directamente por sus propietarios. La drástica reducción en las ventas obligó a despedir a todos sus empleados.

Indica el presidente de Fendipetróleo Juan Carlos Yepes, que es tal la problemática que en sólo un mes la distribución minorista de combustibles en el país pierde más de 5 billones de pesos por cuenta del contrabando de combustibles que es traído principalmente de Venezuela, Ecuador y Perú, a través de la extensa frontera terrestre y fluvial.

Al hombro, en lomo de mula o en sofisticados sistemas de transporte, cientos de personas ingresan de manera ilegal más de 13 millones de galones de combustible cada mes y lo entregan al menudeo a familias y grupos organizados, que posteriormente lo venden al público en las casas o en improvisados puestos en las carreteras.

Esta cifra es muy significativa para la actividad legal de la distribución de combustibles, pues representa cerca del 50 por ciento del cupo asignado por la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) para todas las estaciones del país, que es de 25 millones 500 mil galones mensuales de gasolina y ACPM.

Esta situación está poniendo en riesgo la existencia de las estaciones de servicio legalmente establecidas, pues -dependiendo de la región- el precio del combustible de contrabando puede estar por debajo hasta en 50 por ciento del precio que ofrecen los distribuidores minoristas, razón por la cual el consumidor final prefiere abastecerse en los puntos ilegales, a pesar de que no cuentan con las mínimas medidas de seguridad para su almacenamiento, disposición final, manejo ambiental y control de calidad.

Con lo que hoy se compra un galón de gasolina corriente en Cúcuta ($4.345) se compran cerca de 15 galones de gasolina de la mejor calidad en estaciones de Venezuela.

Estimativos y análisis de Fendipetróleo señalan que las ventas de las estaciones en las zonas de frontera donde este flagelo es más evidente, han disminuido más del 50 por ciento en el último año, a pesar de los frecuentes controles que ejerce la Policía Fiscal y Aduanera en las vías nacionales.

Para sólo mencionar el caso del departamento de Nariño, en el 2006 tenía asignado un cupo de 8 millones 400 mil galones de combustible al mes y todo el volumen se colocaba en el mercado. Desde el 2008, el cupo bajó a 7 millones 100 mil galones y hoy sólo vende 4 millones de galones. El volumen que dejan de vender las EDS lo está copando el contrabando de combustibles.

Por su parte el departamento del Amazonas, tiene un cupo mensual de 217.000 galones/mes, pero sólo está vendiendo 105.000 galones en promedio, lo que representa una reducción en las ventas del 52 por ciento. Las pérdidas para las EDS de Santander y el Sur del Cesar por el un millón 500 mil galones de combustible de contrabando que ingresan mensualmente a esa región del país se estiman en 700 millones de pesos.

Frente a este problema, Yepes sostuvo que “aquí lo que hace falta es poner en práctica las herramientas jurídicas, no hay que inventarse nada. Necesitamos que cada autoridad haga lo que le corresponde: controlar, decomisar y judicializar, y que el Estado les dé una alternativa a las familias que se dedican al contrabando de combustibles porque realmente no tienen otra opción. Un problema estructural de la sociedad colombiana no se puede solucionar a costa de un sector legalmente constituido”.