
Debido a que las entidades nacionales y territoriales se han demorado en el reporte, el Estado no ha podido consolidar el inventario de sus inmuebles. Según Javier Arias Toro, presidente de la Central de Inversiones (Cisa), compañía encargada por el Gobierno para realizar y contabilizar la gestión de activos públicos, el plazo para consolidar y dar a conocer el inventario vence el próximo 4 de mayo.
Hasta el momento se han reportado a Cisa 18.059 inmuebles pertenecientes a 171 entidades del orden nacional, cuyo valor comercial asciende a los 5,6 billones de pesos.
Por ahora, explicó Arias Toro “es un inventario bajo teniendo en cuenta que faltan 4.000 entidades territoriales por reportar su información. Esta tarea la deben cumplir alcaldes y gobernadores de todo el país o de lo contrario se exponen a sanciones disciplinarias y fiscales como lo determina la ley”.
Según el decreto 3297 del 2009, todas las entidades públicas del orden nacional, territorial, comunidades indígenas, entidades descentralizadas, órganos autónomos e independientes, deben reportar todos los activos inmobiliarios, productivos o improductivos, con el objeto de levantar un censo para saber cuántos son los bienes de la Nación, como edificios, casas, clínicas, hospitales, apartamentos, lotes y fincas, entre otros.
Para el presidente de Cisa, “este es un gran esfuerzo que deben enfrentar los representantes legales de las entidades públicas y que finalmente va a contribuir a que el país conozca cuáles son sus bienes inmobiliarios ociosos, cuáles producen rentabilidad, cuáles están generando gastos al Estado y cuáles son de difícil manejo y generan pérdidas o detrimento patrimonial”.
De allí la importancia del Sistema de Información de Gestión de Activos (SIGA) que opera por medio de la central de inversiones. Esta es la herramienta a través de la cual se va a consolidar de manera dinámica el inventario total de los activos públicos del Estado, lo cual es de vital importancia, en beneficio de la modernización y la transparencia.
Precisamente para que exista una mayor claridad sobre esta gestión, CISA y Planeación Nacional darán a conocer a todas las entidades de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Santander, Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés y Amazonas, la política en el manejo de activos públicos del Estado, mediante un foro programado para el 28 de abril en el auditorio principal de la Universidad Externado de Colombia.
Según explicó el alto directivo de CISA, éste organismo cuenta hoy con un marco legal sólido y moderno que le permite comprarle a cualquier entidad pública, su cartera de difícil cobro o sus inmuebles problemáticos.
En el último año, adquirió el 68 por ciento de la cartera y un 29 por ciento de inmuebles, pertenecientes a más de 25 entidades de todos los órdenes a nivel nacional, por un valor comercial que supera los 471 mil millones de pesos.
De ésta forma, Cisa se convirtió en una entidad experta en crisis y en uno de los negocios más rentables del Estado. Este es un modelo único en el país y en América Latina, que ha logrado importantes negociaciones con entidades como la DIAN, el Ministerio de Hacienda, Telecom, Icetex, Fondo Nacional de Garantías, Colciencias, IFI, entre otras, quienes se han beneficiado del programa que tiene como finalidad el desarrollo de un sistema de gestión eficiente, eliminando erogaciones destinadas al mantenimiento de activos ociosos o que no hacen parte de su negocio principal.
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