La encrucijada de los industriales

En ninguna forma hemos pretendido simular o aproximarnos siquiera a la ya famosa frase que acuñó el señor Presidente y con la cual suele expresar algún estado de su alma. No. Como suelen decir, ese es su problema y en estas páginas no solemos referirnos a asuntos personales. La expresión que sirve de introducción a los presentes comentarios hace referencia a la “ocasión que se aprovecha para hacer daño a uno; emboscada, acechanza” como nos ilustra la Academia. Como quien dice, es lo que se le viene a los empresarios en el inmediato futuro y respecto de lo cual, en tiempos de ofrecer y prometer nadie dice absolutamente nada.

El país está tomando pista para darle la largada definitiva a las campañas políticas que deberían renovar, en el mejor sentido de la palabra, el órgano legislativo y así mismo decidir quién habrá de ocupar como huésped principal la Casa de Nariño. Los días pasan y pareciera que los colombianos nos hubiéramos quedado detenidos en los embelecos de la letra menuda, de la mecánica, de aceitar las maquinarias y mil cosas más, pero sentimos que muy poco se ha hecho por adoptar las medidas y tomar las precauciones del caso para evitar la repetición de los huecos negros de nuestra historia, prevenciones que nos permitan a los colombianos seleccionar con todas las seguridades debidas a las personas idóneas y competentes que habrán de ocuparse del ejercicio de las elevadas tareas que la Constitución Nacional determina para quienes resulten escogidos.

Teniendo a la vista todo lo que nos sucedido en el transcurso de los últimos años, que por mucho son experiencias primigenias aunque perversas, que por su especial gravedad no registran antecedentes, resulta urgente que los electores ejerzamos con mayor decisión y beligerancia el derecho a ser bien gobernados y a contar con las leyes que nuestras circunstancias exigen. Ya no resulta suficiente que nos exhiban programas de gobierno más o menos extensos, sino que se asegure la fidelidad y la lealtad para con el compromiso, que tiene que ser una auténtica carta de navegación de consulta permanente por parte de todos y de cada uno de quienes integren el gobierno. La fascinación del líder respecto de algunos subalternos, no puede volverse el motivo que haga la excepción a la bitácora que terminará por alejar de tal manera sus compromisos originales, para permitir que sean sustituidos por impromptus que solo se explican como una manera de legitimar incompetencias y negligencias de subalternos. No basta con seleccionar a un Jefe de Estado para la hora que vive el país, sino que es preciso poder inmunizar a la Nación del peligro de verse dirigida por mediocres y negligentes que logran colarse a los primeros lugares de la nómina gubernamental.

El desgobierno en materias como la seguridad social, la protección a los sectores más débiles de nuestra población, imponen una transformación profunda de las instituciones encargadas de cumplir semejantes cometidos. Un infortunado accidente colocó en manos de subalternos el manejo y las decisiones en temas capitales que solo encontraron solución mediante acciones judiciales de tutela. Los vacíos dejados en la conducción de la política laboral, solo empezaron a ser atendidos cuando el clamor injusto e infamante llegó a los escenarios internacionales. La capacitación de la mano de obra se sustituyó por una altisonante bolsa de empleos en medio de un creciente desempleo y los instructores que hicieron la formación profesional se trucaron por la enseñanza a través de celulares. Ahora le corresponde emprender a los colombianos la reconstrucción de las instituciones que les dieron gloria y prestigio en el pasado. El país no puede reincidir en la demagogia social. Colocar estos capítulos de lo social en su recto sendero demandará descomunales esfuerzos, empezando por lograr cortar la maraña de extrañas y terribles influencias que se ciernen sobre el sector para desnaturalizarlo.

La víctima directa de las falencias en la política laboral es el empresario. Patronos y trabajadores son los protagonistas de la seguridad social, hoy famélica y construida por acciones de tutela. La empresa es el escenario en el cual se materializa y toma cuerpo la formación profesional. El Congreso abandonó su deber de recrear y ajustar las normas que el sector viene demandándole, no obstante los señalamientos que en su oportunidad hizo la Corte Constitucional. A última hora, describiendo situaciones de emergencia para encubrir negligencias, se acude a una especie de golpe de facto al poder legislativo.

La contratación en las entidades públicas solo deja costosos litigios para el Estado, esperanzas cifradas en jugosas demandas para las empresas contratistas y enormes y crecientes dudas sobre la moralidad de los contratantes.

Ha quedado demostrado que no se puede colocar al frente de los ministerios a los personajes vinculados con las pujas y repujas del proceso electoral, sin consideración alguna sobre la trayectoria profesional y la idoneidad de las personas escogidas para el ejercicio del cargo, colocando la ineptitud sobre los hombros de inexpertos funcionarios los cuales son ungidos como viceministros, para que acumulen experiencia y sus equivocaciones resulten fáciles de perdonar. Tampoco es aceptable que la negligencia tanto del Congreso como de algunos ministros se subsane mediante la “legislación de emergencia” que se viene acostumbrando a utilizar año tras año, acudiendo de manera impropia a meter en camisa de fuerza a las otras ramas del poder público.

Nuestra Cancillería ante los hechos vividos por el país y por la Nación colombiana, requiere ser reconstruida, dadas las acciones y las payasadas de nuestros vecinos, en especial del gobierno venezolano que nos dejan el mal sabor del atropello impune, de las heridas anunciadas y no curadas ni vengadas, pues si en algún momento la actividad empresarial y productiva del país sirvieron para estimular en los antiguos socios la amistad y la solidaridad internacionales, los desvaríos ideológicos y la brutalidad que les han impuesto a sus gobernados, han dejado mal librados y sometidos por las acciones bárbaras a grupos de colombianos y a sus ahorros.

El proceso electoral que se avecina nos debe conducir a exigir con beligerancia no solo honestidad sino idoneidad y aptitud para el ejercicio de funciones públicas.