Los banqueros creen que debe existir una regulación clara y seria para poder desarrollar un negocio pujante en Colombia.El sistema financiero colombiano debe ser sólido y fuerte para poder contribuir a la recuperación de la economía. Así lo señaló la presidenta de Asobancaria, Maria Mercedes Cuellar, quien explicó que la preocupación de los banqueros es poder tener un sector pujante con participación y visibilidad en los mercados internacionales, y tener un sistema débil y limitado en sus operaciones.
La presidenta del gremio financiero, fue enfática en afirmar que el debate debe centrarse en si se desea una regulación que restringa la toma de riesgos u otra que promueva el crecimiento del sector financiero y su contribución al desarrollo nacional. “En nuestro país, el regulador estableció una normatividad compleja, difícil de conocer y de cumplir, que incluye algunos controles obsoletos, adoptados en épocas cuando no existían metodologías más sofisticadas de medición de riesgos”, dijo.
Existe una tendencia innecesaria a limitar la toma de riesgos, afirmó, al tiempo que sostuvo que lo que se necesita es que el sector financiero pueda tener un efecto contracíclico para otorgar créditos y así contrarrestar los efectos negativos de la desaceleración económica.
Para Cuellar López el supervisor ha incrementado la expedición de normas de enfoque conservador sobre la administración del riesgo, con un nivel de detalle que pasa de la regulación a la coadministración. Citó como ejemplo la circular 014 de 2009, sobre control interno, que incluye detalles sobre los procedimientos a seguir, que son del ámbito de los órganos de administración y control al interior de cada entidad.
“Se está restringiendo la capacidad de las entidades para desarrollar sus procesos de la manera que más se adecue a sus características específicas. Algo similar ocurre con la Circular 52 de 2007 sobre la seguridad de las operaciones”, sostuvo la dirigente gremial.
Insistió en que la sobrerregulación incrementa los costos de las entidades locales, su capacidad de innovar, y genera incentivos para que el sector productivo busque fuentes de financiación en entidades no vigiladas o externas, que cuentan con una menor carga regulatoria y por ende tienen menores costos de transacción.
Advirtió que frente al cúmulo de exigencias, el comportamiento racional de las entidades financieras, debería ser invertir en los papeles de menor riesgo, como los TES; más aún, sostuvo, cuando se cuestionan en forma reiterada el costo de los servicios que prestan o las utilidades que generan, o cuando existen topes a las tasas de interés que pueden cobrar, como es el caso con las tasas de interés de usura y de vivienda, entre otras.
En varias ocasiones los banqueros han expresado su desacuerdo respecto a que el sector financiero quedara cobijado por las reglas de un supervisor único de competencia, como lo establece la Ley 1340 de 2009.
María Mercedes Cuellar afirmó que la aplicación simétrica de normas generales de competencia a todos los sectores, incluyendo aquellos que estaban regulados y supervisados en forma específica por otros organismos del Estado, puede presentar inconvenientes que, de lejos, sobrepasan las ventajas de tener una autoridad de competencia unificada.
“En ningún momento pretendemos eximir a las instituciones financieras de cumplir con las normas de competencia, como ocurrió con otros sectores. El sector financiero es un acérrimo defensor de la libre empresa, incluyendo la libertad de fijar tarifas y comisiones, porque considera que ésta constituye un medio eficiente y adecuado para mejorar la prestación del servicio a sus usuarios, que a la vez fomenta la iniciativa privada y la introducción de innovaciones” subrayó la dirigente gremial.
Explicó que la propuesta de los banqueros consistía en que algunos aspectos relativos a la competencia quedaran bajo el control del supervisor natural del sector, es decir la Superintendencia Financiera, quien conoce al detalle no sólo cada una de las entidades, sino las características del conjunto del sector y de su evolución.
“Soy una convencida, dijo, de que para identificar si efectivamente se están presentando conductas que afectan la libre competencia, la autoridad respectiva sólo puede pronunciarse en forma eficaz si dispone del conocimiento integral del negocio y de su entorno”. Este punto, subrayó, fue parcialmente acogido por el Congreso.
Sostuvo que la regulación de precios y tarifas es contraproducente y tiende a generar efectos inversos a los esperados y sólo debe aplicarse en casos extremos, donde no quede ninguna otra opción que permita corregir eventuales situaciones indeseables.
La regulación de precios, añadió, exige que la autoridad responsable encuentre un adecuado equilibrio entre los agentes, en el que las partes deben estar en capacidad de operar. Para eso, es casi inevitable que el nivel del precio administrado se ubique en un punto intermedio entre el valor que le conviene al agente más eficiente y al más ineficiente.
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