Por el impuesto de guerra caerá inversión extranjera

El cambio de reglas de juego y la extensión hasta el 2014 de este tributo, puede perjudicar uno de los programas bandera del Gobierno.

La aprobación de la reforma tributaria por parte del Congreso en el que se extendió el impuesto al patrimonio a partir del 2011, puede perjudicar la inversión extranjera en Colombia. Así lo consideran varios analistas quienes creen que esta fue la peor decisión que se ha tomado para motivar a que los inversionistas lleguen al país en el corto plazo. La principal preocupación radica en que este cambio de reglas, no es oportuno para las empresas, que con anterioridad han tenido que acostumbrarse a este tipo de contribuciones como un estipendio para el costo de la guerra que libra el Estado contra los grupos ilegales.

Finalmente este impuesto contempla un cobro del 0,6 por ciento sobre los patrimonios líquidos superiores a 3 mil millones de pesos y de 1,2 por ciento para los patrimonios superiores a 5 mil millones, lo que redunda en un aumento significativo en la recaudación.

Mediante este cobro, el Estado va a percibir 2,35 billones de pesos durante cada año hasta el 2014, lo que dejará a las arcas 9,4 billones de pesos, solo por este rubro.
De acuerdo a un análisis de Fedesarrollo, y dado que los principales aportantes del impuesto sobre el patrimonio son personas naturales y jurídicas con un patrimonio superior a los 5 mil millones, el cambio supone el doble de la cifra inicialmente contemplada por el Gobierno, cuando presentó el proyecto al Congreso.

Este impuesto se aplicó por primera vez en 1997, cuando el Ejecutivo ordenó la inversión forzosa, por una sola vez, en bonos de seguridad2 en proporción al 0,5 por ciento del valor del patrimonio líquido de individuos y empresas.

En el 2002, se estableció un impuesto equivalente al 1,5 por ciento del patrimonio líquido, por una sola vez. Posteriormente, se extendió este tributo a los años gravables 2004 a 2006, reduciendo la tarifa al 0,3 por ciento.

A su turno, la Ley 1111 de 2006 extendió el impuesto al patrimonio neto hasta el año gravable 2010, elevando la tarifa al 1,2 por ciento.

En la elección de fuentes de recursos deben considerarse los costos asociados con los desincentivos y distorsiones que generan diferentes impuestos. No cabe duda que un impuesto permanente al patrimonio líquido de las empresas, constituye un desincentivo importante a la inversión.

Con esta reforma, el impuesto al patrimonio completará en el 2014, doce años consecutivos de vigencia y se estaría volviendo un cobro permanente usado para cubrir gastos corrientes. Los ingresos por este concepto han superado los 2 billones de pesos en términos constantes desde el 2007 y hay pocas fuentes de las que se podrían obtener estos recursos sin una reforma tributaria estructural, como la que reclama el país.

Si bien el desincentivo a la inversión ha estado más que compensado para algunos contribuyentes privilegiados en los últimos años, con una generosa deducción a la reinversión de utilidades y una tasa baja través del nuevo régimen de zonas francas, sería mas conveniente, como lo han propuesto algunos representantes del sector privado, no renovar el impuesto al patrimonio de las empresas, al mismo tiempo que se eliminen estos otros beneficios a la inversión y se reduzca la tasa general del impuesto a las empresas.

Por otra parte, según cifras provisionales de la balanza cambiaria, al cierre de la primera quincena de noviembre, entre el primero de enero y el 15 de noviembre de este año la Inversión Extranjera Directa, IED, en el país llegó a 6.645 millones de dólares, lo que representa una disminución de 11,7 por ciento respecto a igual periodo del 2008. De este monto, 5.893 millones de dólares corresponden a hidrocarburos y minas, es decir el 89 por ciento del total.

De acuerdo al decano de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, Jorge Iván Bula, Colombia no se está beneficiando del boom regional de IED no porque haya más confianza inversionista sino por el ciclo normal de la economía mundial. Además, considera que la IED en petróleo y minas no es altamente beneficiosa porque se caracteriza por tener economías de enclave, es decir, que no genera encadenamientos con otros sectores de la economía.

Por su parte, el economista Eduardo Sarmiento Palacio afirma que a diferencia de sectores intensivos como el agro o la industria, que compiten fuertemente en precios, la inversión en petróleo y minas produce grandes rentas que originan dividendos a las multinacionales por vías dobles como la explotación y la repatriación de capitales.