Las grandes incógnitas del Impuesto de Guerra

El impuesto de guerra o de patrimonio, que este 20 de julio será presentado por el Gobierno al Congreso dentro del proyecto de Reforma Tributaria, ha tenido una transformación o metamorfosis desde que el equipo económico del Ejecutivo empezó a ventilarlo públicamente. Su recorrido ha variado desde la cantidad de contribuyentes que serán afectados, hasta la base patrimonial del cobro, su duración y los compromisos jurídicos de las exenciones. Lo cierto es que será un tributo con cuatro incógnitas:

Temporalidad

El Impuesto al patrimonio viene siendo utilizado por el presidente Álvaro Uribe desde el comienzo de su Gobierno para financiar su programa bandera de Seguridad Democrática. Durante el primer mandato (2002 a 2006), fueron aprobadas dos normas distintas que gravaban el patrimonio líquido de los contribuyentes. La primera fue el Decreto 1.838 de agosto 11 de 2002 (4 días después de su primer mandato), con el cual fue creado el tributo del “Impuesto para preservar la seguridad democrática”, cobrado una sola vez sobre los patrimonios líquidos a 31 de agosto de 2002, a una tarifa de 1,2 por ciento. La segunda fueron las normas contenidas en los artículos 292 a 298-3 del Estatuto Tributario, los cuales fueron creados con el artículo 17 de la Ley 863 de diciembre de 2003, y que gravaron los patrimonios líquidos durante los años 2004 hasta 2006 a una tarifa de 0,3 por ciento. A partir de allí se convirtió en un impuesto de guerra, que empezó a regir desde el 1 de enero de 2007 y finaliza el 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, ahora el equipo económico, mediante la presentación este 20 de julio de un nuevo proyecto de Reforma Tributaria, pretende prolongarlo desde el 2011 hasta el 2014. Esto significa que desde el comienzo de la era Uribe en la Presidencia de la República, este impuesto ha sido cobrado de manera permanente. Es decir, que si el Legislativo aprueba una nueva extensión hasta el 2014, los colombianos habrán financiado de forma constante un programa de seguridad durante 12 años.

Quiénes lo pagarán

Cuando el Gobierno empezó a cobrar el impuesto al patrimonio para la seguridad democrática en el 2002, cerca de 300.000 colombianos con patrimonios superiores a 169,5 millones de pesos y con una tarifa del 1,2 por ciento, tuvieron que meterse la mano al bolsillo. Luego, cuando entró en vigencia la reforma tributaria de 2006, fue ampliado el monto a patrimonios líquidos fiscales superiores a 3.000 millones de pesos. De acuerdo a lo establecido por la DIAN, este impuesto lo han pagado cerca de 7.000 personas naturales y jurídicas. A mediados de junio, el ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga sostuvo con total seguridad que el impuesto sería cancelado por 9.000 personas, siete mil que ya habían pagado la contribución desde 2006 y dos mil nuevos con patrimonios superiores a 3.000 millones. Sin embargo, en la última semana, el Gobierno dijo que no serían 9.000 los afectados, sino 17.200 colombianos, entre personas naturales y jurídicas, quienes deban pagar el impuesto al patrimonio. El ministro Zuluaga informó que hay 8 mil contribuyentes que tendrán que cancelar 0.4 por ciento, debido a que tienen capitales entre 2 mil y 3 mil millones de pesos. Con más de 3 mil millones de pesos hay 9.200 personas, entre jurídicas y naturales, que pagarán 0.6 por ciento.

La cantidad

El impuesto para la seguridad democrática empezó tocando a los colombianos con patrimonio superiores a 169,5 millones de pesos en el 2002. Cuando se modificó la norma en el 2006, desde el 1 de enero del 2007, pagaron cerca de 7.000 personas 1,2 por ciento de sus patrimonios superiores a 3.000 millones de pesos. Cuando el Gobierno empezó a ambientar la extensión del tributo a comienzos de este año, dijo que le parecía bien que el impuesto de guerra lo pagaran todos los colombianos con patrimonios superiores a 200 millones de pesos –tal como lo pedía la Anif-, pero luego modificó su postura, ante los reclamos de la clase media que resultaba afectada. Ahora el ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga asegura que el gravamen a partir de 2011 y por cuatro años, será para empresas y personas con patrimonios superiores a 2.000 millones de pesos, con una tarifa gradual. Quienes posean un patrimonio de 2.000 a 3.000 millones de pesos pagarán 0,4 por ciento del total y los que superen este monto deberán tributar 0,6 por ciento. Sin embargo, aunque aparentemente el Gobierno ya tiene definida la base, es probable que a su paso por el Congreso desde este 20 de julio, sea modificada. Es posible que el Ejecutivo, dado el momento coyuntural en medio de una campaña electoral, prefiera bajar el monto y que el impuesto abarque a más personas naturales y jurídicas.

Las exenciones

Las exenciones que se han otorgado a las empresas y, en general, a quienes más tienen, es monumental. Para el año gravable 2008, el costo de los beneficios otorgados ascendió a 7,39 billones de pesos, 18,9 por ciento más que en 2007, cuando el costo ascendió a 6,22 billones. Del total del costo fiscal del año gravable 2008, les correspondió una deducción de 3,76 billones de pesos a las personas jurídicas, lo que implica una participación de 62,8 por ciento. Frente al año gravable 2007, esta tuvo un aumento de 21,4 por ciento, pues en esa vigencia el costo fue de 3,1 billones de pesos. Al mirar los sectores, el que mayor beneficio obtuvo por esta deducción fue el de minas, cuyo costo fiscal se estima en 1,31 billones de pesos, seguido de fabricación de sustancias químicas, con 181.000 millones de pesos. Las rentas exentas en el caso de las personas jurídicas tuvieron un costo de 1,8 billones de pesos, mientras que para el caso de las naturales ascendió a 1,31 billones de pesos. Sobre las exenciones al impuesto de guerra contemplado en el proyecto del Gobierno, aunque no lo ha dicho abiertamente, no le cobrará el impuesto a las empresas inversionistas establecidas con anticipación, pero a partir de la vigencia de la reforma, parece que ninguna empresa con la base requerida en la disposición quedará por fuera del tributo.