
De acuerdo a un estudio de varios investigadores sobre los tributos del país, mientras el crecimiento anual promedio del recaudo para los meses de enero del período 2001-2008 fue de 20 por ciento, en enero de 2009 el recaudo cayó 14,1 por ciento con respecto al mismo mes de 2008.
“Más allá de que dicha caída refleje primordialmente la desaceleración de la economía, la actual estructura tributaria no cumple con los principios de equidad y eficiencia deseables en todo esquema impositivo. Además, es complejo y no garantiza la estabilidad del recaudo”, sostienen los investigadores de Fedesarrollo.
Resalta el informe que en 2006 el país sustituyó un proyecto de reforma tributaria que contenía las características ideales para promover la inversión y propiciar la progresividad, por un esquema impositivo discriminatorio, con un conjunto de exenciones de carácter discrecional difíciles de administrar, que podría llegar a tener altos costos fiscales en el mediano plazo y que, de manera importante, da lugar a grandes inequidades, tanto entre empresas como entre personas.
Capital político
Asegura Fedesarrollo que “el Gobierno pudo utilizar su amplio capital político para hacer una reforma fiscal estructural que cumpliera los principios de simplicidad, equidad, eficiencia y estabilidad. A pesar de haber presentado un proyecto que estaba orientado en esa dirección, al final se optó por mantener el complejo estatuto tributario e instaurar un particular sistema de zonas francas y contratos de estabilidad jurídica”.
Precisamente sobre estas medidas, los analistas resaltan que “los decretos reglamentarios de la ley de Zonas Francas modificaron el régimen, que en su concepción original servía como instrumento de promoción de exportaciones y de facilitación del comercio internacional, por un nuevo instrumento de rebaja selectiva de obligaciones tributarias para ciertas empresas y actividades, sin distinguir si producen para los mercados domésticos o externos. Por otro lado, en los contratos de estabilidad jurídica se sustituyó un mal, cambios continuos en las reglas de juego, por otro tal vez peor, al aislar a algunas de las empresas más grandes del país cuando se requiera su contribución para financiar programas estratégicos tales como la seguridad democrática o Familias en Acción”.
Sin duda, un sistema impositivo debe ser equitativo. “Cuando un impuesto es equitativo, es progresivo: empresas o personas que tienen un nivel de ingreso mayor pagan una tasa más alta. Ésta es la idea detrás de la estructura del impuesto sobre la renta, en el que se define un nivel mínimo de ingresos y patrimonio bruto a partir del cual se comienza a exigir el pago del tributo. Adicionalmente, a medida que esos ingresos o patrimonio crecen, se incrementa la tasa”, manifiestan los expertos.
A pesar de que esa estructura tiene un impacto positivo sobre la distribución de los ingresos, en Colombia se tiene una base de recaudo muy pequeña, en donde las personas naturales que contribuyen alcanzan apenas el 2 por ciento de la población económicamente activa (PEA). Esto lleva a que el recaudo del impuesto de renta a personas naturales sea muy bajo en comparación al de personas jurídicas, inclusive comparándolo con otros países de la región.
Por otro lado, al intentar volver progresiva la recaudación de un impuesto que en teoría debería ser neutral, como es el caso del IVA, se le convirtió en uno regresivo. Al excluir del cobro del IVA a los bienes de la canasta de consumo básica con la intención de incrementar la equidad, lo que realmente se hace es otorgar un subsidio regresivo, ya que su aplicación es proporcional al ingreso, de manera que los más beneficiados con la exclusión de la canasta básica son, paradójicamente, los más ricos, que gastan más en ese tipo de bienes que los más pobres.
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