
Una verdadera polvareda produjo ayer la insistencia del Gobierno de dejar permanente el impuesto de guerra para garantizar su política de seguridad democrática. El presidente Álvaro Uribe anunció, incluso, que en la próxima legislatura del Congreso que se iniciará el 20 de junio, presentará un proyecto de ajuste tributario, que golpeará más a la clase media.
El mandatario confirmó que su Administración no impulsará otra reforma tributaria. Entre los ajustes, figura la extensión del impuesto al patrimonio o tributo de guerra, para que sea mayor el volumen de colombianos que paguen el estipendio, pero también se pretende aumentar el valor del seguro obligatorio para motocicletas y automóviles, recursos que se destinarían para el sistema de salud.
Asimismo, el presidente Uribe manifestó que el equipo económico está estudiando la posibilidad de cobrar peaje a las motocicletas y los impuestos de registro.
El Gobierno, en vista de las dificultades presupuestarias, buscará también modificar las fuentes de financiación del Fondo de Estabilización de Cartera Hipotecaria y se propondrán medidas que eviten la evasión de impuestos.
"Yo creería que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de garantizar en lo fundamental estabilidad en las normas tributarias. No quiere decir que el gobierno no reconozca que hay que hacer ajustes", explicó Uribe.
En ese sentido, el Ejecutivo descartó que haya un desmonte de los incentivos tributarios para los inversionistas o que se modifique el cobro del impuesto del IVA.
Para el analista y catedrático, Bernardo Ramírez, estas medidas tienden a complicar la situación para miles de colombianos que hoy sufren las consecuencias de la crisis económica y que ya no dan abasto con tantos impuestos.
El experto sostuvo que “en lugar de buscar otras fuentes de financiamiento como acabar con las exenciones tributarias o beneficios de los que gozan muchos empresarios, el Gobierno se viene lanza en ristre con una gran volumen de colombianos que apenas tienen cómo sostenerse, cuidándose de no perder su empleo y cumplir con las obligaciones tributarias actuales. Por eso no creo que ahora esa población tenga margen para pagar más impuestos”.
A favor y en contra
Por otra parte, varios gremios se mostraron a favor del impuesto de guerra que oficialmente debe finalizar en el 2010. Ese fue el caso de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif. Su presidente, Sergio Clavijo, sostuvo en un foro realizado ayer en el Hotel Tequendama, que el Gobierno debe sustituir el actual impuesto de guerra, por un tributo que se cobre a la clase media.
La entidad gremial sugirió aplicar el impuesto a patrimonios netos superiores a los 200 millones de pesos. Hasta el año entrante, inclusive, el tributo a la guerra lo pagan más de 7.400 empresas y personas naturales con patrimonios por encima de los 3.000 millones de pesos.
Clavijo, insinuó que se debería cobrar una tarifa entre el 0,5 al 0,7 por ciento. Con este ajuste, cerca de 350.000 colombianos al menos pagaran el gravamen que el Gobierno plantea para financiar la política de la seguridad democrática a partir del 2011.
Por su parte, el ex codirector del Banco de la República y actual decano de economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Salomón Kalmanovitz, se mostró partidario en mantener el impuesto al patrimonio para financiar la seguridad democrática, porque considera que es un tributo progresivo. No obstante, sugirió extender su cobro a los propietarios de tierra.
A su vez, el director de Fedesarrollo, Roberto Steiner, dijo que la propuesta del Gobierno debe ser ampliamente debatida, aunque reconoció que se requiere de una fuente de financiación más duradera que apoye los gastos que demandar la seguridad democrática.
Tanto la Anif como Fedesarrollo, consideran que más que ajustes impositivos, el país requiere con urgencia una reforma estructural.
Para lograr ambientar el proyecto de extender el impuesto de guerra a más sectores de la población, el Gobierno por intermedio del Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, sostuvo que inmediatamente entablará un diálogo con el sector privado para convencerlos de la necesidad de extender dicho tributo.
Para el otro año, la Administración del presidente Álvaro Uribe, prevé un faltante de 18,3 billones de pesos. Este enorme descuadre debe a la caída en el ritmo de crecimiento económico, los menores ingresos tributarios y petroleros, y los mayores pagos de intereses de la deuda externa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario