Rechazo generalizado a impuesto de guerra fijo

Las pretensiones del Gobierno de ampliar el cobro del impuesto de guerra y extenderlo a todos los colombianos, fueron rechazadas de plano por casi todos los sectores de la economía. De hecho, hay preocupación entre los empresarios y contribuyentes por el cambio de reglas a este cobro al impuesto patrimonial, que debe finalizar con el pago de las dos últimas cuotas en el 2010.

Sobre todo ven el oportunismo y las contradicciones del Gobierno en plantear nuevos impuestos, cuando hace poco el presidente Álvaro Uribe había dicho que dentro del Ejecutivo no estaban planteando ni estudiando establecer nuevos tributos a los colombianos, para no entorpecer la reactivación de la economía y, paradójicamente, cuando en cada salida al exterior difunde la “confianza inversionista”.

Para el actual decano de Economía de la Universidad de los Andes, Juan Carlos Echeverri, “no es el momento indicado para volver permanente el impuesto de guerra, la coyuntura no es la ideal debido a la situación económica del país y las consecuencias sociales que generaría un tributo fijo”.

Por su parte, el ex ministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo sostuvo que “antes de establecer un impuesto de guerra determinado, el Gobierno debería explicar cómo están utilizando esos recursos, que tenían una especificación determinada y no para otras cosas. En eso debe haber claridad, pero desde luego no estoy de acuerdo con ampliar su cobro y llevarlo a todos los sectores de la población. Eso no sería justo”.

El analista de la Universidad Nacional, Jorge Rodríguez, va más allá y dijo que “hay que estudiar cuáles son las verdaderas intenciones del Gobierno de congraciarse con las propuestas de los empresarios del sistema financiero, que es donde ha surgido la idea. Ese impuesto debería dejárselo el Gobierno solo a los propietarios de los bancos, que ya ganan suficiente dinero cobrándoles a los usuarios por cualquier operación que realizan. Los banqueros sí tendrían el dinero suficiente para pagar el impuesto y darle gusto al presidente Álvaro Uribe”.

Alternativas

Sobre la posibilidad de que el tributo al patrimonio se pueda extender indefinidamente, el director de la DIAN, Néstor Díaz, se abstuvo de formular comentarios sobre su conveniencia o no. Dijo que el organismo ejecuta y no diseña políticas.

Sin embargo, señaló que “la contribución a la seguridad es de todos los colombianos. Cada uno tiene su manera de hacerlo. Me parece que en este momento, como está diseñado, ha sido un impuesto muy efectivo y que no cuesta recaudarlo porque precisamente lo pagan quienes tienen cómo hacerlo. Y ese es el objetivo de los impuestos, que quienes más ganan provean los recursos para establecer igualdades y condiciones de empleo e inversión social. Aquí sí tiene que ser progresivo, es decir que quienes más ganen sean los que respondan”.

A su vez, la senadora y candidata independiente a la Presidencia Marta Lucía Ramírez aseguró que se debe garantizar la inversión equilibrada de los recursos que se recauden para atender la política de seguridad, puesto que dicha estrategia debe cumplir con finalidades fundamentales como llevar la presencia del Estado a todos los rincones del país, no solo en el campo militar, sino también en los de la inversión en salud, educación e infraestructura.

“Estoy segura que los colombianos no dudaremos en meternos la mano al bolsillo para sostener la seguridad, siempre que se garantice la transparencia del uso de los recursos”, puntualizó.

El tributo de la discordia fue creado temporalmente en el 2006 con el propósito de recaudar más de 8 billones de pesos con destino a la modernización y fortalecimiento del aparato militar del Estado. El impuesto, que será cobrado hasta el año entrante, lo pagan 7.400 grandes contribuyentes con patrimonios superiores a los 3.000 millones de pesos.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Guillermo Botero, dijo estar abiertamente en desacuerdo con la posibilidad de dejar como permanente el tributo a la guerra o crear uno parecido. “Apoyamos la seguridad democrática. Pero si se trata de un impuesto al patrimonio, estamos en total y absoluto desacuerdo", indicó. Dijo que el Gobierno no puede gravar la acumulación de capital porque eso es lo que necesita un país.

Si uno vuelve a gravar el patrimonio, como existió en el pasado, que fue un desacierto total, tendríamos un regreso con consecuencias económicas insospechadas. Es como volver a subir los aranceles y volver a cerrar las fronteras. Estoy en total y absoluto desacuerdo en gravar cualquier forma de ahorro", subrayó Botero.