Los microempresarios consideran que no se puede activar el empleo recortando los aportes a la seguridad social que beneficia a millones de familias en Colombia.Reconocer la labor social que el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar han brindado a millones de familias del país, debe ser el punto final de la discusión sobre acabar con los aportes a los parafiscales, reconocieron los microempresarios del país.
El presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, Norman Correa, explicó a EL NUEVO SIGLO que la decisión del Gobierno de reglamentar la gradualidad en el pago de parafiscales para Mipymes nacientes, es una medida necesaria, para sostener la gestión de las nuevas empresas, pero recortarlos del todo frenaría la labor social que beneficia a millones de familias.
“Aplaudimos el alivio que el Gobierno dio a las microempresas nacientes en el pago de sus parafiscales, pues se conoce que los primeros cuatro años de funcionamiento son mortales para las Mipymes, pero debemos ser conscientes que este ajuste solo califica para las Mipymes que entran a la formalidad”, dijo el Presidente de Acopi.
La decisión del Gobierno para reglamentar la gradualidad en el pago de parafiscales para Mipymes nacientes permite que durante el primer año paguen el 25 por ciento; en el segundo, el 50 por ciento; en el tercero, el 75 por ciento, y sólo en el cuarto año, el 100 por ciento.
El dirigente gremial reiteró que acabar por completo los aportes a parafiscales sería desconocer la labor social que entidades como el SENA, el ICBF y las Cajas de Compensación Familiar han desarrollado en beneficio de millones de familias.
“Se deben tomar medidas contra la crisis, pero también se debe reconocer la labor social que los parafiscales han brindado a los colombianos”, dijo Correa.
Por ahora, los microempresarios esperan la entrada en vigencia el próximo 23 de abril, de la medida que mejora la operatividad del artículo 43 de la Ley 590 de 2000, que estableció dicha gradualidad, pero que no permitía la deducción automática de los porcentajes de exención señalados por la Ley.
Medidas
Por su parte, el director adjunto de Fedesarrollo Mauricio Santamaría, insistió en que la financiación de la política social con impuestos al trabajo, incluidos los aportes parafiscales, debe desaparecer, pues ello conlleva a limitar el acceso al trabajo de los colombianos más necesitados. Precisó que lo ideal es subir un punto del IVA o reducir las exenciones de renta.
“Lo que tiene impacto social adverso es lo que pasa hoy con los aportes parafiscales pues la gente no consigue trabajo y si lo logra es regularmente remunerada. Las personas que defienden este esquema sobre la base de la equidad no están viendo el problema en su total dimensión”, declaró.
Para el ex contralor General de la República Antonio Hernández Gamarra, el país no cuenta hoy con la institucionalidad para adelantar esa reforma pues con destinación específica los recursos son desviados como ha pasado en los últimos años. El asunto, dijo, sería más complejo si estos dineros estuvieran a libre disponibilidad del Gobierno. Anotó que con el desmonte del actual esquema se pondrían en riesgo los programas sociales que adelantan instituciones como el SENA o el ICBF. La idea es propender por mayor eficiencia y control de gasto para contrarrestar los impases.
El director de la Fundación Restrepo Barco, Antonio Cruz Rincón, precisó que el país no puede desconocer el desempeño de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el SENA, instituciones que podrían sufrir cambios por el afán descentralizador que apunta a la “municipalización” de la política social.
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