El crecimiento de nuestra miseria

A contrapelo del esfuerzo incesante que realizan los países desarrollados por hacer crecer sus niveles de riqueza, para irrigarla luego a lo largo de su pirámide social y hacer que los ingresos materiales y espirituales de todos crezcan, entre nosotros por alcanzar los objetivos de la denominada seguridad democrática, tarea en la cual para infortunio de todos no puede el país hacer concesión alguna ni ser abandonado el timón de mando por un segundo, pareciera que los aspectos vinculados de manera directa con la situación, la calidad de vida y las posibilidades de realización personal de todos, en especial de quienes integran los cada vez mayores conglomerados de compatriotas de menores ingresos, la mala suerte los ha dejado en manos de burócratas insensibles y desinformados y por ende irresponsables, quienes vienen jugando a construir marañas y dificultades malaconsejadas, sin que les importe lealmente la suerte que puedan correr los sectores a quienes pretenden aplicarles todos los absurdos que se les antojan.

Con enorme sentido de solidaridad social y como expresión de sus convicciones éticas, en cuestión de décadas algunos empresarios colombianos fueron marcando los hitos que habrían de asegurar el terreno sobre el cual campearían la dignidad del trabajador, el bienestar de su familia, la equidad de su remuneración, los sistemas para su ascenso espiritual en fin, las todas las condiciones para asegurar su desarrollo integral. La estupenda consecuencia de este desinteresado esfuerzo, fue el cambio de escenario para discutir sobre las reivindicaciones obreras, haciendo tránsito desde la empresa hacia el sector público, en donde para mal del país la interlocución no logró sustraerse a la acción política, consecuencia de los mesianismos mal entendidos y de los manuales para violentos y resentidos.

Desde hace algún tiempo algunos insensatos vienen intentando construir una especie de “teoría del miserabilismo”, o teoría sobre la bondad de la miseria, según la cual si a la acumulación de riqueza en manos de alguien no se le deben colocar límites, la pauperización o la miseria creciente hacia abajo tampoco los debe tener y en esto descansa la nueva equidad social. Lo increíble es que la insensatez pueda hacer carrera.

Por años hemos debido tolerar las hirsutas posiciones de fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, exceptuadas de cualquier forma de control público o privado, que no alcanzan a ser ni una ONG ni un gremio, mucho menos una universidad o una academia, pero que se sienten autorizados para opinar sobre cualquier tema que sus empleados perciben que “paga”. Sus estatutos carecen de ideología porque dentro de su objeto social está la investigación por contratos, no existe posibilidad alguna de comprobar el rigor científico o técnico de sus miembros, porque cualquier cosa que necesiten afirmar se respalda en últimas con una “encuesta de opinión”.

Es así como pretenden hoy hacernos creer que para hacerle frente a las dificultades es preciso “flexibilizar la política salarial” del país para conseguir que el salario mínimo se reduzca en términos reales “cuando hay signos claros de desaceleración económica.” Para probar su verdad hacen comparaciones entre el PIB per cápita de Colombia, versus Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Japón, para concluir que “el salario mínimo en Colombia es bastante elevado”. Luego nos comparan con Nicaragua y Argentina, para afirmar que por razón del valor del salario mínimo entre nosotros existe una alta tasa de desempleo. Desde luego que quienes así piensan, no se han ganado jamás un salario mínimo, y tampoco nunca han pagado un salario mínimo. No creen en los derechos adquiridos de los trabajadores ni en nada de lo que las Cortes han dicho en sus sentencias acerca de la remuneración mínima. Subestiman la Constitución Nacional, el derecho del trabajo y la importación del denominado bloque de constitucionalidad que nos ha hecho pétreos los convenios y resoluciones de la OIT.

La flexibilización de la política salarial es un eufemismo mediante el cual proponen disminuir el ingreso de los trabajadores y por ende golpear el ingreso familiar. Estos silogismos van haciendo carrera porque se convierten en titulares de prensa, los cuales constituyen la médula dialéctica de quienes se sientan a negociar sobre el tema, empezando por los propios funcionarios públicos. A los negociadores del salario mínimo no se les exige precalificación alguna y están exentos de cualquier responsabilidad social y legal.

Luego vienen otros de igual o similar procedencia quienes sostienen: “la evidencia empírica muestra que el impacto de la presencia conjunta, en Colombia, de un salario mínimo elevado como proporción del medio y altas contribuciones no salariales (las más altas de Latinoamérica) es muy perverso y, en particular mucho más que el impacto de cada una de estas rigideces por separado”. El eufemismo ahora significa “muerte a las cajas de compensación, al ICBF y al SENA”.

Las mentes de quienes buscan la generalización y profundización de la miseria, intentan venderle al país la teoría sobre la bondad de una “pensión inferior al salario mínimo”. A semejante iniciativa que pretende constituir la solución a la no despreciable cantidad de trece millones de colombianos, confesión que debería avergonzar a cualquier país, ya ha sido bautizada como BEP, divisa o enseña del nuevo eufemismo que traduce Beneficio Económico Periódico, y con lo cual se pretende eludir de manera tramposa el mandato constitucional que prohíbe las pensiones por debajo del salario mínimo.

Para completar la tramoya el adalid es el Ministro de Hacienda quien desplazó por razones más que obvias al Ministro de la Protección Social. El trámite de la iniciativa ha resultado tan atropellado, que aún no se sabe a ciencia cierta si existen estudios actuariales que permitan determinar el pago de la prestación, que como dicen no es pensión, pero que se financiaría con aportes de las empresas, parte del aporte de los trabajadores activos en la actualidad, y parte con los aportes que habrían realizado los trabajadores y que nunca reclamaron el reconocimiento de su pensión y que habiéndolo hecho, les fue negado el derecho. Al parecer lo de menos es la solvencia del nuevo sistema, porque al fin y al cabo los ingresos corrientes del presupuesto algún tendrán que salir a cubrir la nueva prestación. Entre tanto que sigan haciendo a los pobres más pobres, a fin de ver si logramos salir del atolladero.