El Plan de choque se estrella contra la recesión económica

El anunciado Plan de Choque de inversión en infraestructura por 55 billones de pesos publicitado con bombos y platillos por el Gobierno para contrarrestar los efectos de la crisis económica mundial, está hoy en entredicho debido a recesión económica del país, a las restricciones de las inversiones públicas y a las dificultades para acceder a financiación externa.

Aunque el Ejecutivo no modificó el anteproyecto de presupuesto para el 2010 para cumplir con sus compromisos establecidos en las mega inversiones en infraestructura, y que asciende a 144,3 billones de pesos, varios analistas creen que ante el nuevo marco fiscal de mediano plazo, en el que se aumenta el déficit para el 2010, no habrá mayor espacio para quitarle recursos a planes indispensables para el Gobierno como Familias en Acción, y destinarlos a obras que son las grandes generadoras de empleo.

“El problema en el manejo de las finanzas para el Gobierno no es fácil, sobre todo cuando anuncio inversiones por 55 billones de pesos, en el último año, pero que la realidad está dejando al descubierto que esa iniciativa no es real. Si esto fuera así la infraestructura con esos recursos estaría proporcionando por lo menos 200.000 empleos, teniendo en cuenta que la construcción y las obras de puentes y vías son las que más puestos de trabajo generan”, asegura el consultor Rodrigo García, de la firma Métodos.

Sobre esta situación, los analistas de Fedesarrollo creen que con el monto total establecido en el presupuesto para el otro año, con una reducción real de 1,7 por ciento frente al de 2009, la política fiscal será procíclica y el anunciado “plan de choque” de inversión en infraestructura no puede ser mucho más “que un esfuerzo de relaciones públicas”.

La distribución

Sostienen los investigadores que “en efecto, de los 55 billones de pesos, 32 billones corresponden a inversión del sector privado. De los 23 billones de pesos que quedan, 13 billones son inversiones de Ecopetrol que no son del Gobierno y que en gran parte se irán al exterior. De los 10 billones de pesos restantes, sólo 6 billones están en el presupuesto nacional (los demás son gastos de municipios, departamentos, y corporaciones regionales). Y de los 6 billones del presupuesto, $3 billones corresponden a gastos en vías a cargo del Ministerio de transporte con su consabida demora en la ejecución”.

Pese a que el gobierno ha asegurado su financiamiento para el 2009, y a que se ha logrado una mejora de los indicadores fiscales con respecto al comienzo de la presente década, el Gobierno se ve forzado a ajustar el gasto público en momentos de recesión y no está en capacidad de impulsar un programa efectivo de reactivación económica.

Otros analistas como Juan Bernardo Echeverri y Eduardo Sarmiento, han manifestado que varias de estas inversiones ya estaban previstas en los presupuestos de 2008 y 2009, y que los proyectos de infraestructura no son un plan de choque que vayan a generar una gran cantidad de empleo como para reducir considerablemente la tasa de desocupados en el país que ya supera el 12,4 por ciento.

Los analistas van más allá y dudan si este plan era lo suficientemente bien estructurado como para evitar que la recesión empezara a preocupar a los colombianos. Aseguran que desafortunadamente para la economía de Colombia, el plan tiene grandes fallas que no van a garantizar su efectividad.

La mayoría de los dineros públicos que se planean gastar ya estaban definidos en el Presupuesto del año 2009 (hecho con un supuesto alto de de crecimiento) y en el Plan de Desarrollo. Para el caso de los dineros privados, hacen parte de los gastos planeados hace meses por las juntas directivas de las empresas.

De otro lado, los gastos del sector privado pueden cambiar con lo que se está presentando ante la crisis. Sin embargo, el plan de choque asume que el sector privado invertirá 58 por ciento del total del plan. Es claro que el ambiente económico en 2009 (que parece ser malo) va a ser un factor de decisión para que el sector privado no invierta 32 billones de pesos.

Los expertos se preguntan de dónde va a sacar el sector privado 32 billones de pesos, cuando prácticamente están casi congelados los créditos externos por la crisis global financiera y es escasa la disponibilidad de recursos en el mercado local. Eventualmente se podrían buscar fuente locales de financiación a través de emisiones de bonos, pero no todas las empresas tienen la capacidad de asumir esta carga.

El nuevo marco fiscal

En el nuevo marco fiscal de median o plazo, no se realizaron modificaciones del Plan Financiero 2009, con lo que permanecieron las metas de déficit del GNC en 3.7 por ciento del PIB y del Sector Público Consolidado en 2.4 por ciento del PIB. En cuánto a financiación interna se destacó el cumplimiento del 86 por ciento de la meta actual de colocación de $17.8 billones, monto alcanzado a través de operaciones de manejo y prefinanciamiento 2008, después de haberse establecido en $24.5 billones. La financiación con recursos externos ya fue realizada en su totalidad por 4.650 millones de dólares.

La meta de déficit del GNC y del SPC para 2010 pasó de 2.3 por ciento a 4.3 por ciento del PIB y de 1.2 por ciento a 3.4 por ciento del PIB respectivamente, ante las menores expectativas de crecimiento y su efecto directo sobre los ingresos tributarios vía desaceleración de la actividad económica y precios del petróleo.

Las nuevas necesidades de financiación a través de recursos externos fue establecida en 3.750 millones de dólares, 1.500 millones por medio de emisión de Bonos Soberanos y 2.250 millones de dólares vía Banca Multilateral, que en gran medida ya se encuentran asegurados con los cupos aprobados del BID y del FMI.

La meta de colocación de TES para 2010 se estipuló en $26 billones, en continuación con una política fiscal en armonía con la política monetaria contra cíclica, bajo el supuesto de variación del PIB de 2010 de 0.5 por ciento y para 2011 de 2.5 por ciento y de cumplimiento del rango de meta de inflación establecido por el banco central.

Se anuncio además, un prefinanciamiento de la vigencia de 2010 por $4 billones, recursos que permanecerán en caja para cubrir los requerimientos del pago del vencimiento del TES de 12 de febrero de 2010 por $4.2 billones incluido el pago del cupón.

Liquidez de la economía es suficiente para invertir

Una de las principales razones que argumentan los empresarios a la hora de invertir es la falta de liquidez de la economía en estos momentos de crisis. Sin embargo, los bancos y las otras casas financieras niegan tal situación y destacan que hay suficientes créditos y recursos. Lo que sí reconocen los banqueros es que hoy están revisando con lupa cada solicitud tanto de las empresas como de las personas naturales.

“La situación de crisis que vivimos no es como para pensar que los bancos tienen las puertas abiertas a todos, están siendo más precavidos que de costumbre, pero esas son las razones del mercado, y como no están obligados a conceder créditos a cualquiera, toman las precauciones normales para esta época”, asegura el analista de Gesvalores, Gerardo Rojas.

Esta percepción también es reconocida por una reciente encuesta en la que los funcionarios confirman que la liquidez actual en la economía es alta y el 48,1 por ciento de los preguntados considera como positiva esta situación.

Contrario a ello, el 29,6 por ciento de los directivos cree que hay baja liquidez y que actualmente no existe esa condición en la economía. Por otra parte, la mayoría de los agentes (54,3 por ciento) percibe que la liquidez en la economía en los próximos seis meses no tendrá variación, mientras que el 30,9 por ciento espera que sea inferior y el 13,6 por ciento estima que será mayor a la actual.

Como era de esperarse, la intermediación financiera es el sector que en mayor medida considera que la liquidez actual en la economía es alta (60,6 por ciento de los encuestados). Por su parte, los académicos y consultores y transporte y comunicación se ubican en segundo lugar, ambos con 50 por ciento; a estos sectores los siguen sindicatos, industria y minería y grandes cadenas de almacenes, con 40 por ciento, 37,3 por ciento y 33,3 por ciento, respectivamente.

“Esa es una posición normal si se tiene en cuenta que son sectores que están a la espera de mayores recursos, que sin embargo no van a estimular la demanda de créditos”, asegura el consultor Jorge Rodríguez.

Las percepciones

De igual forma, la lista de sectores que consideran que la liquidez en la economía es baja está encabezada por sindicatos (60 por ciento), seguidos por grandes cadenas de almacenes (52,4 por ciento), académicos y consultores (45,5 por ciento), transporte y comunicación (42,3 por ciento), industria y minería (38,7 por ciento) e intermediación financiera (24,2 por ciento).

Uno de los banqueros consultados por EL NUEVO SIGLO aseguró que “el sector bancario tiene disposición de créditos y de recursos suficientes para atender la demanda de todos los sectores. Hay créditos, pero desde luego no tenemos la mano ancha como para proporcionarles a todos sino que tomamos las precauciones normales a la hora de otorgar los créditos”.

Asimismo, la liquidez en la economía es percibida como nula por el 21,3 por ciento del sector de industria y minería y por el 15,2 por ciento del sector financiero, mientras que el 14,3 por ciento, el 4,5 por ciento y el 3,8 por ciento de grandes cadenas de almacenes, académicos y consultores, y transporte y comunicación, respectivamente, comparten esta percepción.

Con relación al comportamiento de la liquidez en los próximos seis meses, el 40,9 por ciento de académicos y consultores considera que ésta será superior a la actual, seguido por intermediación financiera (30,3 por ciento), transporte y comunicación (26,9 por ciento), sindicatos (20 por ciento), grandes cadenas de almacenes (9,5) e industria y minería (6,7 por ciento).

En relación con la disponibilidad de crédito, el 39,5 por ciento de los funcionarios reportó que ésta actualmente es alta, y el 34,6 por ciento dice que es baja, mientras que el 24,7 por ciento considera que es inexistente.

Cuando se les preguntó a los funcionarios sobre el comportamiento de la disponibilidad de crédito en los próximos seis meses, fue posible concluir que el 54,9 por ciento considera que permanecerá igual a la actual, 24,7 por ciento espera que sea inferior y sólo el 13,6 por ciento prevé que la disponibilidad de crédito aumentará en el corto plazo.

En vísperas de un latrocinio

A fin de evitar que me apedreen debido a una mala interpretación, diré con Roque Barcia en la mano: “El robo despoja a mano airada: arrebata. El hurto despoja sin que lo advierta el despojado. El latrocinio se apropia lo ajeno, escudado tras el respeto de la autoridad. El robo consiste en la violencia. El hurto, en hacerlo a hurtadillas, de un modo furtivo. El latrocinio, en la injusticia, en un abuso del poder. El hurto fía en sus mañas. El robo va a presidio. El latrocinio suele tener coche”.

Desde el año anterior el gobierno nacional viene hablando cada vez con mayor desparpajo acerca de la necesidad de obtener nuevos recursos para la Nación a partir del año 2010, dado el tamaño del gigantesco hueco fiscal que habrá de registrarse, sin que se hable de sus autores. En honor a la verdad los funcionarios que manejan la hacienda se limitan a reconocer de manera simple las diferencias entre los ingresos por tributación y los gastos, para aplicarse entonces a un nuevo y escabroso proceso legislativo, que como el que acaba de finalizar, debe culminar con la negociación de una nueva reforma tributaria así se entre en contradicción con los ofrecimientos que sobre el particular hubiera formulado hasta hace solo unos días el propio Presidente de la República. Alguien pronunciará el refrán: no somos ríos para no devolvernos.

En un acto de coadministración imposible, pero que al parecer si alcanzó a producir sus resultados, un banquero irrumpió pidiendo la posibilidad de aligerar los tributos que recaen sobre su inmensa riqueza, aspirando a que la pesada carga fiscal en lo sucesivo sea compartida por todos los pobres de Colombia con el argumento según el cual, la seguridad democrática como a todos interesa y a todos afecta, todos debemos financiarla. Creemos que ni el banquero ni los funcionarios del gobierno, quienes según lo han expresado se reunirán en el transcurso de los próximos días con grupos de empresarios para conseguir su ablandamiento, antes de dar palos de ciego en pro de un latrocinio, bien vale la pena intentar encontrar algunas de las causas por las cuales se producirá el desbalance de las finanzas públicas y buscar los remedios que en verdad curen de manera definitiva el desbordamiento del gasto público el cual es entre nosotros un mal endémico.

Antes de pensar en aumentar el tamaño de las exacciones o de crear otras nuevas, bien valdría la pena que alguien adelantara un juicioso análisis de la enorme cantidad de recursos sobre los cuales se halla sentado el Estado colombiano, a la manera de un mendigo avaro que terminará por consumirse en medio de su inmensa riqueza. Lo natural y lo obvio sería que la Cámara de Representantes volviera por sus orígenes históricos y empezara así a rescatar algo de su buen nombre perdido.

Sostiene el Contralor General de la Nación, con la autoridad que le confieren las prolongadas visitas que realiza a las instalaciones de todas las dependencias públicas, que las irregularidades identificadas por su despacho y relacionadas con el manejo de los excedentes de las regalías ascienden a la bicoca de $341.000 millones. Resulta increíble que el funcionario de mayor jerarquía en la estructura del Estado, elegido para el cargo por quienes el día de mañana tendrán que decidir sobre nuevos recursos para la Nación, permanezca como alelado con los hallazgos y no se comprometa con el país a mostrar a través de los medios a los responsables sujetados con cadenas y grilletes. De qué sirve exhibir el botín si nada les acontece a los comprometidos cuya identificación no es difícil.

De otra parte, el Contador General en la página web en la cual da cuenta de las actividades de su despacho, sostiene que “en los últimos años la cartera morosa del Estado asciende a $18.5 billones de pesos por concepto de impuestos y otros tributos. Según los datos consolidados por la Contaduría General de la Nación, en solo veinte (20) entidades se concentra el 90.64% de éstas acreencias, teniendo en cuenta que se clasifica como cartera morosa la cartera con antigüedad mayor a seis meses y una cuantía superior a cinco salarios mínimos mensuales legales vigentes.” Cualquier persona familiarizada con el manejo de una cartera, sabe que una concentración de semejante tamaño en tan pocos deudores constituye un enorme riesgo el cual compromete y afecta la gestión responsable de una entidad pública o privada y que en ésta última, tal desgreño bien puede constituir justa causa para la expulsión del funcionario de la empresa. Resulta imposible de imaginar siquiera que al Ministro de Hacienda no se le hubiera ocurrido enderezar semejante situación y en cambio prefiera emprender una reforma tributaria persiguiendo sustituir los ingresos que ya se han causado para el país pero que han sido pésimamente administrados. ¿Será que una reforma tributaria se puede conseguir sin hacer concesiones a quienes la aprueban?

Resulta indispensable volver a hablar, pero esta vez sí en serio, de las casi cincuenta zonas francas que les ha autorizado el gobierno a algunos riquitos expertos en trámites y manejo de papeles, quienes solo pagan impuesto sobre la renta del 15% mientras las restantes empresas pagan el 33%, “creadas” en momentos en los cuales nuestro comercio exterior se ha deprimido como nunca y que más parecen una versión de propia de las islas caimán o cualquier otro paraíso fiscal.

En aras de la decencia para con las generaciones futuras, de una vez por todas el país tiene que ponerle freno a la mano rota de alcaldes y gobernadores, quienes so pretexto de una autonomía que legitima toda suerte de desmanes, abusos y despilfarros, no solo está acabando con los recursos públicos sino con el ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de los colombianos.

Finalmente alguien tiene la obligación de darle una mirada, pero que produzca consecuencias legales, a ese esperpento denominado Dirección de Defensa Judicial de la Nación en donde hay pleitos pendientes por suma aproximada a los 120 billones de pesos, sin que semejante cifra tenga relación con los listados de los responsables del daño a la Nación y sin que tampoco el país vea sus caras. Allí el país se ha conformado con saber que existe una lista invisible de litigios, sin preocuparse cuánto le cuesta su solución.

Sigue pulso entre agencias y aerolíneas por tarifas aéreas

La decisión de unificar los precios de los tiquetes aéreos de Internet con los agentes de turismo quedó aplazada hasta la próxima semana.

Tras una semana de negociaciones entre los directivos de la Aeronáutica Civil –Aerocivil- y el gremio de las agencias de viaje Anato y sector aéreo Atac, con el ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, no lograron ningún acuerdo para lograr unificar los precios de los tiquetes aéreos de Internet con los agentes de turismo.

Una fuente del sector aéreo explicó que muy posiblemente la mesa negociadora no logró ningún acuerdo la semana pasada, tras la petición que le hizo el Gobierno a la Aerocivil de evaluar el impacto económico que generaría a los usuarios la nivelación de las tarifas, por lo cual la decisión sería anunciada la próxima semana cuando reanuden las negociaciones.

La propuesta de igualar los precios de venta de tiquetes aéreos entre Internet y agencias fue realizada por el presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo, Anato, Sergio Díaz-Granados, al presidente Álvaro Uribe en el Congreso de la Asociación, quien a su vez dirigió dicha petición al director de la Aerocivil, Fernando Sanclemente.

De acuerdo con Anato, el problema inició cuando las empresas aéreas empezaron a conceder tarifas especiales directamente a los usuarios que adquirían sus tiquetes por Internet, lo que ponía en desventaja a los intermediarios.

“Se estaba desvirtuando el papel de aglutinador del agente de viajes, por eso lo que estamos pidiendo es el restablecimiento de unas reglas de juego equitativas para ambos bandos”, declaró Díaz-Granados a los medios de comunicación. Sobre la demora para lograr un acuerdo, se abstuvo a opinar.

Las aerolíneas ofrecen tarifas preferenciales a los viajeros cuando éstos realizan la compra por Internet, ya que no deben cancelar el costo de la tarifa administrativa que cobra la agencia de viajes, lo que ha afectado de manera importante los ingresos de estas compañías.

Estrategias

Por su parte, Atac, gremio de las principales aerolíneas que operan en el país, y que tampoco quiso referirse a las negociaciones, destacó que las estrategias que adelantan las aerolíneas permiten a los usuarios contar con una atractiva oferta para viajar a destinos nacionales e internacionales en la temporada de vacaciones.

“En momentos en que la industria aérea pasa por un difícil momentos, las aerolíneas no escatiman esfuerzos para encontrar fórmulas que permitan brindar mejores beneficios a los usuarios. Esta apuesta refleja el dinamismo de nuestro sector y el objetivo de encontrar oportunidades que permitan un mejor desarrollo y desempeño de la industria”, precisó el presidente de Atac, Manuel Leal.

Atac prevé que estas medidas estimularán el tráfico aéreo y seguirán convirtiendo al transporte aéreo como una buena opción de viaje dentro y fuera del país por parte de las familias colombianas, este hecho sin duda, contribuirá al beneficio de todos los involucrados en el sector.

Voceros de las aerolíneas informaron que se abstienen de pronunciarse hasta cuando la Aerocivil emita una resolución definitiva sobre el tema.

Los empresarios creen que la desaceleración ya tocó fondo

Consideran que con los datos publicados por el Dane, el rendimiento anual del PIB será bajo, pero no decrecerá.

La desaceleración en la que entró la economía colombiana, ya habría tocado fondo, lo que hace prever que sectores como la industria y el comercio empiecen a recuperarse los próximos meses, coincidieron en afirmar ayer empresarios y gremios, tras confirmarse que Colombia entró en recesión técnica tras decrecer 0,6% en el primer trimestre de 2009.

Sobre el tema, el presidente de la Asociación del Sector Automotor y sus Partes –Asopartes-, Tulio Zuloaga, declaró que la confirmación de que el país estaba en recesión era algo que ya se conocía, sin embargo destacó que la desaceleración del sector automotor fue menor a lo previsto, lo que hace prever que lo peor ya pasó.

“El sector venía desacelerándose 29%, de acuerdo a las últimas cifras la caída es de 22%. Esto nos demuestra que la industria automotriz logrará superar los embates de la economía; sin embargo, reitero que ahora el país está en las manos de los bancos, pues de su interés en liberar más liquidez depende la salud de la economía”, explicó el dirigente gremial.

Para el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia –ANDI- Luis Carlos Villegas, “la recesión no empieza hoy, la recesión ya estaba desde el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año; yo pienso que las cifras del DANE lo que muestran es que la caída de la producción fue menor que la caída del último trimestre del año pasado, es decir que la curva ha rebotado. Hay sectores que tienen crecimientos positivos, desafortunadamente industria y comercio tienen comportamientos negativos, pero menos negativos de los que tuvimos al final del año 2008”.

Consumo

Y agregó que “si bien es técnicamente una recesión, me da la impresión de que lo que los datos muestran es que lo más grave de la crisis ya pasó, se está hablando del pasado, de marzo. A estas alturas, segundo semestre del año, creo que la economía ya está por el camino de la recuperación”.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero, opinó que la situación de la economía seguirá recuperándose, pues “el sector automotor logrará vender este año 180.000 vehículos y 350.000 motocicletas, una cifra bastante grande”.

Botero hizo un llamado para que los bancos liberen créditos de consumo con tasas más bajas. “En el comercio, el crédito es crucial para la gente y la realidad es que las tasas para consumo, especialmente en el caso de las tarjetas, están por las nubes”, dijo

Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias, Acopi, Norman Correa, lamentó que las medidas que utiliza el Gobierno para reactivar la economía sigan siendo muy demoradas e hizo un llamado a los bancos para que de manera inmediata y al igual que el Banco de la Republica reduzcan sus tasas.

“Según la Superfinanciera, en promedio el crédito de consumo está en 27 por ciento y el micro crédito está en 30,79 por ciento. Las empresas, especialmente las más grandes, por el contrario, sí se han visto más beneficiadas con la política expansionista del Banco de la República”, explicó Correa.

Crecimiento negativo de marzo confirma recesión económica

Con un retroceso de -0,6 por ciento en el primer trimestre de este año, el Dane confirmó oficialmente que Colombia está atravesando por un periodo de recesión económica. Esta situación negativa ya había sido advertida desde hace varias semanas, al analizar el comportamiento de sectores claves como la industria, el comercio, el transporte y la actividad agropecuaria.

Con estos resultados, el país está abocado a un mayor desempleo, al cierre de empresas y a una disminución del crédito. Sin embargo, los analistas esperan que sea este el momento en el que el Gobierno aplique medidas estructurales para evitar un descalabro mayor y se pueda salir cuanto antes de la recesión.

“Este es un momento crucial en que el Gobierno debe aplicar el remedio preciso para detener la enfermedad. Pero si sigue colocando pañitos de agua tibia, las cosas pueden empeorar en esta segunda parte del año”, sostuvo el analista y consultor Bernardo Ramírez.

Dentro de los nuevos datos suministrados por el Dane, destaca que se revisó el crecimiento para el último trimestre del 2008, al pasar del -0,7 por ciento al -1 por ciento.

Por su parte, el analista Eduardo Sarmiento, decano de Economía de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, quien con anticipación había advertido sobre el retroceso del crecimiento, dijo que “ahora el Gobierno debe corregir el rumbo tomando medidas de fondo, como preocupándose del mercado interno, ampliando el déficit, pero al mismo tiempo sustituir importaciones con una revisión de aranceles y elevando el salario mínimo. Solo así podríamos tener al final del año un aumento del Producto”.

Sarmiento sostuvo a este Diario que, en su opinión, el equipo económico del Ejecutivo, con el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, al mando, debe dejar de hacer caso a conceptos de entidades como Fedesarrollo y Anif cuando dicen que no se debe hacer nada sino dejar que la economía se revitalice por sí sola.
“Si hace caso a esas recomendaciones, el descalabro va a ser mayor”, afirmó.

Pudo ser peor

“El dato del primer trimestre pudo ser peor, pero la Semana Santa frenó el impacto porque de no ser así, el crecimiento negativo superaría con creces el 2 por ciento. Pero si el Gobierno no hace nada, vamos a pasar el año entrante de una recesión a un estancamiento”, señaló el experto economista.

De acuerdo a las cifras del Dane, el comportamiento positivo del sector financiero, la construcción y el consumo de electricidad, evitó una mayor caída del PIB entre enero y marzo de este año. Comparado con el trimestre inmediatamente anterior, el PIB ascendió en 0,2 por ciento.

Una de las mayores caídas en el crecimiento de la primera etapa del 2009 lo registró el valor agregado de la industria manufacturera, con una variación de -7,9 por ciento comparada con el mismo trimestre del año 2008; así mismo, una disminución de 0,8 por ciento frente al trimestre inmediatamente anterior.

A pesar de estos resultados contundentes, ayer tanto el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, como el director de Planeación Nacional, Esteban Pedrahita, y el gerente general del Banco de la República, José Darío Uribe, se resistieron a aceptar que el país esté en recesión por razones técnicas.

Sostuvo Zuluaga que el dato revelado por el Dane no es tan dramático como algunos analistas pronosticaban, lo que no obliga a cambiar los planes de la administración Uribe en materia económica, y que se mantendrá la meta para este año entre el 0,5 por ciento y el 1,5 por ciento.

El argumento del Gobierno es que técnicamente no se puede hablar de recesión porque ésta se define como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo respecto al trimestre inmediatamente anterior, y no como lo hacen algunos sectores del país, con dos datos trimestrales seguidos de crecimiento anual negativo.

Sin embargo, como lo demuestran las cifras de 1999, cuando el país estuvo en recesión, en su momento se tuvieron en cuenta los dos trimestres consecutivos con crecimiento negativo, como sucedió en el primero, que arrojó una cifra de -1,17 por ciento, y el segundo, de -0,87 por ciento, para resultar al final del año una cifra negativa de -4,20 por ciento.

Actividades negativas y positivas

Con respecto al comercio, en el primer trimestre de 2009 este sector presentó un descenso de 2,7 por ciento, explicado por la disminución en el valor agregado de los servicios de comercio, en 2,8 por ciento; de los servicios de reparación, en 1,5 por ciento; y de los servicios de hotelería y restaurantes, en 2,9 por ciento, todos comparados con el mismo período del año 2008. Al comparar el sector con el trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado decreció en 1,7 por ciento. Este resultado se debe a la caída de los servicios de comercio, en 1,7 por ciento; de los servicios de reparación, en 2,6 por ciento; y de los servicios hotelería y restaurantes, en 0,9 por ciento.

Al comparar el valor agregado sectorial del primer trimestre de 2009 frente al mismo período del año anterior, se observó una variación positiva de 4,7 por ciento. Este resultado se explica por aumentos en la producción de los servicios de intermediación financiera, de seguros y servicios conexos, en 7,9 por ciento; de los servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda, en 3,1 por ciento; y de los servicios a las empresas, en 3,6 por ciento. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el valor agregado de este sector aumentó en 2,2 por ciento. Este resultado obedeció a los aumentos en la producción de los servicios de intermediación financiera, de seguros y servicios conexos, en 4,1 por ciento; de los servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda, en 1,2 por ciento; y de los servicios a las empresas, en 1,7 por ciento.

Hoy quedará al desnudo la situación económica del país

Con la publicación de las cifras sobre el crecimiento se sabrá la verdadera magnitud de la recesión que está afectando a todos los sectores.

El retroceso de las exportaciones, el comercio, las ventas, la producción industrial y el aumento del desempleo, son elementos suficientes para contemplar que el crecimiento económico para el primer trimestre de este año será negativo, con lo que el país entrará en recesión técnica. Esta situación quedará despejada hoy, cuando el DANE dé a conocer el comportamiento del Producto Interno Bruto en los tres primeros meses del año.

De acuerdo a los analistas consultados, la única duda que se tiene es establecer la magnitud de las cifras, que sin duda dejará al descubierto la verdadera situación económica del país. “A los mercados no debe sorprenderles lo que hoy presente el DANE, ya que todos los indicadores de las distintas actividades han dado para que uno mismo haga las cuentas. Esto es como el estudiante que presenta un examen y de antemano ya sabe cómo será el resultado. Ahora lo que se quiere es comprobar hasta dónde ha llegado el retroceso del crecimiento y empezar a planear la forma de salir de este atolladero”, sostiene el analista de la Universidad Nacional, Jorge Rodríguez.

Sin duda el desplome de la economía en el cuarto trimestre del año pasado de -0,7 por ciento, marcó la pauta para que el país empezara a sentir el impacto no solo de la crisis financiera internacional, sino también del comportamiento interno.

Todas las previsiones señalan que las alertas anunciadas desde hace meses por varios analistas, ex ministros de Hacienda y expertos, no eran inventadas, y que la hecatombe que tanto temía el Gobierno es económica. Con las cifras de hoy, el DANE mostrará la profunda desaceleración del Producto.

El retroceso

Esta situación dará continuidad al desplome que se inició desde el año pasado cuando la economía creció 2,5 por ciento y obtuvo el mismo rendimiento que en el 2002, cuando el presidente Álvaro Uribe inició su mandato.

La caída del crecimiento entre octubre y diciembre del 2008 y en los primeros meses de este año no solo está demostrando la postración de la actividad, sino que está marcando el rumbo en contra de una profunda recesión.

Desde septiembre pasado, en que oficialmente empezó la crisis financiera mundial con la quiebra de Lethman Brothers en Estados Unidos, el país ya estaba afectado por una profunda desaceleración que incluso hizo que desde el primer trimestre del año pasado, la economía empezará a caer primero con un resultado con 4,1 por ciento, luego en junio descendió a 3,9 por ciento, en septiembre 2,9, para descender aparatosamente en diciembre a -0,7 por ciento.

La baja sensible de las exportaciones, de la industria, de la construcción y del comercio, sectores claves en la generación de empleo, ha incrementado el desempleo que actualmente está en 12,1 por ciento.

Aunque se podría señalar que la caída de estos sectores se debe al impacto de la crisis mundial, también fue el resultado de que tanto las empresas como el Gobierno no reaccionaron oportunamente a lo que se venía encima y prefirieron ver los toros desde la barrera. Así en distintos foros y eventos los ministros del equipo económico de la Administración Uribe declararan que Colombia no tendría graves problemas porque la economía estaba blindada, la verdad era que el virus de la recesión venía caminando silenciosamente, pero de manera notoria.

Para los ex ministros de Hacienda Juan Camilo Restrepo y Guillermo Perry Rubio era muy complicado que Colombia se salvara del escenario de la recesión, teniendo en cuenta lo ocurrido en el último trimestre del 2008 y lo que viene sucediendo a lo largo del 2009 con fuerte retroceso en la producción industrial, el comercio y en la actividad cafetera.

Venezuela debe a empresarios colombianos US$274 millones

Industriales y comerciantes advierten que la falta de pagos y la caída de la demanda nacional tienen al borde de la quiebra a varias empresas.

Las ventas a Venezuela, vía Comisión Administrativa de Divisas (Cadivi), tienen al borde de la quiebra a los empresarios colombianos, que le hicieron un llamado al Gobierno para que intermedie en agilizar el pago de 274 millones de dólares que les debe Venezuela por exportaciones a ese país.

El presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Camilo Montoya, explicó a EL NUEVO SIGLO, que dicha situación ya ha obligado el cierre de muchas microempresas de la región, pues su comercialización se realizaba directamente con el vecino país.

“Hemos optado por realizar eventos comerciales con el fin de invitar a compradores internacionales, y conquistar más plazas, pues el comercio con Venezuela definitivamente no es rentable para nuestros empresarios”, explicó.

Montoya hizo un llamado al Gobierno para que a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se logre un consenso con Caracas y se agilicen los pagos de la vía Comisión Administrativa de Divisas, Cadivi, que ya ascienden a 274 millones de dólares.

Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Textileros, Iván Amaya, señaló que la situación es particularmente crítica para las empresas de ese sector que ya han empezado a dejar de vender a Venezuela “por los problemas para obtener el pago”.

Junto a los textileros también solicitaron la intervención estatal los empresarios de partes para automóviles y los pequeños industriales.

Por su parte, el presidente de la Asociación del Sector Automotor y sus Partes (Asopartes), Tulio Zuloaga, explicó que los industriales nacionales tienen que esperar un año para el pago de las deudas y, teniendo en cuenta que ellos pueden dar máximo 60 días de crédito, la industria automotriz colombiana atraviesa uno de sus peores momentos.

De la misma forma, el presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), Norman Correa, apoyó esta propuesta y reiteró que en medio de la crisis por la que atraviesa la economía, el Gobierno deberá redoblar los esfuerzos para que ninguna razón ponga en peligro el estado de las pequeñas empresas colombianas.

El Fondo de Promoción de Exportaciones, Proexport, estimó en 274 millones de dólares las deudas atrasadas a las empresas colombianas. Venezuela mantiene un estricto régimen de control de cambios desde 2003.

En mayo, la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana estimó que las exportaciones colombianas hacia Venezuela, que en 2008 alcanzaron 6.000 millones de dólares, podrían caer este año en 18%, tras registrar una disminución de 5,7% entre enero y febrero.

La recesión económica sería más profunda a la esperada

Ante los últimos resultados negativos que han mostrado varios sectores fundamentales de la economía, los expertos creen que la recesión será más grave a la que espera el Gobierno, cuando al final de esta semana el DANE de a conocer los resultados oficiales del primer trimestre del año.

Aunque el equipo económico del presidente Álvaro Uribe ha sido reacio a considerar y aceptar que el país atraviesa por una recesión y en distintos foros habla de una desaceleración, desde hace varios meses EL NUEVO SIGLO y algunos analistas consideran que desde que el año pasado la actividad está marcada por esta condición técnica negativa.

“El Gobierno ha sido terco al reconocer que estamos en recesión, eso lo estamos viviendo desde el año pasado, cuando ya la industria estaba registrando un comportamiento negativo. Eso lo sabe el Presidente Álvaro Uribe, ya que en varios oportunidades se lo hemos comunicado, e incluso yo mismo le he expuesto la urgente necesidad de un cambio de modelo para contrarrestar esta situación negativa, pero vemos que no hay reacción y cada vez se profundiza la crisis”, sostuvo Eduardo Sarmiento, actual decano de economía de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito.

Por otra parte, si nos atenemos a que desde marzo del año pasado cuando el crecimiento registró un resultado de 4,11 por ciento, comenzó el derrumbe en serie de la economía desde el 2008: de 3,93 por ciento en junio, de 2,88 por ciento en septiembre y de -0,67 por ciento en diciembre para un registro total de 2,53 por ciento, cuando en el 2007 el Producto Interno Bruto, PIB, fue de 7,5 por ciento.

En vista de las dificultades fiscales y confirmando lo que ya señalaba el comportamiento de la economía, el Gobierno decidió reducir a la mitad la previsión de crecimiento económico para el 2010, al situarlo en 2,5 por ciento, y estimó para este año un incremento del PIB entre el 0,5 y el 1,5 por ciento.

Las cifras

Estas cifras, difundidas por el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, al presentar el nuevo Marco Fiscal para el mediano plazo, son muy inferiores a la registradas en el 2007, cuando la economía colombiana se expandió un 7,5 por ciento, la cifra más alta en los últimos 30 años.

Inicialmente, el Ejecutivo había previsto para este año un aumento del PIB del 3,5 por ciento, mientras que para 2010 del 5 por ciento. Sin embargo, debido a la crisis financiera mundial, la cartera de finanzas tuvo que reconocer el enorme hueco fiscal de 11,8 billones de pesos para este año y de 18,3 billones de pesos para el 2010.

"Esta reducción de los ingresos se traslada al balance fiscal, pero es importante resaltar que esta desmejora fiscal no obedece a un incremento de los gastos", aseguró el titular de la cartera de finanzas.

Recordó el ministro que el Fondo Monetario Internacional, FMI, al aprobar a Colombia una línea de crédito flexible por 10.400 millones de dólares, hizo la estimación de un déficit del 4,4 por ciento del PIB para 2010.

“Ese enorme hueco fiscal que debe cubrirse con más endeudamiento en un momento en que el mercado externo tiene restringido el crédito, dificulta más un viraje al comportamiento de la economía y reduce el margen de maniobra del Gobierno, ya que en aspecto de crecimiento no hay fórmulas mágicas inmediatas, pero si se retrasan las medidas, será mayor el problema de la recesión”, asegura el analista y consultor Bernardo Ramírez.

Una muestra de la profunda recesión del país lo ha dado el resultado adverso en abril de este año de la producción industrial de -14,5 por ciento, mientras el empleo y las ventas cayeron 6,9 y 12,1 por ciento, respectivamente. En el acumulado del año, la producción alcanza un retroceso de 9,3 por ciento, marcado principalmente por la contracción de la producción de vehículos automotores en -47,0 por ciento.

Crecimiento sería de -0,7%

Esta semana se conocerán los datos del producto interno bruto (PIB) del primer trimestre en Colombia. La proyección de los analistas del Bancolombia es de una caída de -0.7 por ciento. Los factores que más afectan el crecimiento son la caída del consumo de los hogares y la contracción de las exportaciones. Ambas apuntan a mejores datos cada mes que va pasando y confirman un segundo semestre de reactivación, aunque lenta. De acuerdo a los expertos, se observa mejor actividad en las demandas de crédito y en los volúmenes exportados además de mejores precios de intercambio de commodities para el país. Una amenaza reciente era la continua y agresiva apreciación de la tasa de cambio. Tal vez por esto, y como la entidad financiera anticipó en su momento, el Gobierno tendría que recostarse en la deuda interna, amainando la oferta de dólares en la cuenta de capitales, con lo cual la tendencia de la tasa de cambio presentaría una corrección alcista.

El crecimiento de -0.7 por ciento dejaría a Colombia como uno de los países que menos ha sufrido con la crisis externa, en comparación con la actividad de marzo del 2008 y señalaría el éxito del marco prudencial que cada vez más en foros internacionales le reconocen al país. Indican los analistas de Bancolombia que con este dato de crecimiento y con la solidez financiera de la economía, el país va camino a obtener la calificación positiva por parte de las agencias calificadoras de riesgo, pero probablemente la necesidad de reformas estructurales se confirme con la senda de bajo crecimiento en el 2010. La necesidad de reformas estructurales sería señalada por las mismas agencias para otorgar al país el grado de inversión.

Ultimátum comercial de Panamá a Colombia

El intercambio entre ambas naciones superará los 600 millones de dólares registrados el año pasado

Un nuevo plazo por 15 días fijó el Gobierno Panameño a Colombia tras no lograr algún acuerdo sobre el litigio comercial que enfrentan los dos países ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), quien el pasado 21 de mayo falló en contra de las restricciones comerciales impuestas por Bogotá a productos de la zona franca panameña.

Sobre el tema, el viceministro de Comercio e Industria de Panamá, Severo Sousa, declaró a los medios de comunicación, que dicho plazo se da luego de que “se cumplieran los 30 primeros días de plazo para que nos pusiéramos de acuerdo y no hemos llegado a ese acuerdo”.

Sousa confirmó las partes tienen ahora otros 15 días para intentar alcanzar una solución conjunta.

Durante las negociaciones, Colombia propuso realizar una reforma integral de su sistema de valoración en aduanas, dicho mecanismo permitirá al país centroamericano regular los precios de los productos que estarían entrando desde el país centroamericano. Esta petición fue rechazada por Panamá porque llevaría mucho tiempo.

“Colombia ha demostrado una voluntad excelente”, dijo el funcionario panameño, pero para desmantelar todas estas medidas “ellos necesitan hacer una reforma integral y eso llevaría mucho tiempo”, porque podía implicar consultas interinstitucionales e incluso legislativas, dijo Sousa.

Panamá descarta esperar tanto tiempo y aboga por restablecer la venta en las condiciones que dice la sanción de la OMC, “en el tiempo más corto posible”, dijo Sousa.

Sanción

El 22 de junio de 2007, Colombia expidió la resolución 7373, la cual autorizaba el ingreso de mercancías procedentes de Panamá solo a través de las aduanas de Barranquilla y Bogotá, y estableció la declaración anticipada para textiles.

Posteriormente, expidió resoluciones con precios indicativos para las mercancías procedentes de ese país.

Sin embargo, un panel de la OMC consideró que “Colombia no ofreció evidencias suficientes” de que se estuvieran presentando casos de contrabando y lavado de activos, razón por la cual decidió condenar estas medidas y solicitar su eliminación.

El veredicto establece que tales medidas restringen la entrada de estos artículos panameños a dos puertos (el aeropuerto de Bogotá y el puerto marítimo de Barranquilla) y contradicen disposiciones del acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio (GATT) de 1994.

Por ahora, el Gobierno colombiano continúa analizando la posibilidad de aumentar los aranceles a los productos involucrados en el litigio. De acuerdo con el viceministro de Comercio Exterior, Eduardo Muñoz, la medida permitirá que no haya efectos negativos en las cadenas productivas ni en el comercio.

“Hoy, los textiles tienen una tarifa del 15 por ciento, mientras que las confecciones y los artículos de cuero pagan un arancel del 20 por ciento. Los topes permitidos por la OMC, son del 35 por ciento y 40 por ciento, respectivamente, lo que nos indica que no estaríamos violando dichos tomes” dijo Muñoz.

Si en los próximos 15 días, estas restricciones comerciales no se levantan, la OMC emitirá una resolución donde se tomen en cuenta las sugerencias realizadas por nuestro país.

Productos agrícolas frenan TLC entre andinos y UE

La nueva reunión que se celebrará en Lima buscará destrabar temas polémicos como el acceso a productos como banano, azúcar y etanol

Las diferencias arancelarias para productos agrícolas como azúcar y banano se convirtieron en el mayor obstáculo que deberán atravesar los negociadores andinos (Colombia, Perú y Ecuador) para concretar su Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea.

Sobre el tema, el jefe del equipo negociador europeo, Rupert Schlegenich, explicó que por la complejidad del acuerdo, los negociadores decidieron ampliar las reuniones, por lo cual definieron reunirse el próximo 20 de julio en Lima, Perú.

“Si todas esas diferencias se solventan, es posible que Perú y Colombia cierren el acuerdo comercial con la UE en Lima, pero no Ecuador, que negocia a menor ritmo y retrasaría su incorporación hasta aclarar si la adopción de esos compromisos no es contraria a su Constitución”, agregó Schlegenich.

El negociador europeo explicó que en el tema arancelario para el banano y el azúcar “hicimos ofertas bastante ambiciosas y podemos avanzar un poco más”. Sin embargo, los países productores en Europa declararon que no aceptarán cualquier tipo de acuerdo que negocie la UE con países latinoamericanos o multilateralmente que ponga en peligro su producción.

Actualmente el arancel que la UE cobra a los países andinos es de 176 euros por tonelada de banano y, según el negociador europeo, la oferta europea prevé una rebaja de más del 30 por ciento y la eliminación de las restricciones a la cantidad. Sobre el azúcar, se prevé que Europa elimine el arancel.

Por su parte, los europeos esperan un “mejor” acceso de sus productos agrícolas y vehículos a Colombia, que tiene unos aranceles muy altos para ambos sectores, en algunos casos superiores al 30 por ciento.

Sobre el tema, el jefe negociador colombiano, Santiago Pardo, insistió en “la necesidad de una liberalización total del mercado del banano”, aunque admitió que ese punto “constituye un tema complejo”.

Colombia y Ecuador, junto con Costa Rica -que son los tres principales productores mundiales de banano-, llevan a cabo, con apoyo de Estados Unidos, una iniciativa para que Europa elimine el arancel que impone a las importaciones de esa fruta, con el que busca proteger los intereses de sus antiguas colonias en África y de sus provincias de ultramar.

Hace un año la Unión Europea había llegado a un compromiso para reducir paulatinamente ese arancel de 176 euros hasta 114 en un plazo de ocho años, pero tras el fracaso de las conversaciones de la ronda de Doha de la OMC, la delegación europea dio marcha atrás y desconoció lo pactado.

La suerte del otro producto agrícola, el azúcar, también ha hecho más difícil alcanzar el acuerdo.
Sin embargo, Schlegenich señaló que en ese tema hay una propuesta de Colombia, que podría “ayudar a resolver este asunto”.

Aunque el negociador evitó dar más detalles, indicó que de ninguna manera se aceptará una liberalización total de las exportaciones de azúcar de la Comunidad Andina, pero sí se podría alcanzar un esquema de cuotas “que crecería habitualmente”.

La ronda de Bogotá fue la cuarta desde la reanudación de las negociaciones en febrero, tras el fracaso inicial de un diálogo entre la UE y el conjunto de la Comunidad Andina de Naciones (CAN: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú).

Caída de industria automotriz jalona al comercio minorista

En abril, las líneas de mercancía que presentaron las mayores reducciones en sus ventas fueron vehículos automotores y motocicletas, con un descenso de -41.4 por ciento.

La dramática situación por la que atraviesa la industria automotriz, que en abril se desplomó 64 por ciento, jalonó la caída del comercio minorista, que registró una disminución de 7,1 por ciento tras la caída de -41.4 por ciento en la comercialización de vehículos automotores y motocicletas durante el mismo mes, reveló un informe del DANE.

Sobre la coyuntura, el presidente de la Asociación del sector automotor y sus partes, Asopartes, Tulio Zuloaga, explicó que dicha caída amenaza la estabilidad de miles de empleos que genera el sector, pues ya muchas plantas han dejado de exportar por completo sus vehículos y autopartes a Ecuador y han reducido a dos mil el número de autos que enviaban a Venezuela, cuando dicha la cifra era superior a sesenta mil.

“El sector se ha esforzado por llegar a nuevas plazas con el fin de suplir la demanda que prácticamente está frenada con los vecinos”, dijo Zuloaga.

De acuerdo con el informe del DANE, el empleo generado por el comercio minorista en el cuarto mes del año disminuyó 4,5 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior. Se destaca el comportamiento del personal temporal contratado a través de empresas especializadas en el suministro de personal, con una variación de -14,9 por ciento y una contribución de -2,4 puntos porcentuales a la variación total.

Créditos

El Presidente de Asopartes hizo un llamado a los bancos para que incentiven sus créditos de consumo y permitan que más colombianos puedan adquirir vehículos. “Creemos que lo peor ya pasó y vienen tiempos mejores. El dato de inflación de mayo, el cual fue de 0,01 por ciento, los recortes que ha hecho el Banco de la República a las tasas de interés y la estabilidad en el precio de la gasolina son factores que incidirán en que la economía mejorará a futuro”, agregó Zuloaga.

Sobre la línea de crédito que puso a disposición el Gobierno por 500.000 millones de pesos, a través de Bancoldex, como plan de salvamento de la industria, Zuloaga lamentó que dicha iniciativa no lograra su objetivo, pues consideró que para la compra de vehículos los colombianos siempre optan por la utilización de créditos de consumo.

“Por eso reitero un llamado a los bancos en Colombia para que generen más liquidez en lo que se refiere a los créditos de consumo, y animen a los colombianos a comprar vehículos, que si bien no es la única solución, el mercado nacional podrá sostener los empleos del sector, mientras logramos posicionarnos en nuevas plazas comerciales”, dijo Tulio Zuloaga.

Según Asopartes, entre enero y marzo de este año fueron comercializados 45.000 carros, con un promedio de 15.000 por mes. “Los comerciantes le están apostando a que este año se puedan vender 180.000 vehículos, que sigue siendo una buena cifra, a pesar de que el año pasado se vendieron 219.000”, dijo Zuloaga.

En Cúcuta se construye Altovento

La constructora IC Inmobiliaria desarrollará el Centro Empresarial Altovento, un macroproyecto multifuncional que reunirá en un mismo espacio un hotel, apartasuites, oficinas y ciudadela comercial.

El proyecto -localizado estratégicamente en pleno centro de la ciudad- contará con una inversión inicial que supera los 25 mil millones de pesos y dispondrá de un área de 26.577 metros cuadrados.

En Altovento llama la atención la propuesta arquitectónica de vanguardia, basada en un diseño de construcción sostenible y en estrategias bioclimáticas que permiten utilizar racionalmente los recursos climáticos de su entorno.

Esto va en la línea de la arquitectura sostenible, que busca disminuir el consumo de energía y contribuir a reducir el impacto en el medio ambiente.

Según Felipe Carrizosa, presidente de IC Inmobiliaria, el diseño bioclimático permitirá también el ahorro en el uso del aire acondicionado de hasta 50 por ciento, la conservación de recursos hídricos (con la recolección de 1.800 metros cúbicos de aguas lluvias para desagües sanitarios) y el aislamiento térmico de la radiación solar, a través de ángulos de protección que disminuirán el aporte calorífico en los ambientes, el uso eficiente de la luz y la ventilación natural y el manejo acústico en zonas exteriores.

"De esta forma Cúcuta acoge, por primera vez, un complejo arquitectónico basado en el concepto de arquitectura con responsabilidad social", anota Carrizosa, quien agrega que Altovento tendrá una fachada flotante, 108 oficinas, 36 apartasuites, 55 habitaciones para hotel, 26 locales y 3 áreas de parqueadero.

Se estima que el monto de venta supere los 60 mil millones de pesos y se calcula que el proyecto en su primera fase generará 500 empleos directos.

"Con este macroproyecto se potencializa el crecimiento inmobiliario, turístico y económico de esta zona fronteriza del país", concluye el presidente de IC Inmobiliaria.

La firma encargada del proyecto

IC Inmobiliaria, la empresa responsable de la construcción del centro empresarial Altovento, tiene 40 años de experiencia en Colombia en proyectos de gran envergadura en las ciudades más importantes del país.

A esto hay que sumarle su participación en obras en países como Brasil y Guatemala, lo que la ubica entre el grupo de compañías que han traspasado barreras y han dejado el nombre de la arquitectura y la construcción colombiana en alto.

Felipe Carrizosa, presidente de IC Inmobiliaria, reitera que una de las bondades de la obra es la reducción del impacto en el entorno. "A esto debemos sumarles el confort y la calidad ambiental de los espacios interiores y exteriores.

Para ello, precisamente, utilizamos los recursos constructivos locales y la tecnología del lugar, de gran ayuda para sacar adelante el proyecto que, de hecho, será el primero basado en el concepto de arquitectura con responsabilidad social que se construye en Cúcuta en los últimos 15 años", concluyó el presidente de la empresa constructora.

Producción industrial baja 14,5% y sigue en caída libre

Los efectos de la recesión económica ya se están sintiendo con fuerza en esta actividad, una de las más golpeadas ante el cierre de créditos y la reducción de las exportaciones

Como ya se preveía por los resultados preliminares, la industria manufacturera siguió con su caída libre durante este año, al registrar la producción un retroceso en abril de 14,5 por ciento. Así lo dio a conocer el DANE. A su vez, tanto el empleo como las ventas cayeron 6,9 y 12,1 por ciento, respectivamente, durante el mismo periodo.
Con este resultado, entre enero y abril la producción acumuló una disminución de 9,3 por ciento.

En los resultados del mes, según la entidad encuestadora, el comportamiento está explicado principalmente por la menor producción de las industrias de vehículos automotores (-64,3 por ciento), prendas de vestir (-36,9 por ciento), industrias básicas de hierro y acero (-21,8 por ciento), productos de molinería y almidones (-17,3 por ciento) y otros productos alimenticios (-17,5 por ciento).

Mientras tanto, el empleo del sector fabril, sin incluir la trilla de café, disminuyó 6,9 por ciento frente al mismo mes de 2008. De acuerdo con el tipo de contrato, el personal vinculado en forma indefinida por el sector fabril disminuyó 2,3 por ciento, mientras que el personal contratado a término fijo se contrajo 12,1 por ciento. El personal permanente (contrato a término indefinido) representó el 56,1 por ciento del total de la ocupación laboral en el mes.

Por su parte, las ventas de la industria efectuadas en punto de fábrica decrecieron 12,1 por ciento respecto al mes de abril de 2008. Este resultado obedeció principalmente a la reducción en las ventas de vehículos automotores (-50,9 por ciento), prendas de vestir (-29,9 por ciento), minerales no metálicos (-12,8 por ciento) y otros productos alimenticios (-15,3 por ciento).

Acumulado

De otro lado, entre enero y abril de 2009 la producción manufacturera disminuyó 9,3 por ciento. El resultado del primer tercio del año estuvo principalmente marcado por la contracción de la producción de vehículos automotores (-47,0 por ciento), prendas de vestir (-26,7 por ciento), productos de molinería y almidones (-15,4 por ciento), sustancias químicas básicas (-13,7 por ciento) e industrias básicas de hierro y acero (-13,8 por ciento), actividades que en conjunto restaron 5,0 puntos porcentuales a la variación total del sector fabril.

El empleo generado por la industria manufacturera, sin incluir trilla de café, disminuyó 6,4 por ciento frente al mismo período de 2008. Entre las actividades que realizaron los mayores aportes negativos a la variación del empleo se destacan: prendas de vestir (-14,2 por ciento), hilatura, tejedura y acabado de productos textiles (-11,1 por ciento), otros productos químicos (-5,8 por ciento), productos de plástico (-6,4 por ciento) y otros productos textiles (-22,5 por ciento), cuyo aporte conjunto fue de 3,1 puntos porcentuales negativos.

En los últimos doce meses hasta abril de 2009, la producción real de la industria manufacturera se redujo 7,4 por ciento. Este comportamiento se debió fundamentalmente a la reducción de la producción de las industrias de vehículos automotores (-46,1 por ciento), productos de molinería y almidones (-13,5 por ciento), prendas de vestir (-18,1 por ciento) y refinación del petróleo (-11,1 por ciento).

En este período, 10 subsectores industriales registraron variaciones positivas, destacándose por sus mayores contribuciones al total las actividades de: producción, transformación y conservación de carne y pescado (8,4 por ciento), papel, cartón y sus productos (2,8 por ciento), industrias básicas de metales preciosos y metales no ferrosos (10,8 por ciento), otros productos químicos (1,3 por ciento) y actividades de impresión (8,4 por ciento).

En este mismo período, la ocupación laboral del sector se redujo 3,8 por ciento. Este indicador esta principalmente explicado por la disminución del personal vinculado directamente a los procesos productivos (-4,7 por ciento). Según tipo de contrato, el personal permanente disminuyó 0,5 por ciento y el personal temporal se redujo 7,5 por ciento. En este mismo sentido, las ventas reportadas por los industriales en el último año hasta abril, se redujeron 6,4 por ciento.

Gobierno prepara cascada de impuestos a clase media

Sin tener en cuenta el actual momento que vive el país por culpa de la crisis económica, el Ejecutivo insiste en la necesidad de llevar a cabo un ajuste tributario

Una verdadera polvareda produjo ayer la insistencia del Gobierno de dejar permanente el impuesto de guerra para garantizar su política de seguridad democrática. El presidente Álvaro Uribe anunció, incluso, que en la próxima legislatura del Congreso que se iniciará el 20 de junio, presentará un proyecto de ajuste tributario, que golpeará más a la clase media.

El mandatario confirmó que su Administración no impulsará otra reforma tributaria. Entre los ajustes, figura la extensión del impuesto al patrimonio o tributo de guerra, para que sea mayor el volumen de colombianos que paguen el estipendio, pero también se pretende aumentar el valor del seguro obligatorio para motocicletas y automóviles, recursos que se destinarían para el sistema de salud.

Asimismo, el presidente Uribe manifestó que el equipo económico está estudiando la posibilidad de cobrar peaje a las motocicletas y los impuestos de registro.

El Gobierno, en vista de las dificultades presupuestarias, buscará también modificar las fuentes de financiación del Fondo de Estabilización de Cartera Hipotecaria y se propondrán medidas que eviten la evasión de impuestos.

"Yo creería que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de garantizar en lo fundamental estabilidad en las normas tributarias. No quiere decir que el gobierno no reconozca que hay que hacer ajustes", explicó Uribe.

En ese sentido, el Ejecutivo descartó que haya un desmonte de los incentivos tributarios para los inversionistas o que se modifique el cobro del impuesto del IVA.

Para el analista y catedrático, Bernardo Ramírez, estas medidas tienden a complicar la situación para miles de colombianos que hoy sufren las consecuencias de la crisis económica y que ya no dan abasto con tantos impuestos.

El experto sostuvo que “en lugar de buscar otras fuentes de financiamiento como acabar con las exenciones tributarias o beneficios de los que gozan muchos empresarios, el Gobierno se viene lanza en ristre con una gran volumen de colombianos que apenas tienen cómo sostenerse, cuidándose de no perder su empleo y cumplir con las obligaciones tributarias actuales. Por eso no creo que ahora esa población tenga margen para pagar más impuestos”.

A favor y en contra

Por otra parte, varios gremios se mostraron a favor del impuesto de guerra que oficialmente debe finalizar en el 2010. Ese fue el caso de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif. Su presidente, Sergio Clavijo, sostuvo en un foro realizado ayer en el Hotel Tequendama, que el Gobierno debe sustituir el actual impuesto de guerra, por un tributo que se cobre a la clase media.

La entidad gremial sugirió aplicar el impuesto a patrimonios netos superiores a los 200 millones de pesos. Hasta el año entrante, inclusive, el tributo a la guerra lo pagan más de 7.400 empresas y personas naturales con patrimonios por encima de los 3.000 millones de pesos.

Clavijo, insinuó que se debería cobrar una tarifa entre el 0,5 al 0,7 por ciento. Con este ajuste, cerca de 350.000 colombianos al menos pagaran el gravamen que el Gobierno plantea para financiar la política de la seguridad democrática a partir del 2011.

Por su parte, el ex codirector del Banco de la República y actual decano de economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Salomón Kalmanovitz, se mostró partidario en mantener el impuesto al patrimonio para financiar la seguridad democrática, porque considera que es un tributo progresivo. No obstante, sugirió extender su cobro a los propietarios de tierra.

A su vez, el director de Fedesarrollo, Roberto Steiner, dijo que la propuesta del Gobierno debe ser ampliamente debatida, aunque reconoció que se requiere de una fuente de financiación más duradera que apoye los gastos que demandar la seguridad democrática.

Tanto la Anif como Fedesarrollo, consideran que más que ajustes impositivos, el país requiere con urgencia una reforma estructural.

Para lograr ambientar el proyecto de extender el impuesto de guerra a más sectores de la población, el Gobierno por intermedio del Ministro de Hacienda, Oscar Iván Zuluaga, sostuvo que inmediatamente entablará un diálogo con el sector privado para convencerlos de la necesidad de extender dicho tributo.

Para el otro año, la Administración del presidente Álvaro Uribe, prevé un faltante de 18,3 billones de pesos. Este enorme descuadre debe a la caída en el ritmo de crecimiento económico, los menores ingresos tributarios y petroleros, y los mayores pagos de intereses de la deuda externa.

Impuesto al patrimonio será fijo a partir del 2011

En vista de las complicaciones que tiene actualmente para financiar su presupuesto para la Seguridad Democrática, el Gobierno contempla la posibilidad de extender el cobro del impuesto al patrimonio a más colombianos y empresas a partir del 2011, sostuvo el ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga al dar a conocer el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el que reveló el enorme descuadre de las finanzas del Estado, como ya lo había anticipado.

De acuerdo con el funcionario, “es responsabilidad del Gobierno garantizar el cumplimiento de la política de Seguridad Democrática, y como el impuesto al patrimonio vence en el 2010, buscamos una compensación a este esfuerzo de garantizar un mejoramiento en el clima de inversión y rentabilidad para las empresas. Para ello requerimos de por lo menos un billón de pesos adicionales, con lo que así podríamos cubrir las necesidades en el mantenimiento de los equipos para las Fuerzas Militares”.

En el 2008 los colombianos pagaron tres cuotas y este año deberán cubrir otros dos porcentajes de este tributo que aplica para aquellas personas naturales o jurídicas con patrimonio superior a 3.000 millones de pesos.

Sin embargo, queda la duda de qué pasará con aquellas exenciones y garantías que el Gobierno brindó a una buena cantidad de personas y compañías que se acogieron a la ley.

Para el analista de la Universidad Nacional, Jorge Rodríguez, “el Gobierno va a tener que hacer de mago para poder explicar porqué muchos empresarios están gozando de exenciones y otros no, al querer extender el impuesto al patrimonio y con lo que pretende recoger un billón de pesos adicional a lo que ya obtuvo entre el 2008 y el 2009”.

Las compras

Según el ministro Zuluaga, con lo que recogieron por este tributo en el 2008, compraron armamento y otros equipos para las Fuerzas Militares, por lo que actualmente son menores las necesidades para el 2009 y 2010, pero a partir del 2011 deberán obtener más recursos para cubrir el mantenimiento de esos equipos.

El funcionario insistió en la necesidad de establecer un diálogo con el sector privado para convencerlo de la urgente necesidad de este impuesto.

Por otro lado, al exponer el Marco Fiscal, el Gobierno precisó que para el año entrante el hueco será de 18,3 billones de pesos, mientras el déficit del sector público consolidado será equivalente al 3,4 por ciento del Producto Interno Bruto.

Este enorme descuadre del presupuesto se debe fundamentalmente a la caída en el ritmo de crecimiento económico, los menores ingresos tributarios y petroleros, el retroceso en los ingresos de capital, los gastos que demandará el proceso electoral, las mayores partidas para el pago de intereses de la deuda externa y el aumento del pie de fuerza, explicó el encargado de la cartera de Hacienda.

Sin embargo, para paliar este rezago en las finanzas en el 2010, el Gobierno prevé que los ingresos totales de la Nación caerán de 16,1 a 14,5 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto, equivalente a nueve billones de pesos. De otro lado, el proceso electoral tendrá un costo presupuestal en el 2010 de 420 mil millones.

El Gobierno informó que buena parte del déficit será cubierta con endeudamiento externo por 3.750 millones de dólares, de los cuales 1.500 millones adicionales los conseguirá mediante la emisión de Bonos Soberanos, y 2.250 millones con organismos multilaterales de crédito. La otra medida para cubrir el faltante será mediante la emisión de TES por 26,1 billones de pesos y privatizaciones, entre las que espera vender a la empresa Geselca.

A pesar de estos inconvenientes en el Presupuesto, el ministro Zuluaga aseguró que no será sacrificada la inversión pública y en el caso del programa Familias en Acción, precisó que la plata alcanzará para dar apoyos a dos millones 600 mil hogares pobres.

Asimismo, ratificó la meta de déficit fiscal del sector público consolidado para el 2009, ya ajustada, en el 2,4 por ciento que viene a representar un faltante de 11,8 billones de pesos que ya está financiado.

"Creemos que los avances logrados en materia de política fiscal durante los últimos años le permiten al Gobierno, con serenidad, la estabilidad y credibilidad de las finanzas públicas, en un contexto de crisis y sin comprometer la sostenibilidad en el mediano plazo”, aseguró Zuluaga.

Insistió el Ministro que “no estamos sacrificando la inversión, no estamos sacrificando la economía en un momento en que se requiere mayor demanda pública pero sin perder la sostenibilidad de la política en el mediano plazo”.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo

Desde el tercer trimestre de 2008, Colombia, al igual que el resto de países, está sufriendo por el choque externo transitorio de la crisis económica internacional, catalogada como la más aguda de los últimos 80 años. Frente a dicha situación, la política económica ha utilizado una amplia gama de mecanismos para aliviar los impactos en materia de empleo y crecimiento.

A pesar de los efectos transitorios que ha implicado la crisis financiera internacional, la orientación de la política fiscal colombiana ha sido acertada y así lo reconocen los mercados externos que mantienen su confianza en el futuro de la economía nacional. Varios hechos así lo confirman, siendo uno de los últimos cuando la calificadora DBRS otorgó el grado de inversión a Colombia (deuda externa e interna).

Para 2009, el Gobierno mantiene la meta de déficit del Gobierno Nacional Central en 3,7% del Producto Interno Bruto y la del Sector Público Consolidado en 2,4% del PIB. En materia de financiamiento para el año 2009, el Gobierno ya tiene asegurados la totalidad de los recursos externos por 4.650 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones fueron obtenidos mediante la emisión de Bonos Soberanos el 6 de enero y otros 1.000 millones los consiguieron el 14 de abril como prefinanciamiento para 2010, que están en caja. Los otros 2.650 millones de dólares fueron contratados con las entidades multilaterales de crédito.

Plan 250 Mil y Decreto 1779, una apuesta por el trabajo

Con el apoyo del Gobierno, crecen las oportunidades de formación tecnológica para miles de jóvenes, que buscan asimismo el respaldo de los empresarios.

Mayo resultó ser un mes de buenas noticias para el trabajo. En la primera semana, el SENA puso en marcha el Plan 250 Mil, que busca dar oportunidades de formación técnica y tecnológica a esa misma cantidad de jóvenes del país. Como complemento, el Gobierno expidió, diez días después, el decreto 1779, con el cual las empresas pueden ampliar voluntariamente su cuota de aprendices SENA. Ahora, para que esas dos iniciativas surtan efecto, el turno lo tienen los empleadores.

La dos medidas oficiales han generado expectativa entre empresarios, trabajadores y aprendices, toda vez que la magnitud de sus alcances han dado para hacer desde las más optimistas especulaciones hasta creer que, por ejemplo, la aplicación del decreto se puede prestar incluso para reducir, bajo un manto de legalidad, los contratos actuales. Cabe señalar con claridad que la medida busca proteger el empleo actual de las empresas y fortalecerlas con recurso humano con competencias de alto nivel.

Se trata de dos acciones que tienen como objetivo enfrentar el flagelo del desempleo, dotar al aparato productivo colombiano de talento humano calificado que le aportará productividad y competitividad en estos tiempos de crisis, y darles oportunidades de formación laboral a jóvenes desempleados, menores de 30 años, pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisbén, y de los estratos 1, 2 y 3, de todo el país, con énfasis en las 13 ciudades con mayores índices de desocupación.

Balance

Precisamente, los datos que arrojó la jornada de inscripción correspondiente a la primera convocatoria del Plan 250 Mil, efectuada los pasados 7 y 8 de mayo, permiten establecer el grado de acogida que ha tenido el plan del SENA en esos sectores de la población.

Los 115 Centros de Formación de la entidad ofrecieron 106.087 cupos a través de la Web, para los cuales se inscribieron, en total, 204.644 personas. Eso, en términos porcentuales, significa que prácticamente el promedio de inscritos fue cercano a dos aspirantes por cada cupo.

Del Plan 250 Mil hacen parte 187 programas de formación, en su mayoría innovadores, que obedecen a planes tecnológicos surgidos a partir de los procesos de Prospectiva y Vigilancia Tecnológica del SENA, cuyo propósito es anticipar los cambios futuros relacionados con la demanda por recurso humano y con el desarrollo e implementación de tecnologías.

Entre esos programas, que constituyen en una respuesta efectiva a las necesidades actuales y futuras de las regiones, están telemedicina, 3D, nanomateriales, PLM, biotecnología aplicada y agronómica, caracterizados por generar mayor valor y demanda y, por consiguiente, mayor crecimiento económico.

Para poderlos desarrollar, la entidad ha venido preparando su plataforma tecnológica y hoy dispone con la red virtual más poderosa del país con más de 50.000 computadores conectados a Internet y con novedosos ambientes de formación.

Los jóvenes inscritos en este proceso comenzaron su formación el 28 de mayo. La segunda convocatoria del Plan 250 Mil será en agosto, y la tercera, en octubre. Las dos convocatorias restantes están programadas para el año 2010.

Cuota de aprendices

El segundo pilar de esta estrategia contra el desempleo y a favor de la productividad es el Decreto 1779. Desde el punto de vista de los empleadores, esa norma significa un motor de propulsión, ya que pueden ampliar a voluntad la cuota de aprendices en sus instalaciones sin afectar los actuales contratos de trabajo.

Si bien el Decreto establece que las primeras favorecidas con la medida serán las empresas que no hayan reducido, en los tres meses anteriores a la fecha en que solicitan al SENA la aplicación del beneficio, el número de empleados vinculados, ni reduzcan la nómina durante la vigencia de los contratos de aprendizaje, también aclara que las que se ven obligadas a recortar sus nóminas deberán reducir proporcionalmente el número de aprendices voluntarios que desean.

Esa protección a la nómina desvirtúa la posibilidad de pauperización del empleo. Lo que provoca el Decreto es una transición del joven en preparación, que se quiere dar a conocer en las empresas -un objetivo difícil de alcanzar, por ejemplo, para los muchachos que están en las calles-, a un trabajador con una relación laboral permanente, como ocurre en la mayoría de los casos de los aprendices SENA que llegan a las empresas.

Para efectos de la vinculación de aprendices SENA, el Decreto establece cuatro grandes grupos de empresas. Primero las que tienen entre 1 y 14 empleados, que podrán incorporar un número de aprendices que no supere el 50% del total de empleados de planta. Así se da impulso a la pequeña y mediana empresa, que en la actualidad no pueden contar con aprendices SENA.

Los otros tres rangos funcionarán así: las empresas que tienen entre 15 y 50 empleados (podrán vincular un número de aprendices que no supere el 40% del total de su planta), las de entre 51 y 200 trabajadores (que podrán hacer contratos de aprendizaje hasta con un número de aprendices que no supere el 30% de la nómina) y las de más de 200 empleados (que sólo podrán contar con tantos aprendices como el equivalente al 20% de su nómina).

Así, el Decreto 1779 cambia las proporciones del número de aprendices y empleados en las empresas, al modificar el parágrafo 1 y derogar el 3 del artículo 11 del decreto 933 de 2003, que limitaban la vinculación de aprendices SENA mediante contrato de aprendizaje.

La acogida del Decreto por parte de los empresarios tendrá efectos que trascenderán las instalaciones físicas de sus empresas porque rescatarán su papel coformador como una concreción del principio de solidaridad empresarial para la formación de ciudadanos. Su participación activa suma para el beneficio de su propia empresa y dará oportunidad a miles de jóvenes que están adquiriendo y desarrollando los conocimientos, competencias, destrezas y aptitudes necesarias en el mundo laboral de hoy.

Se trata de un escenario ideal en el que se formaría la juventud colombiana de forma práctica, no sólo en estos tiempos de dificultades, sino para los que vienen. Será, en otras palabras, un aporte al desarrollo y la paz del país.

El crecimiento de nuestra miseria

A contrapelo del esfuerzo incesante que realizan los países desarrollados por hacer crecer sus niveles de riqueza, para irrigarla luego a lo largo de su pirámide social y hacer que los ingresos materiales y espirituales de todos crezcan, entre nosotros por alcanzar los objetivos de la denominada seguridad democrática, tarea en la cual para infortunio de todos no puede el país hacer concesión alguna ni ser abandonado el timón de mando por un segundo, pareciera que los aspectos vinculados de manera directa con la situación, la calidad de vida y las posibilidades de realización personal de todos, en especial de quienes integran los cada vez mayores conglomerados de compatriotas de menores ingresos, la mala suerte los ha dejado en manos de burócratas insensibles y desinformados y por ende irresponsables, quienes vienen jugando a construir marañas y dificultades malaconsejadas, sin que les importe lealmente la suerte que puedan correr los sectores a quienes pretenden aplicarles todos los absurdos que se les antojan.

Con enorme sentido de solidaridad social y como expresión de sus convicciones éticas, en cuestión de décadas algunos empresarios colombianos fueron marcando los hitos que habrían de asegurar el terreno sobre el cual campearían la dignidad del trabajador, el bienestar de su familia, la equidad de su remuneración, los sistemas para su ascenso espiritual en fin, las todas las condiciones para asegurar su desarrollo integral. La estupenda consecuencia de este desinteresado esfuerzo, fue el cambio de escenario para discutir sobre las reivindicaciones obreras, haciendo tránsito desde la empresa hacia el sector público, en donde para mal del país la interlocución no logró sustraerse a la acción política, consecuencia de los mesianismos mal entendidos y de los manuales para violentos y resentidos.

Desde hace algún tiempo algunos insensatos vienen intentando construir una especie de “teoría del miserabilismo”, o teoría sobre la bondad de la miseria, según la cual si a la acumulación de riqueza en manos de alguien no se le deben colocar límites, la pauperización o la miseria creciente hacia abajo tampoco los debe tener y en esto descansa la nueva equidad social. Lo increíble es que la insensatez pueda hacer carrera.

Por años hemos debido tolerar las hirsutas posiciones de fundaciones, corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, exceptuadas de cualquier forma de control público o privado, que no alcanzan a ser ni una ONG ni un gremio, mucho menos una universidad o una academia, pero que se sienten autorizados para opinar sobre cualquier tema que sus empleados perciben que “paga”. Sus estatutos carecen de ideología porque dentro de su objeto social está la investigación por contratos, no existe posibilidad alguna de comprobar el rigor científico o técnico de sus miembros, porque cualquier cosa que necesiten afirmar se respalda en últimas con una “encuesta de opinión”.

Es así como pretenden hoy hacernos creer que para hacerle frente a las dificultades es preciso “flexibilizar la política salarial” del país para conseguir que el salario mínimo se reduzca en términos reales “cuando hay signos claros de desaceleración económica.” Para probar su verdad hacen comparaciones entre el PIB per cápita de Colombia, versus Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Japón, para concluir que “el salario mínimo en Colombia es bastante elevado”. Luego nos comparan con Nicaragua y Argentina, para afirmar que por razón del valor del salario mínimo entre nosotros existe una alta tasa de desempleo. Desde luego que quienes así piensan, no se han ganado jamás un salario mínimo, y tampoco nunca han pagado un salario mínimo. No creen en los derechos adquiridos de los trabajadores ni en nada de lo que las Cortes han dicho en sus sentencias acerca de la remuneración mínima. Subestiman la Constitución Nacional, el derecho del trabajo y la importación del denominado bloque de constitucionalidad que nos ha hecho pétreos los convenios y resoluciones de la OIT.

La flexibilización de la política salarial es un eufemismo mediante el cual proponen disminuir el ingreso de los trabajadores y por ende golpear el ingreso familiar. Estos silogismos van haciendo carrera porque se convierten en titulares de prensa, los cuales constituyen la médula dialéctica de quienes se sientan a negociar sobre el tema, empezando por los propios funcionarios públicos. A los negociadores del salario mínimo no se les exige precalificación alguna y están exentos de cualquier responsabilidad social y legal.

Luego vienen otros de igual o similar procedencia quienes sostienen: “la evidencia empírica muestra que el impacto de la presencia conjunta, en Colombia, de un salario mínimo elevado como proporción del medio y altas contribuciones no salariales (las más altas de Latinoamérica) es muy perverso y, en particular mucho más que el impacto de cada una de estas rigideces por separado”. El eufemismo ahora significa “muerte a las cajas de compensación, al ICBF y al SENA”.

Las mentes de quienes buscan la generalización y profundización de la miseria, intentan venderle al país la teoría sobre la bondad de una “pensión inferior al salario mínimo”. A semejante iniciativa que pretende constituir la solución a la no despreciable cantidad de trece millones de colombianos, confesión que debería avergonzar a cualquier país, ya ha sido bautizada como BEP, divisa o enseña del nuevo eufemismo que traduce Beneficio Económico Periódico, y con lo cual se pretende eludir de manera tramposa el mandato constitucional que prohíbe las pensiones por debajo del salario mínimo.

Para completar la tramoya el adalid es el Ministro de Hacienda quien desplazó por razones más que obvias al Ministro de la Protección Social. El trámite de la iniciativa ha resultado tan atropellado, que aún no se sabe a ciencia cierta si existen estudios actuariales que permitan determinar el pago de la prestación, que como dicen no es pensión, pero que se financiaría con aportes de las empresas, parte del aporte de los trabajadores activos en la actualidad, y parte con los aportes que habrían realizado los trabajadores y que nunca reclamaron el reconocimiento de su pensión y que habiéndolo hecho, les fue negado el derecho. Al parecer lo de menos es la solvencia del nuevo sistema, porque al fin y al cabo los ingresos corrientes del presupuesto algún tendrán que salir a cubrir la nueva prestación. Entre tanto que sigan haciendo a los pobres más pobres, a fin de ver si logramos salir del atolladero.

La verdadera hecatombe

El senador Jorge Enrique Robledo acaba de publicar el libro: “La verdadera Hecatombe. El debate del TLC permanece”. Si bien la aprobación de este Tratado por el momento se encuentra paralizada en Estados Unidos, existe un gran peligro en la proyectada firma de un Acuerdo con la Unión Europea a fines de 2009, el cual promete ser aún peor que el TLC con EU. Este libro, ameno y al mismo tiempo riguroso por sus conceptos teóricos y por la muy amplia documentación aportada, debería ser lectura obligada para todos los colombianos que deseen conocer el verdadero contenido de lo negociado. El autor desnuda la real dimensión de esta entrega de los intereses de Colombia basándose en los textos y en las reformas a este Tratado. Su lectura además devela como la grotesca caricaturización que ha hecho el gobierno y sus aliados a los opositores del TLC no corresponden a la realidad. Como aclara Robledo, las exportaciones y las relaciones con el exterior son necesarias y pueden ser constructivas, pero sobre bases de soberanía, dignidad y reciprocidad, de manera que el desarrollo contemple el avance del sistema productivo en función del fortalecimiento del mercado interno y de la superación de la miseria y la pobreza para todos y no sólo de una exclusiva minoría.

Este libro analiza paso a paso los profundos daños infligidos a Colombia en tantos y tan trascendentales campos de la vida nacional: la producción, el manejo y regulación de la economía, a financiación del desarrollo, la educación y la cultura, las telecomunicaciones, el medio ambiente, etc.

Lo negociado en agricultura fue una verdadera “masacre agropecuaria”, Se ignoraron las cuantiosas ayudas a la agricultura en EU, y en el más surrealista de los mundos se otorgó a ese país trato especial y diferenciado al aceptar que todo lo que concedamos a terceros países mediante tratados se otorgará automáticamente a su agricultura, pero esta regla no es recíproca para nuestra agricultura. En síntesis, en este sector, dice Robledo, Estados Unidos “renuncia a sembrar los productos tropicales que el clima le impide cosechar, mientras que Colombia se condena a no producir los bienes no tropicales que la naturaleza le permite sembrar”; es decir, abandona cualquier atisbo de seguridad alimentaria, uno de los fundamentos de la soberanía nacional. Se especializa en “productos postre”, cuyo mercado ni siquiera está garantizado en EU, pues tiene que competir con el resto del mundo.

En la industria, los resultados fueron igualmente lamentables. Basta señalar que el TLC en la práctica sepulta la Comunidad Andina, al pulverizar el arancel externo común. Un estudio realizado por el BID señala los grandes riesgos de pérdidas de comercio intrandino y de las correspondientes exportaciones de Colombia a esos destinos, las cuales son en su inmensa mayoría bienes manufacturados de mayor valor agregado que el de las materias primas y petróleo con destino a Estados Unidos; estas últimas revelan una especialización del atraso productivo que el TLC fortalece.

En materia de propiedad intelectual el descalabro para Colombia no tuvo límites. “Si hubiera que escoger un solo aspecto para demostrar lo indeseable del TLC, serviría más que de sobra el capítulo del campo de los medicamentos”, dice Robledo. Según estudio de la OMS-OPS, el aumento de los precios de medicamentos puede llegar a US$ 940 millones anuales, lo que significa enfermedad y muerte para millones de colombianos, los más pobres, y mayores costos para la salud pública. El atentado en propiedad intelectual abarca igualmente la biodiversidad, las industrias química, agroquímica, electrónica, las telecomunicaciones, la genética, la de nuevos materiales, en fin el desarrollo de todas las industrias será afectado por las prohibiciones a la competencia, bajo todo un manto legal, que no pudieron imponernos en la OMC pero que dócilmente fue aceptado por el gobierno en contra de los colombianos.

Lo concedido a la inversión extranjera tiene particular gravedad para el futuro de Colombia y sus posibilidades de progreso. No sólo se prohíbe imponer condiciones a los inversionistas extranjeros como por ejemplo, generación de empleo o de exportaciones, sino que la cláusula de “expropiación e indemnización” y la figura de expropiación indirecta atentan contra las posibilidades de legislar y reglamentar la economía y todos los terrenos de la vida nacional, pues si éstas afectan las ganancias de dichos inversionistas, ellos podrán reclamar indemnización del Estado colombiano. Tamaño atropello a la soberanía, cuyas cláusulas, advierte el autor, no cabe duda serán utilizadas, como ilustran las experiencias de México y Canadá en el Nafta, quienes tuvieron que pagar indemnizaciones a transnacionales por intentar medidas de protección del medio ambiente, y como revela la amenaza de AFIDRO, gremio de las transnacionales farmacéuticas extranjeras, ante una borrador de reglamentación sobre controles a los precios de los medicamentos en Colombia.

Ni siquiera para prevenir y enfrentar las crisis el TLC le dejó instrumentos a Colombia; ni para protegerse de los capitales especulativos cuya dimensión es colosal, ni para aplicar remedios o medidas cautelares, pues este tratado prohíbe los controles a los capitales supuestamente a más de un año, pero si se leen los anexos, ni siquiera los permite en este breve plazo. Tampoco el TLC contiene la cláusula de Salvaguardia de Balanza de Pagos con la que Colombia se protege en otros tratados ante dificultades externas, permitiéndole ahorrar divisas y utilizarlas en usos prioritarios. Solo le queda el camino del ajuste mediante reducción del consumo nacional para disminuir las importaciones, a través de medidas recesivas y reducción de los salarios.

¡Increíbles concesiones frente a los descalabros financieros y las imperfecciones de estos mercados que hoy resultan inequívocas para el mundo entero, pero que igualmente eran suficientemente conocidas desde hace muchos años por la academia y las numerosas experiencias de crisis!

Estos y muchos otros temas de enorme trascendencia para los colombianos son analizados por Robledo en su valioso e importante libro cuya lectura recomiendo especialmente.

Y como no pueden desmentir estas y muchas otras sólidas verdades del senador Robledo con argumentos, han optado por el camino de la infame calumnia.