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En el balance consolidado del año pasado, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central, GNC, fue de 2,3 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, es decir 11 billones de pesos. Aunque el Ejecutivo continuó gastando más de lo que percibe de ingresos, ahora lo hace en menor cuantía que un año antes. Sin embargo, este déficit se ha convertido en una camisa de fuerza, que le impide al Gobierno agrandar ese hueco para impulsar la reactivación de la economía, como lo señalan algunos expertos.
“Ese margen del déficit permite al Gobierno un manejo de las finanzas amplio porque puede extenderlo hasta un límite cercano al 6 por ciento para poder reactivar la economía o por lo menos frenar la desaceleración del crecimiento. Ese es un manejo que lo puede hacer sin tener complicaciones de un menor déficit que es como freno de seguridad que no permite inyectar liquidez a los mercados”, sostuvo el analista Bernardo Ramírez.
A lo largo del 2008, los gastos fueron de 86,1 billones de pesos, mientras los recaudos fueron de 75 billones de pesos. Sin embargo, estos resultados implican un menor déficit frente al estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2008 (MFMP 2008), en el cual se proyectaba un balance fiscal del GNC de 2,6 por ciento del PIB para el año anterior, y un déficit a financiar de 2,9 por ciento del PIB.
Durante 2008, el recaudo tributario continuó siendo la principal fuente de recursos, al participar con el 85,7 por ciento en el total de los ingresos del GNC, seguido por los ingresos de fondos especiales que corresponden al 12,2 por ciento del total de los recursos. Así, el recaudo tributario se ubicó 0,5 puntos porcentuales del PIB por debajo de lo estimado, como consecuencia principalmente de dos factores.
Renta e IVA
El primer factor estuvo asociado con la mayor desaceleración de la actividad económica interna frente a lo inicialmente proyectado. Esta desaceleración fue particularmente más marcada en el segundo semestre del año. Ello afectó el recaudo por impuesto de renta e IVA.
Por otra parte, en los primeros meses del año se registró una fuerte revaluación que influyó negativamente sobre el recaudo de impuestos externos. Sin embargo, el mejor desempeño de los ingresos de capital que alcanzaron 9.1 billones de pesos (1,9 por ciento del PIB), con respecto a lo inicialmente proyectado en 7 billones de pesos, es decir 1,5 por ciento del PIB, compensó el resultado anterior.
Por su parte, el gasto del GNC en 2008 fue inferior en 0,1 puntos porcentuales del PIB en relación con el estimado por el Ejecutivo. De esta manera, el gasto total ascendió a 86,1 billones de pesos (18,1 por ciento del PIB), frente a 86,9 billones de pesos (18,2 por ciento del PIB) estimado inicialmente. Este mejor resultado obedeció a menores gastos de funcionamiento, especialmente por concepto de transferencias, los cuales no alcanzaron a ser compensados por los mayores gastos de intereses y de inversión.
Del total de gastos, el 54 por ciento correspondió a transferencias, 18 por ciento estuvo asociado al pago de intereses de deuda (internos y externos), 12 por ciento se destinó a inversión, 11 por ciento al gasto por servicios personales, 4 por ciento a gastos generales y el restante correspondió al préstamo neto.
Por imponer condiciones particulares a las importaciones de ciertos textiles, vestidos y calzados procedentes de Panamá o de la Zona de Libre Comercio de Colón, Colombia violó las normas comerciales internacionales, según una decisión arbitral de la Organización Mundial del Comercio, OMC.
De acuerdo con el veredicto, que fue publicado ayer por la OMC, dichas medidas lideradas por Colombia restringieron la entrada de artículos de vestir desde Panamá directamente al aeropuerto de Bogotá y al puerto marítimo de Barranquilla, decisión que evade las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT, de 1994.
De esta restricción general quedan exentos los bienes que tienen como destino final países distintos a Colombia, siempre y cuando sean transferidos de una línea de transportes a otra (trans-shipment), y otros considerados bajo otras excepciones.
A este respecto, los expertos de la OMC determinaron que “la restricción tiene un efecto de limitación en las importaciones, reduciendo la competitividad para textiles, vestidos y calzados llegados de Panamá o de la Zona de Libre Comercio de Colón, ZLC”.
La OMC criticó la disposición colombiana que obliga a los importadores a utilizar un precio indicativo para la valoración aduanera de sus bienes, pues considera que “no constituye un medio razonable” (de valoración aduanera) ni “consecuente” con un acuerdo internacional sobre esta cuestión.
Hace dos años, Panamá demandó a Colombia, su segundo cliente más importante de la ZLC, por imponer precios indicativos y restricciones de los puertos de entrada a algunos productos de la zona franca.
El embajador de Panamá ante la OMC, Norman Harris, declaró a medios locales que una vez declarado dicho fallo, los países tendrán cinco días para apelar el resultado.
Fallo
El dictamen de la Organización también considera ilegal, de acuerdo a las normas internacionales, que Colombia exija a los importadores presentar una declaración de importación por adelantado, pagar los aranceles e impuestos igualmente por adelantado, así como presentar una declaración legalizada y pagar cuando haya diferencias de peso y talla que excedan ciertos márgenes.
“Si no lo hacen, los bienes son clasificados como legalmente abandonados”, explica el documento.
Explicó la Organización que mientras las importaciones de textiles, vestidos y calzados de otros puntos de salida (diferente a Panamá) pueden presentar una declaración adelantada, no son obligados a hacerlo, ni a pagar antes los aranceles y otros impuestos”.
Algunas de estas medidas restrictivas fueron justificadas por Colombia como necesarias para la lucha contra el contrabando y la subfacturación, ante lo cual los expertos de la OMC concluyeron que este país "no ofreció evidencias suficientes" que demostrasen tal relación.
Desde de hoy, a través de los medios de comunicación, se inicia una campaña de sensibilización para concoer como adelantar los trámites y consultas en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
Este registro es un sistema que centralizará la información del tránsito nacional y unificará los datos de once Registros Nacionales. Su función es validar, registrar y autorizar las transacciones de transporte, en línea y en tiempo real. Desde el 4 de mayo los ciudadanos pueden hacer su autodeclaración en red.
A partir de la puesta en operación del RUNT, los colombianos experimentaremos una nueva forma de adelantar los trámites y consultas relacionadas con los registros incorporados en un gran sistema de información nacional, esto quiere decir, que será registrada la información de la totalidad de los vehículos, así como las características propias de cada automotor, conductor y empresa de transporte, en una sola base de datos.
En esta central de información podrá ser consultado, desde la declaración de importación, hasta el número de chasis y motor de cada vehículo, motocicleta, camión y demás medios de transporte motorizados.
El RUNT incluirá toda la información disponible sobre conductores, licencias, empresas del sector y trámites, para lograr así, un flujo seguro de la información, desde su origen en el momento de realización de los trámites, su registro en el RUNT y su posterior consulta.
Todo ello con el fin de facilitar los procedimientos y trámites a los ciudadanos, evitar los fraudes y, sobre todo, la intermediación en algunos de los procesos de tránsito y transporte.
Otro aspecto importante es la confrontación de identidad de los ciudadanos que adelanten trámites de la licencia de conducción y adquisición y traspaso de vehículos, confrontación que se hará con la base de datos de la Registraduria Nacional del Estado Civil a través de la huella digital.
Esta plataforma unificará la información de los siguientes Registros Nacionales: De Automotores; de Conductores; de Transporte Público y Privado; de Licencias de Tránsito; de Infracciones de Tránsito; de Centros de Enseñanza Automovilística; el Registro Nacional de Seguros; el de personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que prestan servicios al sector público; el de Remolques y Semirremolques; el de Accidentes de Tránsito; y el Registro Nacional de Maquinaria Agrícola y de Construcción Autopropulsada.
Todas las personas que lo deseen pueden ingresar a ver la información del RUNT a través de Internet. Sin embargo, este sistema estará regido por distintos niveles de acceso, cumplimiento las exigencias legales para el intercambio de información como, confiabilidad, seguridad, privacidad y uso de la información, entre otras.
En total, la compañía les debe 1,2 millones de dólares. Los nacionales han tenido que recurrir a créditos para subsistir y siguen esperando respuesta.
El arroz, el cacao, la palma de aceite y hasta la piscicultura son ahora las alternativas que tienen para vivir. Ellos se cansaron de esperar el pago que desde agosto del 2008 le adeuda el Central Azucarero del Táchira (Cazta C.A.), por la exportación diaria al vecino país de la caña de azúcar.
"Me aburrí de que pasaban los días y nada que nos llegaba la plata. Por eso, corté toda la caña que tenía y en ese terreno sembré arroz, del cual ya recogí la primera cosecha", confiesa Orlando Aguilar, uno de los nueve socios de la Cooperativa de Cañicultores del Valle del Río Zulia (Coopecaña), que se vio obligado a separarse del gremio y dedicarse a otra actividad agroindustrial de la zona.
En los últimos ocho meses, la entidad ha perdido cerca de 220 hectáreas, que hasta mediados del año pasado hacían parte de las casi 700 hectáreas de donde los cañicultores de Norte de Santander exportaban unas 90.000 toneladas anuales de caña de azúcar al ingenio venezolano, ubicado en el fronterizo municipio de Ureña, a escasos 10 minutos de Cúcuta.
Édgar Fuentes, gerente de Coopecaña, asegura que el problema radica en que desde el 11 de agosto del 2008 Cazta no ha podido pagarles 1,2 millones de dólares (que al cambio actual son cerca de 2.794 millones de pesos) correspondientes a 27.000 toneladas enviadas el año pasado a la planta venezolana.
"Hemos buscado ayuda a través de los organismos oficiales de ambos países, ya hubo intervención de la cancillería colombiana en Caracas y el caso ha llegado a oídos, incluso, de los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez, pero hasta ahora no hay una solución", explica Fuentes, quien dice que la situación ya tocó fondo entre los cañicultores, que han acudido a todo tipo de créditos para poder subsistir.
Las directivas de Cazta han explicado que su imposibilidad de pago a los cañicultores nortesantandereanos se debe a que la Comisión Administradora de Divisas (Cadivi) aún no les ha autorizado la entrega de divisas, pues es esa entidad la que hace la operación internacional del dinero a través del banco Central de Venezuela al Banco de la República de Colombia.
Esta semana, los ministros de Economía y Finanzas de Venezuela, Alí Rodríguez, y de Comercio, Eduardo Samán, dijeron al gobierno de Colombia que se agilizará el trámite para que Cadivi apruebe los recursos que necesitan los importadores de ese país para pagar deudas a empresas nacionales, que hoy llegan a más de 260 millones de dólares, de los cuales 23 millones corresponden al sector agroindustrial.
Pero mientras eso ocurra, la cosecha de caña que debía iniciarse el pasado 18 de febrero empieza a perderse. "La caña en su proceso vegetativo tienen unos picos y ya subió al máximo para cortar, después viene un decaimiento en su sacarosa y aunque se puede cortar, se corre el riesgo de nadie la compre", advierte Fuentes.
El pasado 17 de abril “El Tiempo” publicó una noticia reveladora de la naturaleza de la gran transformación laboral ocurrida en Colombia. Ésta además fue ilustrada con la fotografía de una madre con su hijo sonriendo. ¿Se había ganado la lotería? NO. Ella sólo había logrado que su empleo fuera a término indefinido en la principal cadena comercial del país. La noticia por supuesto ameritaba gran celebración, pues la probabilidad de tener un empleo a término indefinido en Colombia equivale casi a ganarse la lotería. Tan asombroso resulta lograrlo, que “el acto de vinculación de Hilda Lucía y las otras 2005 personas…fue presidido por el Ministro de la protección Social, Diego Palacio...”. Según esta noticia, “el Éxito tiene 57.000 empleados, de los cuales 25.000 son directos y el resto por outsourcing”. Y como si fuera poco, el año pasado hizo un drástico recorte de personal debido a su integración con Carulla Vivero. ¡Cuánto hemos descendido en la escala del bienestar social! La noticia es elocuente al respecto. Tan profundo ha sido el empeoramiento de las condiciones laborales y el deterioro distributivo, que se celebra con bombos y platillos que el mayor supermercado del país firme unos contratos a término fijo, en vez de avergonzarnos porque la mayoría de sus empleos son informales así se les bautice en inglés, y se esconda igualmente el trato que dan muchas de las cadenas de supermercados a sus proveedores y a empacadores; estos últimos ni siquiera cuentan con sueldo en muchas de ellas, ante la vista gorda del mal llamado ministro de Protección Social.
Sería una visión muy fragmentada ignorar que también hay razones para el optimismo, pues por el contrario a otros colombianos les ha ido muy bien; por ejemplo a los hijos del presidente Uribe. Quizás fruto de una inteligencia privilegiada pues ellos sí supieron utilizar con gran destreza, en su favor, las generosas exenciones ideadas por el gobierno de su padre; así, un lote comprado en 2006, gracias a esas leyes y a un cambio del uso de la tierra dado por el alcalde de Mosquera, experimentó una valorización exorbitante, según investigación de Daniel Coronell. ¡Qué suerte! ¡Y qué talento tienen estos jóvenes!, pues según el ministro de Comercio hay en total 47 zonas francas con esas garantías. 47 zonas francas y 42 millones de colombianos. Definitivamente son muy hábiles empresarios los hijos del presidente para haber logrado dicha adjudicación. En contraste la mayoría de los colombianos no son tan brillantes y no supieron aprovechar las oportunidades que el mismo gobierno dictó para ellos, como recortarles la remuneración de las horas extras, o eliminarles la mesada catorce a las pensiones, entre otras “garantías” diseñadas para la clase trabajadora. Tampoco supieron aprovechar otros cambios ocurridos desde los noventa en que las pensiones pasaron a ser en su mayoría un jugoso negocio privado. Los resultados de dichas reformas han sido más que insatisfactorios. Ni la mitad de los afiliados a los fondos privados podrá pensionarse, según estudio realizado por Alejandro Reveiz, Gabriel Piraquive, Carlos León y Freddy Castro, investigadores del el Banco Mundial, El DNP y el Banco de la República. La situación para las mujeres es aún más grave pues “…6 de cada 10 mujeres lo cotizado durante su vida laboral (en tiempo y /o en dinero) ni siquiera les alcanzará para tener derecho a una pensión” (El Tiempo 23-4-09). Pero estos resultados no fueron óbice para que los propietarios de estos fondos obtuviesen elevados beneficios aún en las épocas más difíciles y cuando los dineros de los afiliados registraban cuantiosas pérdidas, como ocurrió hace un año. Y aún cuando hoy los fondos registran elevadas ganancias por valorización de los títulos de deuda pública, su riesgo para los afiliados dadas las circunstancias actuales es muy elevado. Tampoco la razón para haber privatizado las pensiones, de ser causantes de déficit fiscal, justifica la reforma pues sin duda estos fondos alimentan el déficit fiscal. La mitad del portafolio de los mismos está constituido por títulos de deuda pública que les pagan cuantiosos intereses.
Luego lo que sucedió es que estos recursos de afiliaciones están dando la vuelta para engordar los bolsillos de los propietarios de dichos fondos, sin que los colombianos hayan mejorado la seguridad social para la vejez como lo revela el estudio citado. Y en estos profundos contrastes de política según clases de ciudadanos, las enseñas del gobierno “la Gran Confianza Inversionista” y “La Seguridad Democrática”, no cobijan a un importante número de colombianos. Tal es el caso de los asesinatos de colombianos inermes por parte de miembros de la fuerza pública, que según titular de El Nuevo Siglo, ocurrieron al menos en la mitad del territorio nacional. ¡Imperdonable! más aún cuando existían denuncias e hipótesis de ejecuciones extrajudiciales incluso de Naciones Unidas, pero el ala protectora de “la seguridad democrática” se extravió cuando se trató de proteger la vida de quizás miles de jóvenes. Tampoco la seguridad democrática cobijó a 380.863 personas los cuales, según cifras de Codhes fueron desplazados en 2008, 24% más que en el 2007, y mucho menos a líderes de la población desplazada asesinados pues, pese a amenazas, el Estado no supo protegerlos.
Las garantías del Estado se han concentrado en cambio en los derechos y beneficios económicos de los grandes capitales, inversionistas en zonas francas, e inversionistas extranjeros. Las Política del gobierno fragmentan cada día más a la sociedad colombiana. Mientras unos gozan de todas las garantías aún afectando los derechos de los colombianos, para otros no existe la más mínima protección de los más elementales derechos como el de la privacidad, violado mil veces a los valerosos miembros de la Corte Suprema de Justicia y a periodistas y opositores bajo un régimen cada vez más comprobadamente ilegítimo. Su herencia en materia distributiva no tiene antecedentes; reformas laborales y pensionales que recortan derechos, y leyes que conceden favores y garantías en contra de los intereses de los colombianos y bajo las cuales se arropan los propios hijos del presidente.
La frecuencia inusitada con que este mecanismo ha sido utilizado por los transportadores, está lesionando a la economía del país.
Como inapropiado y peligroso para la economía nacional, calificó el Consejo Gremial Nacional el cese de actividades que desarrolla desde el miércoles el gremio de los camioneros, con el fin de exigir al Gobierno reducir los precios de los combustibles y cumplir acuerdos firmados en el paro que adelantaron en 2008.
El gremio, que reúne a los empresarios del sector privado, expresó que “rechaza las medidas de fuerza empleadas por los transportadores para presionar la adopción de determinadas soluciones y consideramos violatorio del derecho de libre circulación de aquellos que, estando en desacuerdo con el cese de actividades, se ven forzados a no ejercer su derecho al trabajo”.
Los empresarios también reiteraron que la frecuencia inusitada con que este mecanismo ha sido utilizado, lesiona el desarrollo y el crecimiento económico, en beneficio de intereses particulares y políticos, en momentos en que la economía está mostrando una apremiante disminución de su actividad en casi todos los sectores.
“No es admisible en circunstancia alguna, someter al país a una parálisis del transporte de carga por carretera, lo cual pone en alto riesgo la industria nacional, la comercialización de bienes, el desarrollo normal de las principales actividades agropecuarias y los mismos intereses del sector transportador con su afectación en la integridad de sus asociados y de sus propios equipos y haberes. Sus peticiones han sido atendidas por las autoridades en los últimos años”, dijo el Consejo Gremial.
En los últimos años el país ha sufrido 17 paros camioneros que han restringido el comercio exterior y vulnerado seriamente la competitividad de la economía nacional. En todos estos eventos, la solución prevalente siempre ha sido el aumento de la tabla de fletes, incluso dejando de lado la necesidad de especialización, modernización y eficiencia que el transporte moderno requiere para poner la economía a tono con los requerimientos de los mercados internaciones.
Negociación
Por su parte, el Gobierno convocó una mesa de negociaciones para el próximo 27 de abril a las 8 de la mañana, donde buscará acordar con los transportadores de carga un reintegro de sus actividades.
El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, Jorge García González, dijo a EL NUEVO SIGLO que se mantendrán en sus peticiones, las cuales encabeza la de reducir de nuevo el precio de los combustibles y un aumento en los precios de los fletes de carga.
“Aunque el Gobierno y algunos medios de comunicación persistan en decir que el paro anda a media marcha, insistimos en mantener las inmovilizaciones hasta que el Gobierno atienda nuestras peticiones”, dijo el Presidente de la ACC.
El decreto que emitió el Gobierno para que los vehículos empiecen a utilizar a partir del primero de enero del 2012 una mezcla del 85 por ciento de etanol y solo 15 por ciento de gasolina, generó desconcierto en el mercado automotor colombiano. Para los expertos, Colombia no está preparada para comenzar a utilizar esta mezcla que actualmente ningún país tiene implementada, ni siquiera Brasil que es el más adelantado en el uso del etanol.
Independientemente de las razones que tuvo el Gobierno para expedir esta norma, ni el parque automotor ni los expendios cuentan con los equipos para desarrollar esta tecnología.
Según el propietario de una comercializadora de vehículos, Jorge Cortés, “para utilizar esa mezcla en que es mayor el porcentaje de etanol, actualmente no hay ningún motor que pueda desarrollarla. Habría que reemplazar no solo los motores de los carros, sino también toda la parte de inyección, las mangueras, la carburación, saldría más cara la adecuación que comprarse un vehículo nuevo. Es decir que Colombia debería cambiar todo su parque automotor, que es en su mayor parte viejo”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, Hernando Barrero, dijo que “los fabricantes de vehículos tendrán que modificar la estructura de los motores para que resistan las nuevas especificaciones que establece el decreto 1135, ya que no cualquier motor puede utilizar este tipo de mezclas”.
Las razones que esgrime el Gobierno son que “la escasez de reservas de petróleo en Colombia hace que el Estado considere apremiante y de interés social, público y de conveniencia nacional, aplicar medidas tendientes a que los vehículos y demás artefactos a motor que utilicen combustibles para su funcionamiento, se fabriquen y adapten de manera que flexibilicen su operación con biocombustibles, es decir que tengan motores Flex-fuel”.
Asimismo, el decreto señala que “a partir del 1 de enero del año 2012 los vehículos automotores hasta 2000 cm3 de cilindrada que se fabriquen, ensamblen, importen, distribuyan y comercialicen en el país y que requieran para su funcionamiento gasolinas, deberán estar acondicionados para que sus motores funcionen con sistema Flex-fuel (E85), es decir, que puedan funcionar normalmente utilizando indistintamente gasolinas básicas o mezclas compuestas por gasolina básica de origen fósil con al menos 85 por ciento de alcohol carburante”.
Para el analista y catedrático Ramiro Becerra, la decisión del Gobierno no deja de ser paradójica cuando ningún país ha podido desarrollar la tecnología para que los motores puedan aguantar el tamaño de la mezcla. “Yo creo que ese es un falso positivo del Gobierno. Si Colombia ha sido uno de los últimos países en adoptar el uso de la mezcla del 10 por ciento de etanol con gasolina hace cinco años, cuando en Brasil se utiliza hace 30 años, no se entiende que ahora sea el abanderado en desarrollar una mezcla del 85 por ciento de etanol y 15 por ciento de gasolina. Eso es incomprensible”, sostuvo Becerra.
Por su parte, el presidente de Fedispetrol, Álvaro Younes, afirmó que las estaciones de gasolina no están preparadas para atender este mercado. Dijo que se hace imperativo realizar cambios en los tanques de almacenamiento para efectuar las mezclas correspondientes. Agregó que esto requiere de millonarias inversiones que los empresarios del sector no están dispuestos a llevar a cabo.
La Cámara de Comercio de Cúcuta está invitando a las micro y pequeñas empresas de la región para que utilicen la Línea de Crédito Especial Cámara de Comercio de Cúcuta - Bancoldex, la cual ésta entidad logró recientemente mediante convenio con Bancoldex y cuyo cupo disponible es de $1.000 millones de pesos.
Esta Línea de Crédito Especial Cámara de Comercio de Cúcuta – Bancoldex, ya está disponible en los siguientes bancos de la ciudad: Davivienda, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Agrario, Banco Popular y Financiera Compartir .
BENEFICIARIOS: Personas naturales o jurídicas de micros y pequeñas empresas que se desempeñen de todos los sectores económicos a excepción del agropecuario.
MUNICIPIOS: Cúcuta, Arboledas, Bucarasica, Chinácota, Durania, El Zulia, Gramalote, Herrán, Los Patios, Lourdes, Puerto Santander, Ragonvalia, Salazar, San Cayetano, Santiago, Sardinata, Tibú y Villa del Rosario.
FORMALIDAD: Matrícula mercantil vigente en la Cámara de Comercio de Cúcuta.
DESTINO DE LOS RECURSOS
Capital de trabajo: Materia prima, insumos, inventarios y demás gastos operativos y de funcionamiento.
Activos Fijos: Compra o arrendamiento (leasing) de bienes inmuebles, maquinaria, equipo y-o vehículo vinculados a la actividad económica, adecuaciones o mejoras de instalaciones y locales comerciales y demás activos fijos.
Capitalización: Financiar nuevos aportes de capital para las empresas beneficiarias.
MONTO MÁXIMO DE CRÉDITO POR EMPRESA:
Microempresa: Hasta cinco millones de pesos ($5.000.000).
Pequeña Empresa: Hasta diez millones de pesos ($ 10.000.000).
Plazo del Crédito: Hasta 3 años incluidos hasta 6 meses de gracia.
Amortización: Mensual o trimestral.
Pago de intereses: Libremente negociable entre el empresario y el intermediario financiero.
Mientras la Asociación de Camioneros asegura que ya están inmovilizados 150 mil vehículos, el Gobierno registra tan solo 30 mil.
Con contradicciones y sin ningún avance continúa el paro nacional de transportadores de carga, que en su cuarto día de inmovilizaciones no ha logrado convocar el 100 por ciento de sus afiliados, ni tampoco llamar la atención del Gobierno, pero ya empieza a afectar las exportaciones de productos como el carbón.
Ayer, mientras la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, hacía cuentas de 150 mil afiliados en cese de actividades, el Comandante de la Policía de Carreteras, general Luis Alberto Moore, declaró que la jornada de paro había transcurrido sin ningún tipo de alteración en las vías del país y con una movilidad superior a los 70 mil vehículos de carga.
Sobre el tema, el presidente de la ACC, Jorge Ignacio García, dijo a EL NUEVO SIGLO, que las cifras presentadas por la Policía de Carreteras están tratando de ensombrecer el paro, pero reiteró que por la indiferencia del Gobierno iniciarán las marchas por las principales vías del país.
“Estamos coordinando con las seccionales de la ACC de todo el país para hacer oficial dónde vamos a hacer las marchas, que van a ser de una manera pacífica” dijo García.
Sin embargo, el General Moore reiteró que “hemos estado haciendo una revisión de los lugares donde tendríamos presencia de vehículos pero hasta ahora ha sido una situación que, si hay paro, es de normalidad, no hubo traumatismos, ni bloqueos, la situación es de normalidad”.
Por su parte, los exportadores de carbón del centro del país advirtieron que sus envíos se podrían ver paralizados de prolongarse el paro que adelantan los camioneros en el país.
El director de la Federación Nacional de Productores de Carbón, Fenalcarbón, Alfonso Escobar, explicó que la situación es muy crítica para el sector, pues a la caída de los precios internacionales de este mineral, se le suma la escasez de su transporte como consecuencia del paro que adelantan los transportadores de carga.
El dirigente gremial hizo un llamado al Gobierno y a los camioneros a buscar el diálogo y la concertación para evitar una catástrofe en la economía colombiana.
Alimentos
En las centrales de abastecimiento de alimentos de Cali, Bogotá y Medellín hasta ayer se registraba normalidad en la llegada de camiones. Sobre el tema el ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego explicó que mientras no inicien los bloqueos la provisión de alimentos en las ciudades transcurrirá con normalidad.
“En la medida en que no haya bloqueos o hechos vandálicos, no habrá desabastecimiento", puntualizó.
Aunque los trabajadores colombianos ven el actual régimen de pensiones como la mejor alternativa para asegurar el futuro, el sistema debe cambiar si quiere ganar fortaleza y solidez.
Mejorar la cobertura, ampliar el acceso para que las personas puedan obtener mejores pensiones y fortalecer el sector solidario, son algunos de los retos que deberá enfrentar el régimen de pensiones en Colombia con el fin de asegurar su sostenibilidad y solidez a mediano plazo, según los analistas.
Este es el gran desafío que tiene el Gobierno, a pesar de que durante los 15 años que lleva en desarrollo este nuevo modelo pensional, los avances han sido notorios.
Según la analista económica del BBVA, Juanita Téllez, esta situación “demanda una estrategia conjunta entre el sector público y privado para focalizar los esfuerzos sobre la población de menores ingresos y generar los incentivos que permitan, paulatinamente, integrar a nuevos cotizantes a los sistemas de pensiones”.
Por su parte los expertos del Banco de la República señalan que “teniendo en cuenta la función social que cumplen las pensiones como generador de los ingresos necesarios para el retiro, debe asegurarse que el sistema sea capaz de cumplir con los beneficios sociales que ofrece. Es claro que en los planes de contribución definida es el trabajador quien asume el riesgo en caso de que no se cumplan las metas”.
Añaden los especialistas que la existencia de normas mediante las cuales el Gobierno garantiza al menos una parte de la mesada del trabajador en la etapa de retiro, sugiere que deben promoverse reglas que minimicen la posibilidad de que el Estado termine financiando dichos programas.
Eliminar condiciones
Para Juanita Téllez, Colombia deberá ampliar el acceso a mejores pensiones eliminando aspectos como la asociación existente entre pensión mínima y salario mínimo, aumentos en la edad de jubilación, así como reducciones en las tasas de reemplazo y la estructuración de un portafolio para la etapa pasiva del cotizante. “Adicionalmente, el componente solidario debería fortalecerse a través de la implementación de incentivos adecuados”, dijo la economista de BBVA.
En 1993, el país reformó integralmente su sistema pensional dándole paso a un sistema dual, donde el sistema de ahorro individual convive con el sistema público tradicional. Sin embargo, el sistema ha tenido reformas importantes en 2003 y 2005 que han buscado reducir el impacto fiscal del componente pensional.
Los avances han sido significativos en estos quince años pero existen temas que vale la pena revisar en esta etapa. Los sistemas pensionales son dinámicos y las reformas a los mismos se dan regularmente. Chile, Perú y México están implementando reformas del tipo acá propuestas en búsqueda de la solidez y sostenibilidad de sus sistemas.
“Pese a la juventud del actual sistema pensional colombiano, que se reformó a partir de 1993, es importante considerar la posibilidad de implementar algunos ajustes que permitan la sostenibilidad del sistema en el mediano plazo”, señalo Juanita Téllez.
Para el banco español es claro que el desarrollo de un sistema integral de pensiones ha tenido y tendrá efectos importantes sobre el desempeño macroeconómico del país, por eso las mejoras en la cobertura dependen de factores que van más allá del sistema y tienen sus raíces en temas relacionados con la informalidad laboral y empresarial, temas que trata el libro que será lanzado hoy Confianza en el futuro. Propuestas para un mejor sistema de pensiones en Colombia.
Debido a la crisis económica que está golpeando con fuerza al país, las familias están recurriendo a utilizar una mayor parte de sus ingresos para cubrir deudas con los bancos y otras entidades financieras. Así lo destaca un estudio del Banco de la República, al revelar que esta situación, unida al desempleo que ya está afectando a muchos hogares, ha hecho perder capacidad de pago de las familias.
“Lo que está pasando claramente es que con la crisis y al cambiar las perspectivas de la economía, las familias que recurrieron a los créditos en la época del desenfreno del consumo que se registró entre el 2006 y el 2008, hoy están sacrificando una gran parte de sus ingresos en cubrir como sea las deudas financieras, incluso quitándole recursos a otros rubros como alimentos, educación o vivienda”, aseguró el analista Bernardo Ramírez.
Sin duda esta situación está agravando la economía colombiana. Según el Emisor, el salario mínimo real tenía el año pasado una pérdida del 2 por ciento, confirmando la descolgada del poder adquisitivo del salario desde el 2000.
Otro resultado del informe sobre la estabilidad financiera de los colombianos es que ante las menores entradas de recursos, los hogares que no pueden cumplir con sus obligaciones se están demorando cada vez más en el pago de sus créditos.
La combinación de la desaceleración de la demanda y la disminución en la actividad del sector real puede conducir a una contracción de la oferta crediticia.
Según los resultados a diciembre de la encuesta sobre la situación del crédito en Colombia del Banco de la República, los bancos comerciales manifestaron que esperaban una restricción en la oferta crediticia y un aumento en las exigencias para otorgar crédito, especialmente en las carteras de consumo y comercial.
El menor dinamismo del sistema financiero durante 2008 estuvo acompañado de un incremento en los riesgos potenciales y de la materialización de algunos: en el caso del riesgo de crédito, el incremento en la cartera vencida evidencia la materialización del mismo, a la vez que la aceleración de la riesgosa aumenta el peligro potencial para 2009.
El crecimiento acelerado de los créditos desde 2006 permitió la entrada de deudores más riesgosos al sistema financiero, especialmente en la modalidad de consumo, aumentando el índice de calidad de cartera y el de morosidad. En el caso particular de la cartera comercial, la reducción en el ritmo de crecimiento de la economía explica el mal comportamiento de su calidad a finales de 2008.
Lo que preocupa a los intermediarios del mercado es que esta situación de las familias puede agravarse debido a que los expertos creen que la economía caerá más a lo largo de este año, de no suceder nada extraordinario y de complicarse el desempleo en el país.
La falta de interés del Ministerio de Transporte en atender las peticiones de los transportadores está alargando el cese de actividades.
La falta de interés del Gobierno para atender el pliego de peticiones, obligará a los transportadores de carga a decretar medidas más drásticas, como el bloqueo de vías y carreteras. Así lo advirtieron ayer los dirigentes del paro, que ya llevan dos días con los vehículos guardados a la espera de un acuerdo.
El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, Jorge Ignacio García, explicó a EL NUEVO SIGLO que hasta el momento el Gobierno no ha mostrado algún interés de negociar sus peticiones, por lo cual mantendrán las inmovilizaciones hasta que logren algún acuerdo. García advirtió que, de no encontrar algún interés de negociación por parte del Gobierno, podrían iniciar con los bloqueos.
Ayer, los propietarios de 150 mil camiones, que representan algo más del 90 por ciento del transporte de carga en el país, se sumaron al paro nacional indefinido que lidera la ACC, que busca presionar al Gobierno para que adopte medidas que incrementen la rentabilidad del sector.
“El compromiso de paro es de todos los asociados, aunque el paro inicialmente se convocó para el martes 21 a las cero horas, hoy con la vinculación de 20 mil vehículos más, el 100 por ciento de los afiliados estarán vinculados a este cese de actividades que será indefinido”, dijo García.
Por su parte, el ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego reiteró que la protesta es ilegítima y señaló no tener un reporte de la cantidad de camioneros que paró, aunque sí de normalidad en los centros de comercialización de alimentos.
Gallego también concedió un permiso especial y transitorio para que los vehículos clase campero, camionetas doble cabina y escalera (chivas) de servicio público vinculadas a empresas habilitadas para el servicio de transporte mixto; las volquetas de servicio público y los vehículos de servicio particular y oficial clase tractocamión, camiones, volquetas, camionetas, camperos, puedan transportar productos agrícolas y pecuarios de las zonas rurales a los centros de abastecimiento o viceversa y otros tipos de mercancías por el término que dure la inmovilización de equipos de carga.
En el país funcionan unas 2.200 empresas de carga que mueven anualmente unas 115 millones de toneladas de alimentos y mercancías, según datos de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Por su parte, el director de Tránsito y Transporte de la Policía, general Luis Alberto Moore, afirmó que todos los hombres de la institución están dispuestos para evitar desórdenes durante el paro y para garantizar que los transportadores que quieran trabajar lo puedan hacer.
Otras reclamaciones
La ACC también exige el cumplimento de acuerdos que permitieron levantar en agosto pasado una huelga de 16 días con pérdidas por 170 millones de dólares.
García recordó que el pacto incluyó aspectos como el “cumplimiento de la tabla de fletes (tarifas) por parte de las empresas, congelar el parque automotor, agilizar la chatarrización y alivios financieros para quienes tienen créditos en mora”.
Al respecto, el ministro Gallego aseguró que el Gobierno ha dado respuesta a esos reclamos, destacando sanciones a compañías que pagan tarifas inferiores, la refinanciación de deudas por 795.000 millones de pesos (341 millones de dólares) y un plan que sacará del mercado unos 2.500 camiones viejos.
Los últimos resultados negativos de la producción industrial y del comercio, con caídas por encima del 10 por ciento, prevén que la economía colombiana ya está en una recesión. A pesar de esas claras evidencias, el Gobierno y algunos sectores se resisten a aceptarlo, esperando los resultados del primer semestre de este año.
Sin duda la idea de que Colombia tenía una economía blindada contra los efectos de la crisis financiera internacional, fue tan equivocada como la de la quiebra de los emergentes. En relativamente poco tiempo, la teoría de que Colombia no sufriría plenamente los problemas de una recesión mundial, quedó sin piso por cuenta de algo que no se puede rebatir: las cifras.
Los últimos datos publicados por el DANE soportan la percepción de que Colombia no sólo está siendo afectada por la crisis externa, sino que ya es un hecho la recesión en el país, entendida como dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo (algunos creen que serían más de dos trimestres). Esta situación no se presentaba desde 1999, cuando el Producto Interno Bruto, PIB, se contrajo un 7 por ciento.
Por ejemplo, los resultados a febrero de la producción industrial fueron negativos con una caída de -12.8 por ciento, lo que significa que ya hay un decrecimiento de este sector por 7 meses consecutivos y con cifras negativas en 10 de los 12 últimos meses.
Esto sugiere que la desaceleración y la recesión económica es algo que no apareció de la noche a la mañana, y que igualmente su recuperación no sería cuestión de corto plazo. Por tal razón, este sector puede ubicarse por debajo del crecimiento de cero por más de dos trimestres.
De acuerdo a los analistas de gananciaóptima, en términos trimestrales (con los datos registrados hasta ahora), el crecimiento del sector para el primer trimestre del 2009 se ubica en -11.75 por ciento. Lo que significa que para el trimestre tenga un crecimiento de cero en industria, el crecimiento de marzo debería ser superior al 20 por ciento, lo que claramente es imposible con las condiciones actuales.
Para el sector comercio, la situación es similar. El crecimiento para febrero fue de -4.10 por ciento, después del -4.50 por ciento de enero. Este rubro de la actividad económica ya registra meses consecutivos de indicadores negativos y en 9 de los 12 últimos meses ha habido decrecimiento.
En términos anualizados el crecimiento del sector para el primer trimestre se ubica en -4.30 por ciento, lo que implica que para obtener un valor de cero en el mismo periodo de tiempo, el crecimiento debería ser mayor a 8 por ciento en marzo, lo que es prácticamente imposible.
Sostienen los analistas, de otro lado, que “las cifras históricas de manufactura y comercio muestran algo curioso: dado que estos sectores son líderes y a la vez explican cerca del 30 por ciento del PIB por el lado de la oferta, no se entiende cómo entidades oficiales y algunas entidades privadas muestran su sorpresa por la cifra negativa del cuarto trimestre del 2008 y por la recesión en la que ya está envuelta la economía del país. Tampoco entendemos cómo se creía que la economía estaba blindada dado que estos sectores han decrecido por más de 7 meses seguidos. Es un hecho que ya estamos en recesión”.
Ahora, la pregunta pertinente es ¿qué puede pasar finalmente en el primer trimestre del año? Claro está, teniendo en cuenta que aún falta la publicación de datos para marzo; pero ya contamos con los datos de los dos primeros meses que nos dan una estimación de la tendencia.
Sin duda, el trimestre será de crecimiento negativo, que sumado al -0.7 por ciento del último trimestre del 2008, implica que técnicamente la recesión sería confirmada hasta finales de mayo cuando publiquen los datos del primer trimestre, por parte del DANE.
Pero es claro que los agentes financieros se anticipan a esta situación, que ya está siendo descontada desde hace tres meses por el mercado de bonos local.
“Creemos que este panorama es imposible de cambiar y que ni el programa de choque del Gobierno, ni la ejecución de obras ni un nuevo recorte de tasas del Banco de la República, van a hacer que este escenario cambie”, opinan los expertos.
El primer trimestre
Los expertos creen que en el primer trimestre de este año se puede esperar un crecimiento de –1.9 por ciento explicado por:
-Una caída de la manufactura del 11 por ciento
-Una caída del comercio de 4 por ciento
-Un crecimiento del sector financiero de 4 por ciento
-Un crecimiento del sector agropecuario de 1 por ciento
-Un crecimiento del sector de recursos naturales de 0.0 por ciento
-Una caída del sector de edificaciones de 10 por ciento
Las anteriores cifras son consideradas pertenecientes a un escenario neutral (no optimista, ni pesimista).
Lo que se espera
En cuanto a la implicación de estas cifras, hay que considerar:
-Un aumento en la tasa de desempleo.
-Un mayor deterioro de los índices de cartera vencida en el sector financiero.
-Una presión bajista sobre la inflación.
-Una continuación de la política monetaria expansiva por parte del Banco de la República que podría llevar la tasa de intervención en el mediano plazo al 5 por ciento (desde el 7 por ciento actual).
-En cuanto a las implicaciones sobre los activos financieros, los analistas piensan que en el mercado local de bonos se presentará un mayor empinamiento de las curvas (por una caída de la parte corta de la curva que sería mayor a la de la parte larga), y menores valorizaciones en el mercado de renta variable local.
Los transportadores calificaron la medida como una humillación y le pidieron al Ministerio de Transporte empezar las negociaciones de verdad.
El anuncio del Gobierno de reducir 400 pesos el valor del galón de gasolina y del diesel a partir del primero de mayo, no convenció al gremio transportador, que no desistió en su cese de actividades, ni a los analistas, que consideran que dicha rebaja debió haber sido de por lo menos 600 pesos.
El anuncio fue hecho en la Casa de Nariño por el presidente Álvaro Uribe, luego de que los principales gremios camioneros iniciaran un paro a media marcha desde la noche del lunes.
Durante su discurso, Uribe insistió en que “socialmente es más urgente subsidiar tarifas a los sectores populares, que combustibles a vehículos”, por lo cual decidió bajar a partir del primero de mayo de este año en 400 pesos el precio de la gasolina y el Acpm.
“Esto implica que la gasolina tendrá que subsidiar parcialmente al diesel, porque al rebajar 400 pesos por galón, la gasolina tiene que apoyar al diésel con 120 pesos por galón”, dijo Uribe.
Sobre el tema, el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, Jorge García González, dijo a EL NUEVO SIGLO que el paro de transportadores de carga seguirá adelante y consideró como una humillación el anuncio que hizo el presidente Álvaro Uribe en la rebaja en el precio de los combustibles.
“No queremos titulares, sino soluciones de fondo para el sector, nos siguen violando nuestros derechos en el pago de unos fletes justos, la regulación en la importación de vehículos y la correcta ejecución de los programas de chatarrización”, dijo García.
A su vez el senador Hugo Serrano consideró dicha medida como insuficiente, pues la reducción debió haber sido de por lo menos 600 pesos. “Finalmente el Gobierno se dio cuenta de que había que bajar los precios de la gasolina y del Acpm, pues existe una presión muy grande de parte de los gremios, la academia, los consumidores y del pueblo en general. Pero esa cifra esa reducción es insuficiente”, señaló.
Al referirse al anuncio del Gobierno, según el cual ahora tendrá que subsidiar parcialmente al diesel porque al bajar 400 pesos por galón, la gasolina tendrá que apoyar al diesel con 120 pesos, el senador Serrano Gómez afirmó que “a mí no me gusta que la gasolina subsidie el Acpm porque eso no es conveniente para el país.
Son dos cosas diferentes. El Acpm es de uso industrial y eso lo hace diferente a la gasolina. La gasolina tiene que bajar mínimo 600 pesos más, teniendo en cuenta que el precio del petróleo va a la baja”.
Insistió en que el Gobierno no puede seguir sacándole plata al bolsillo de los colombianos con el sobreprecio que se paga por el alto costo de los combustibles.
“Hoy, los colombianos consumimos tres millones de galones de gasolina al día. Si como lo indican los estudios, el Gobierno, de acuerdo a los actuales precios del petróleo, bajara la gasolina en 1.200 pesos por galón, nos ahorraríamos al año 1.3 billones de pesos. Si esa plata adicional estuviera en el bolsillo de los colombianos, mejoraríamos nuestra capacidad de compra y sería un aliciente para activar la demanda de bienes y mejorar el consumo en la canasta familiar”, afirmó Serrano.
Por su parte, el contralor Julio César Turbay se mostró complacido por el anuncio de bajar 400 pesos el galón de gasolina, y lo calificó como el inicio de la nivelación del precio internacional con el precio interno.
“Todavía se mantiene un sobreprecio, pero el alivio generado por el anuncio presidencial tendrá sin duda una repercusión significativa”, dijo Turbay en Leticia, donde participa en el Encuentro Nacional de Contralores sobre “Control Fiscal, Recurso Hídrico y Biodiversidad”.
Inmovilizados cerca de 60.000 vehículos de pasajeros, transporte urbano, taxis, y más de 170.000 de carga en todo el país, según los gremios.
Sin importar su duración y con el respaldo de 70.000 pequeños transportadores, los camioneros iniciaron anoche un cese de actividades que busca, entre otros, que el Gobierno elimine el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que vigile el pago de fletes de las empresas y que agilice su proceso de chatarrización.
El presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, Jorge García González, explicó a EL NUEVO SIGLO que son trece puntos los que el Gobierno no les ha cumplido y que entrarán a negociar a partir de hoy.
“Primero que todo, exigiremos que se elimine el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, pues dicho sobrecosto representa para el sector 1.3 billones de pesos anuales; igualmente pediremos que vigile el pago de fletes, que imponga la tan añorada planilla electrónica, desarrolle una adecuada logística para la ejecución del programa de chatarrización y finalmente la creación de una bolsa camionera que elimine la intermediación de las empresas para la contratación de los generadores de carga con los camioneros”, dijo García.
Por su parte, la Asociación de Pequeños Transportadores (Apetrans), gremio que apoya las inmovilizaciones, explicó que el 40 por ciento de lo que gana en un día el dueño de un vehículo se va en costo de combustible, lo cual consideran indebido. Su presidente Alfonso Pérez explicó que a los 170 mil camiones en paro, se suman 70.000 vehículos de pasajeros, transporte urbano y taxis.
De la misma forma el presidente de Colfecar, Jaime Sorzano, cuyo gremio no participa en las inmovilizaciones, apoyó la decisión del sector de pedirle al Gobierno reducir el precio a los combustibles, afirmó que el galón del diesel no debería superar en la actualidad los 5.335 pesos cuando, en la práctica se viene pagando 6.249 pesos por galón, es decir 914 pesos por encima.
“Dicho sobrecosto representa para el sector 1.3 billones de pesos anuales, pues en Colombia se consumen 4 millones de galones de ACPM por día. El alivio en el precio de los combustibles es razonable desde todo punto de vista, no sólo compatible con la disminución de los precios internacionales, sino como una buena medida anticíclica en el actual momento económico, lo cual aliviaría el bolsillo del consumidor en beneficio de la reactivación de la demanda” dijo Sorzano.
En agosto, la ACC convocó a un paro que duró 16 días y dejó pérdidas de al menos 170 millones de dólares.
De acuerdo con Pérez, en Bogotá 16.000 propietarios de buses de transporte público y 42.000 taxistas se declaran en paro, pero habrá que sumarle los de ciudades como Cali, Bucaramanga, Pasto, Barranquilla y Cartagena, con las cuales se calcula el parqueo de más de 100.000 vehículos.
De otro lado el dirigente gremial hizo énfasis nuevamente en la revisión de la carga impositiva que afecta el precio de los combustibles, cerca al 22 por ciento en el caso del ACPM y representada en el impuesto global, el impuesto del valor agregado y la sobretasa a los combustibles, lo cual representa una carga muy apreciable para el consumidor en contra de la racionalidad deseada.
Como efecto de las menores compras de vehículos y productos químicos procedentes de Estados Unidos, en febrero de este año las importaciones de Colombia cayeron 17,9 por ciento. Este resultado demuestra que al caer la demanda interna de productos, las empresas, y especialmente los concesionarios, ensambladoras y las industrias en general, no están comprando materia prima para sostener su producción.
En el segundo mes del año, las compras externas del país pasaron de 3.079 millones de dólares a 2.577,2 millones de dólares. Solamente en el rubro de vehículos y sus partes, las compras cayeron 39,3 por ciento del total, según el último reporte del DANE.
Ante estos resultados sorprendentes, los analistas del sector consideran que de continuar este comportamiento, las importaciones podrían caer considerablemente, sobre todo en la llegada de bienes suntuarios y durables, así como en productos que resultan básicos para la construcción de infraestructura.
Para el analista y catedrático de la Universidad Nacional Jorge Rodríguez, este comportamiento demuestra con claridad que la situación económica del país no es un caso aislado ni está alejado de lo que ya ocurre con otros sectores como el de las exportaciones, la industria, el automotor y la construcción.
“Poco a poco se van descubriendo las consecuencias de la crisis económica que está arrastrando a todas las actividades, unas más que otras. Con las menores compras de maquinaria, de vehículos y sus partes, así como los productos que constituyen la materia prima para muchas empresas industriales, la situación va a empeorar, ya que, por un lado, no hay interés con realizar mayores compras, y de otro lado, el precio del dólar no está ayudando mucho. Esto complica las cosas, ya que todo se encarece”, sostuvo el experto.
Según capítulos de arancel de aduanas, la disminución total de las importaciones se sustentó en las menores compras de vehículos y sus partes, con una variación negativa de 33,6 por ciento, al pasar de 623,8 millones de dólares en los dos primeros meses de 2008, a 414,1 millones de dólares en el mismo período de 2009.
El origen
Por países de origen, y de acuerdo con su contribución a la variación total de las importaciones, la disminución más importante se presentó en los productos originarios de Estados Unidos, al pasar de 1.864,9 millones de dólares durante los dos primeros meses de 2008, a 1.664,6 millones dólares en igual período de 2009, y contribuir con -3,3 puntos porcentuales. Esta contracción se explica principalmente por las menores compras externas de cereales (-76,2 por ciento) y productos químicos orgánicos (-55,0 por ciento).
Por su parte, la disminución registrada en las importaciones de Venezuela corresponde principalmente a fundición, hierro y acero (-78,3 por ciento) y productos químicos orgánicos (-94,4 por ciento). Así mismo, se presentó disminución en las importaciones originarias de México (-23,8 por ciento), Francia (52,1 por ciento) y China (8,2 por ciento).
“Esto confirma que ya algunos países como Venezuela comienzan a ceder en sus ventas, especialmente en rubros como fundiciones, hierro y acero. También es un factor que les debe preocupar, porque la crisis del comercio exterior se está viendo en todos los países, no solo en los que compran, sino los que venden”, manifiesta Rodríguez.
Asimismo, las compras colombianas realizadas a los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN - Ecuador, Perú y Bolivia) disminuyeron 13,9 por ciento, al pasar de 271,2 millones de dólares a 233,6 millones de dólares. Las compras externas originarias de Perú disminuyeron 17,4 por ciento, las de Bolivia 38,2 por ciento y las de Ecuador 2,4 por ciento.
Las importaciones provenientes de la Comunidad Andina participaron con el 4,4 por ciento del total de las compras externas realizadas por Colombia en el período de análisis.
De acuerdo al último informe dado a conocer por el DANE, durante el primer bimestre de 2009 las importaciones de calderas, máquinas y partes se ubicaron en el primer renglón de las compras realizadas por Colombia, al participar con el 17,6 por ciento. Estas importaciones fueron originarias principalmente de Estados Unidos y en menor proporción de China e Italia.
Las importaciones originarias de Italia registraron incremento del 123,0 por ciento al pasar de 33,7 millones de dólares a 75,2 millones de dólares, con un aporte de 4,5 puntos porcentuales a la variación.
A la media noche de hoy inicia el paro de transporte ya anunciado desde hace varios días por la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC). Según la Asociación, cerca de 170 mil camiones dejarán de transitar indefinidamente por todo el país.
El paro fue convocado desde el 12 de este mes por Jorge García González, presidente de la Asociación de Camioneros, debido a la negativa del Gobierno de bajar el precio de los combustibles, lo que provoca pérdidas por 20 millones de pesos a cada transportador, dijo el dirigente gremial.
“Hay países que no tienen combustibles, que no tienen un solo barril de crudo, y allí es más barato que en Colombia. Es una injusticia lo que están cometiendo con el gremio”, sostuvo Castillo para argumentar el llamado al cese de actividades de los camioneros.
De igual manera, García Castillo había hecho referencia a otras inconformidades del sector, como la formalización de una línea de crédito, el control sobre el pago de fletes que deben realizar las empresas, el programa en firme de chatarrización y el decreto que congela el parque automotor por parte del Ministerio de Transporte, incumplidos, según García González, por el Gobierno.
Según cifras de la agremiación nacional de camioneros, en el 2007 se movilizaron 125 millones de toneladas, mientras que en el 2008, 110 millones.
Por su parte, la Asociación de Camioneros de Santander ayer había anunciado que se unía al paro, con un cese de actividades del 90 por ciento.
De igual manera, el pasado 16 de abril la Asociación de Transportadores de Boyacá había anunciado que se sumaría al paro.
Sin embargo, a pesar de que algunos gremios del transporte apoyados por las centrales obreras anunciaron que irán a paro el próximo martes, otros sectores aseguraron que no participarían.
El presidente de la Asociación de Industriales del Transporte Terrestre (Aditt), Yesid Rodríguez, había asegurado que en este momento de crisis no es viable tomarse las vías de hecho, por lo que se descartó que el transporte intermunicipal de pasajeros entrara en paro.
Así mismo, como lo había anunciado el presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Jaime Sorzano, ese gremio tampoco apoyará dicha iniciativa, por considerar que un cese de actividades sería perjudicial para la economía del país.
Aunque Colombia está a tiempo de revertir su crecimiento negativo, las medidas anunciadas por el Gobierno no son de choque.
La recesión ya es una realidad para la economía colombiana, como consecuencia de la nube de humo que creó el Gobierno al asegurar que el país se encontraba blindado frente a la crisis financiera internacional. Así lo explicó a EL NUEVO SIGLO la presidenta de la Sociedad Colombiana de Economistas (SCE), Lilia Beatriz Sánchez.
De acuerdo con la economista, el Gobierno subestimó la crisis y lo podría estar haciendo aún de no tomar decisiones radicales para enfrentar la desaceleración de la economía, pues las disposiciones anunciadas hasta ahora no han sido verdaderas medidas de choque.
“El país está a tiempo de revertir esta situación, sin embargo, el Gobierno deberá anunciar medidas de fondo y tomar en serio la actual crisis económica, pues debió prever hace mucho tiempo que un país no está blindado en un mundo globalizado, más aun cuando dependemos tanto de inversión extranjera, remesas y exportaciones”, dijo la presidenta de la SCE.
Para la dirigente, una de las razones por las cuales el Gobierno no logró prever que la economía entraba en recesión pudo haber sido porque administra su economía por una gran mayoría de políticos y no de economistas.
“Considero que ha llegado la hora de que los economistas se vuelvan políticos y los políticos economistas, pues urge que se tomen medidas monetarias y fiscales, pues existen incongruencias en el tema impositivo donde, por ejemplo, las pymes pagan unos parafiscales muy costosos que finalmente las terminan quebrando y el Gobierno no tiene en cuente que las pymes son unas grandes generadoras de empleo”, dijo Sánchez.
Otro factor que está afectando a la economía nacional es la coyuntura que atraviesa el comercio binacional de Colombia con Ecuador y Venezuela. Sobre el tema, la dirigente consideró que es fundamental identificar y entender los elementos de orden geo-político y socioeconómico que se constituyen en las principales trabas a la integración económica y comercial de los países.
Comercio
“Es relevante aclarar que Venezuela es el principal comprador de nuestras manufacturas en el presente, puesto que cerca de un 82 por ciento de nuestras exportaciones a Venezuela son manufacturas, mientras que el restante es de productos básicos. Otra incuestionable realidad es que solo el comercio con Venezuela genera más de un millón de empleos directos e indirectos en Colombia. Además, el comercio colombo-venezolano es altamente complementario”, agregó la presidenta de la SCE.
Ante este escenario, la Sociedad Colombiana de Economistas emprendió la tarea de capacitar e informar a la comunidad empresarial y académica colombiana en temas de coyuntura, a partir de una serie de foros denominados Foros Siglo XXI: Análisis y Prospectiva, que buscan aportar la visión experta y elementos de análisis económico, desde un enfoque pluralista, necesarios en épocas complejas como la actual.
“Ante este difícil escenario es necesario entender los factores de la crisis regional y mundial, a fin de identificar los factores críticos de cada escenario (internacional y regional) para introducir correctivos”, dijo Sánchez.
Subsectores como confecciones, vehículos automotores, autopartes y otros equipos de transporte, registraron fuertes descensos.
La desaceleración que la industria trae desde mediados del año anterior, continuó en los primeros meses del 2009 y va rumbo al despeñadero. Así lo demuestran los resultados presentados en el primer bimestre en el que la producción y las ventas tuvieron caídas superiores al -7 por ciento.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que lidera la ANDI, en el primer bimestre de 2009, comparado con el mismo período del 2008, la producción disminuyó -7.6 por ciento, las ventas totales -7.4 por ciento y, dentro de estas, las ventas hacia el mercado interno cayeron -4.7 por ciento.
Por sectores las mayores caídas en producción o ventas fueron jalonadas en gran mayoría por las actividades manufactureras. En algunos subsectores esta reducción en producción y ventas supera el -15 por ciento. Es el caso de confecciones -24.7 por ciento, sustancias químicas -21.1 por ciento, caucho -18,1 por ciento, minerales no metálicos -18.7 por ciento, electrodomésticos -22.0 por ciento, vehículos automotores -17.7 por ciento, autopartes -29.6 por ciento, y otros equipos de transporte -22.5 por ciento.
Con respecto al indicador de la utilización de la capacidad instalada, en febrero se situó en 73.4 por ciento, más de cinco puntos inferior al nivel observado en el mismo mes de 2008 (78.6 por ciento) y por debajo del promedio histórico de la EOIC (76.5 por ciento).
En opinión de los empresarios, la moderación en la demanda por productos manufacturados: los pedidos son calificados como altos o normales por el 64.4 por ciento de la producción industrial, mientras que los inventarios son calificados como altos por 27.8 por ciento de la producción. Hace un año estos indicadores eran de 81.8 por ciento y 17.4 por ciento, respectivamente.
El ambiente de incertidumbre se resume en los indicadores de clima de los negocios de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. En este sentido, el porcentaje de empresarios que califica su situación como buena se redujo de 66.7 por ciento en febrero de 2008, a 43.7 por ciento en febrero de 2009 y las mejores expectativas para el inmediato futuro son reportadas por alrededor de cuarta parte de los empresarios (23.7 por ciento), frente a 36.0 por ciento hace un año.
Obstáculos
Los principales obstáculos que perciben los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: baja demanda, costo y suministro de materias primas, rotación de cartera, tipo de cambio, alta competencia en el mercado, falta de capital de trabajo, contrabando y competencia desleal, bajos márgenes de rentabilidad y problemas de orden público.
Los problemas de demanda y de cartera están estrechamente asociados con la reducción en ventas de los últimos meses. De hecho, el problema de demanda que perdió importancia en los años recientes, volvió a incrementarse a partir del tercer trimestre de 2008 y actualmente es nuevamente el principal problema de la actividad manufacturera.
A la pregunta que adicionó la ANDI sobre la situación de la industria colombiana en los mercados venezolano y ecuatoriano, el 64.5 por ciento de las empresas que exportan a Venezuela, tienen algún tipo de problema y en el caso de Ecuador, el 36.1 por ciento. En las relaciones comerciales con Venezuela, los principales problemas en el comercio son, la aprobación de divisas por parte del CADIVI, las dificultades en la cartera y los generados por la serie de distintos controles administrativos impuestos por el país vecino.
Por su parte, en Ecuador los problemas más importantes están relacionados con las salvaguardias y aumentos de aranceles, los controles administrativos al comercio, la fijación de cuotas de importación y la disminución en la demanda.
Si nada extraño sucede entre los sectores que más presionan el costo de vida, este año se cumplirá la meta de inflación prevista por el Banco de la República. Así lo estiman los principales analistas, sobre todo los del sistema financiero, que están optimistas ante los resultados que hasta ahora han obtenido en lo corrido del año. Por ejemplo, ante la última cifra del Índice de Precios al Consumidor, IPC, alcanzada en marzo de 0,50 por ciento, los expertos del Bancolombia han reducido sus expectativas de inflación para este año en 4,83 por ciento, cuando en el año completo el indicador señala 6,14 por ciento.
Indican los especialistas que su tendencia a la baja es reservada debido a que algunos de los riesgos al alza se mantienen por el repunte de la tasa de cambio, y los anuncios de que la temporada invernal puede tener una fuerte intensidad este año, lo que presionaría los precios de los alimentos.
No obstante, las revisiones a la baja en el crecimiento señalan una fuerte caída en la demanda, lo que podría más que compensar las presiones al alza y en este sentido, los riesgos parecen estar relativamente balanceados, una vez primen los efectos de la desaceleración del crecimiento sobre los factores temporales al alza del repunte en la tasa de cambio.
El concepto del analista Bernardo Ramírez es que “todas las señales que muestra la economía hasta ahora es que la inflación va a continuar cayendo porque no hay elementos que permitan cambiar la tendencia, así los precios de los alimentos presenten una variación por culpa de escasez”.
Sin embargo, una señal en la confianza de que la inflación va a seguir bajando, son las decisiones del Banco de la República al continuar reduciendo las tasas de interés en un intento desesperado por recuperar el consumo de los colombianos.
No en vano, desde diciembre del año pasado, la Junta Directiva del Emisor ha recortado en 4 ocasiones la tasa de referencia, con lo que acumula 300 puntos básicos desde el 10 por ciento en que se encontraba la tasa repo a principios de diciembre de 2008.
Estos recortes son resultado del fuerte cambio que ha registrado la actividad económica en Colombia y el cambio en la postura de política monetaria que han tomado los directivos de la institución.
Esto confirma que al interior del Banco Central el balance de riesgos continúa sesgado hacia la posibilidad de un deterioro mayor al anticipado en el crecimiento, y en menor medida, sobre la inflación.
Desde ya los analistas del Grupo Bancolombia asumen que en la próxima reunión de la Junta Directiva para finales de abril, habrá un recorte adicional de 100 puntos básicos en la tasa de referencia, para luego entrar en un periodo de espera, para confirmar los efectos de las medidas tomadas hasta el momento, y el balance de riesgos sobre la inflación.
El Gobierno aceptó que, por los altos costos de los vuelos nacionales, los colombianos se están movilizando por carreteras.
Como consecuencia de las altas tarifas que tienen los vuelos nacionales, la demanda del tráfico aéreo se redujo 4,8 por ciento durante el primer bimestre del año, mientras que el flujo internacional creció 1,1 por ciento, reveló el viceministro de Turismo Óscar Rueda.
De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el primer bimestre de 2008 en Colombia se movilizaron por tráfico aéreo 1.473.181 personas, mientras que este año dicha cifra llegó a 1.401.890, registrando una caída del 4.8 por ciento.
“Las tarifas de los vuelos nacionales están afectando su tráfico, pues mientras es mucho más económico viajar al exterior la oferta nacional algunas veces dobla su costo”, dijo el Viceministro.
Por su parte, durante la Semana Santa la movilidad en las carreteras aumentó 14,7 por ciento, con 4.249.438 vehículos, 546.998 más que en 2008. Los departamentos con mayor movilidad fueron Cundinamarca con 922.854 vehículos, Antioquia con 508.278, Tolima con 388.667 y Meta con 299.726 vehículos.
“Puede decirse que el comportamiento de las carreteras durante la Semana Santa refleja la falta de interés por los vuelos nacionales. Ahora que el Gobierno da un primer paso y detecta este fenómeno, muy seguramente entrará a analizar qué medidas tomar para poder aliviar estos costos”, explicó Rueda.
El Ministro de Turismo reiteró que muy seguramente los vuelos nacionales se están encareciendo porque a las líneas nacionales les está saliendo muy costoso importar los repuestos y comprar el combustible en Colombia.
“Es un tema de competitividad que nos exige tomar medidas, pues si a las aerolíneas les esta saliendo más costoso tanquear o importar sus repuestos, entraremos a tomar medidas aduaneras para aliviar dichos costos”, agregó el Viceministro Rueda.
El Gobierno busca aliviar las tarifas para aprovechar el buen momento por el cual atraviesa el turismo nacional, que, contrario a lo que sucede en otros países, durante el primer trimestre del año registró un aumento de llegada de turistas del 7,5 por ciento.
“Acabamos el trimestre con la llegada de 318.632 extranjeros, esto es un crecimiento del 7,5 por ciento, pues el año pasado recibimos 296.487. Este crecimiento es muy significativo pues es superior a la media mundial, lo que representa el buen trabajo que desarrolla el sector”, agregó Rueda.
Oferta
Sobre la inconformidad que ha provocado en el sector la renta de apartamentos y viviendas para fines turísticos, el Viceministro anunció que en quince días el Gobierno presentará un Decreto que les exigirá a los propietarios de dichos inmuebles inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, para que cumplan con los requisitos del sector, pues “es un fenómeno que está afectando al sector, por eso queremos que entren a la formalidad”.
Una vez más el gremio financiero del país le pidió al Gobierno quitar tributos para agilizar un mayor desempeño de la economía.
Los banqueros del país le pidieron al Gobierno eliminar de forma gradual el impuesto del cuatro por mil y el desmonte del impuesto de renta. Aunque desde hace tiempo el gremio financiero ha insistido en la desaparición del tributo a las transacciones que realizan los colombianos ante los bancos, es la primera vez que van más allá y solicitan quitar el impuesto de retención a la fuente.
Así lo solicitó la presidente de la Asociación Bancaria, Asobancaria, María Mercedes Cuellar durante la instalación del primer congreso sobre sistemas e instrumentos de pago que realiza la agremiación en Cartagena con la participación de las autoridades económicas y de regulación.
A juicio de la dirigente, tanto el cuatro por mil como el impuesto de renta son dos elementos que desestimulan la bancarización de más colombianos y dificultan el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
Señala Cuellar que los esfuerzos realizados para aumentar la bancarización (en 2008 el 56 por ciento de la población tenía acceso a algún producto financiero, mientras que en el 2002 solo el 39 por ciento lo tenía) y la amplia cobertura geográfica que se ha alcanzado con los corresponsales no bancarios, que ya están en el 93 por ciento de los municipios del país, se anulan por políticas que estimulan el uso del efectivo como medio de pago.
En Colombia, dijo, el efectivo pasó de representar alrededor del 50 por ciento del valor de las cuentas corrientes a principios de los noventa, a superar el 100 por ciento en 2008, volviendo a los niveles registrados en los primeros años de la década de los cuarenta.
En consecuencia, los banqueros sugieren una vez más el desmonte del cuatro por mil pero de manera gradual, con lo cual no se afectan las finanzas del Estado.
La propuesta consiste en que en el primer año el porcentaje pase del cuatro al dos por mil, y en el segundo sea eliminado. De esta forma los menores ingresos podrían ser compensados con ingresos fiscales originados en otros instrumentos de pago.
La formalización
Sostiene la Asobancaria que la retención en la fuente, por su parte, si bien fomenta el recaudo fiscal, limita el proceso de formalización de la economía y el uso de los sistemas electrónicos.
“Pretender que una microempresa o un establecimiento comercial en aras de la formalización pasen de no tributar, a pagar impuestos como el IVA, la renta y el ICA, no se compadece con la realidad del país”, subrayó María Mercedes Cuellar.
Para la presidente del gremio financiero, el haber establecido retenciones en la fuente vinculadas a los sistemas de pago, sin tener esquemas progresivos de formalización de los agentes económicos y de simplificación de las liquidaciones, estimula el uso del efectivo y entorpece la adopción de nuevos esquemas de pago como las tarjetas plásticas o la banca móvil.
Por ello sugirió evaluar la eliminación de la retención en la fuente vinculada a los sistemas de pago o, por lo menos, diseñar mecanismos de transición tributaria realistas para estimular la formalización de la economía y reducir el uso del efectivo.
De otro lado, los banqueros propusieron que sea el Banco de la República la entidad que vigile el conjunto de los sistemas de pagos y sus innovaciones en estas áreas, inclusive aquellas introducidas por agentes no financieros, teniendo en cuenta su posible impacto sobre los agregados monetarios, la velocidad de circulación del dinero y la política monetaria.
Para los banqueros, los sistemas de pago en el país están integrados por un mosaico de entidades financieras y no financieras que fragmenta el mercado e impide que el supervisor financiero, el Banco Central, e inclusive el Gobierno, tengan una visión de conjunto de los mismos.
“El hecho de que no exista unidad regulatoria ni de supervisión, da lugar a arbitrajes normativos o riesgos no cuantificados en estas transacciones, en particular cuando no se dispone de información acerca de volúmenes procesados o de reglas de acceso y funcionamiento. Inclusive, para ciertas operaciones, además, existen captadores u operadores ilegales de giros nacionales como lo reconoce el mismo Estado”, explicó Cuellar.
Según los administradores de las casas bancarias, el Banco de la República, como agente neutral, podría contribuir a encontrar el justo equilibrio entre normas prudenciales, que protejan la estabilidad de los mercados y los recursos de los usuarios.
De igual manera, los banqueros consideran que el Banco de la República ya cumplió eficientemente su papel como operador en los sistemas de bajo valor y que existe una amplia gama de servicios privados seguros y eficientes, por lo cual sugieren que sea evaluada la posibilidad de desmontar las operaciones del Cenit y del Depósito Central de Valores del Emisor.
Según la encuesta mensual que adelanta Fenalco, sólo el 25 por ciento de los entrevistados reportó unas mayores ventas en marzo frente al mismo periodo de 2008, en tanto que para el 31 por ciento las ventas fueron inferiores.
El balance negativo que registró el comercio en materia de ventas durante el primer trimestre del año, podría prolongarse hasta junio como consecuencia de la prolongada crisis por la cual atraviesa el sector automotor, que lastima fuertemente la economía nacional.
El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Guillermo Botero, explicó a EL NUEVO SIGLO que mientras macrosectores de la economía como el automotor sigan en crisis, el comercio seguirá resentido.
“Que el sector automotor entrara en crisis jalonó consigo muchos sectores del comercio como repuestos, llantas, lubricantes, cauchos y muchos otros que finalmente mueven al comercio del país”, dijo.
Según el reporte de los empresarios en la encuesta mensual que adelanta Fenalco, sólo el 25 por ciento de los entrevistados reportó unas mayores ventas en marzo frente al mismo periodo de 2008, en tanto que para el 31 por ciento las ventas fueron inferiores. Para Fenalco, aunque el balance fue negativo, habría sido menos malo que enero y febrero.
“En algo ayudó que en este año la Semana Santa cayera en abril, mientras que en 2008 fue en marzo y el lunes de Pascua fue festivo, lo que afectó muchas actividades mercantiles. De hecho, en marzo del año anterior la variación porcentual de las ventas, según el Dane, fue negativa”, explica la agremiación.
De acuerdo con el dirigente gremial el desplome se presentó por la fuerte caída en venta de vehículos, licores y cigarrillos y alimentos en grandes superficies, pero destacó el buen comportamiento de la comercialización de productos como cosméticos, computadores, artículos de oficina, calzado y cuero y papelería.
“Hay que destacar que mientras las ventas de alimentos y bebidas se contraen, la facturación de equipos de informática para el hogar marcó crecimientos similares a los del ultimo trimestre de 2008 cuando registró un crecimiento del 22,7 por ciento”, dijo Botero.
El gremio destacó que les llama la atención que cada vez mayor número de comerciantes de varias ciudades señalan la congestión vehicular y el mal estado de las vías como unos de los causantes de la pésima coyuntura mercantil.
“Esta queja es manifiesta para el comercio bogotano, prácticamente sin excepción, a lo que se añade el problema del pico y placa extendido” agregó.
El anuncio hecho por el Gobierno de ayudar al sector automotor y el de electrodomésticos, con créditos blandos, no ha tenido los efectos esperados.
Todo indica que el programa que el Gobierno implementó para darle liquidez al mercado y reactivar el consumo, no está dando los resultados esperados, por lo menos en el corto plazo. Así se desprende de los síntomas negativos que siguen mostrando la industria y el comercio, principalmente el de bienes durables.
La última medida anunciada por la Casa de Nariño comprendía la adopción de un cupo de crédito por 500.000 millones de pesos para levantar al sector automotor, dividido en dos partidas de 250.000 millones cada uno.
La primera pretendía incentivar la compra de vehículos de gama baja y pick up de producción nacional, proporcionando liquidez a los intermediarios financieros con una tasa de redescuento suave. El segundo cupo incentivaría la demanda de productos del sector de electrodomésticos de producción nacional. En este caso, los bancos colocan los créditos, haciendo uso de una tasa de redescuento igual a la de primer cupo, pero los beneficiarios son las mipymes (créditos hasta 2.000 millones de pesos) y las grandes empresas (créditos hasta 7.000 millones de pesos) del sector.
Los créditos a las mipymes podrían acceder a las garantías del Fondo Nacional de Garantías.
Con semejante ayuda, se creyó que inmediatamente los consumidores iban a acceder a estas facilidades de créditos, teniendo en cuenta la reducción de las tasas de interés y la caída de la inflación. Pero la situación sigue igual.
De acuerdo a expertos del mercado como Rodrigo Mendoza, “esas ayudas pueden ser útiles y atractivas cuando la economía tiene ciclos tradicionales de caídas con momentos coyunturales idóneos, pero en este momento, cuando el desempleo está afectando la población y la crisis internacional ya está haciendo de las suyas en todos los sectores, no tienen la receptividad que espera el Gobierno”.
En este mismo sentido, los analistas de Fedesarrollo se preguntan si la medida es oportuna y si es el remedio adecuado, dada la enfermedad, “si la metodología para escoger los sectores a intervenir es la más apropiada, y si el programa recién anunciado es consistente con otros lineamientos de política pública”.
Caída industrial
Señala la institución que la desaceleración del sector manufacturero que inició en mayo de 2008, se ha profundizado de manera importante. En enero de 2009 la producción industrial decreció 10,7 por ciento y el empleo del sector cayó 6 por ciento con respecto al mismo mes de 2008.
“Si bien la caída es bastante generalizada, la desaceleración de la demanda doméstica y externa observada en los dos sectores objeto de los cupos de redescuento parecieran justificar una intervención contracíclica focalizada.
En efecto, en los últimos doce meses, entre febrero de 2008 y enero de 2009, la producción real manufacturera se contrajo el 4,8 por ciento, y ello es explicado de manera importante por la contracción de la industria de vehículos automotores.
Después de mostrar una dinámica exportadora sin precedentes, con crecimientos anuales en dólares, de 233 por ciento en el 2004 y de 52 por ciento en 2007, durante el 2008 las ventas externas cayeron 52 por ciento y las domésticas 13 por ciento en promedio entre enero de 2008 y febrero de 2009.
Estos indicadores estarían mostrando la necesidad de una reactivación de la demanda doméstica. La demanda externa, particularmente la de Venezuela, no tiene una buena perspectiva y, de cualquier manera, está completamente por fuera de la influencia de la política pública colombiana.
A pesar de que la justificación de la intervención es evidente, es factible que la misma, por problemas de oportunidad, no tenga el efecto esperado. En 2008 las tasas de interés eran muy elevadas y las de crédito de consumo se ubicaban en 25.5 por ciento.
Los analistas consideran que “no fueron tenidas en cuenta ni las señales de los mercados ni las expectativas de los agentes económicos”.
Pero por otra parte, los investigadores económicos señalan la falta de coherencia del programa de ayudas para incrementar la demanda de automóviles de baja gama, con el esfuerzo que el Gobierno Nacional ha mostrado en cofinanciar los sistemas de transporte masivo en las principales ciudades del país, ni con el mantenimiento de altos precios de la gasolina para alimentar el Fondo de Estabilidad de los Precios de los Combustibles, FEPC, ni con la intención, plasmada en el proyecto de reforma tributaria territorial, de aumentar los impuestos de rodamiento.
En el balance consolidado del año pasado, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central, GNC, fue de 2,3 por ciento del Producto Interno Bruto, PIB, es decir 11 billones de pesos. Aunque el Ejecutivo continuó gastando más de lo que percibe de ingresos, ahora lo hace en menor cuantía que un año antes. Sin embargo, este déficit se ha convertido en una camisa de fuerza, que le impide al Gobierno agrandar ese hueco para impulsar la reactivación de la economía, como lo señalan algunos expertos.
